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Tomado de agencia Andes andes.info.ec

Quito.- El 55,1% de los casos de abuso y violación a los derechos humanos ocurridos en el Ecuador, entre 1984 y 2008 corresponden al período presidencial de León Febres Cordero (1984-1988). Así señala el informe “Sin verdad no hay justicia” elaborado por la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno de Rafael Correa para investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos.

Según el documento, en este perìodo los detenidos eran sometidos a torturas psicológicas como amenazas de muerte o se mostraban fotos de compañeros, amigos, familiares, etc. contra quienes podría perpetrarse alguna acción.

Durante ese período presidencial se efectuaron 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados, 9 desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual, de acuerdo con el documento presentado este lunes en un acto celebrado en el Centro Cultural Ichimbia, en el centro de la capital.

“El régimen de Febres Cordero ancló, con especial voluntad política y emulando experiencias regionales, la aplicación indiscriminada de procedimientos de fuerza, aspectos que son ampliamente desarrollados en el capítulo denominado Contexto de este informe20, por lo que no cabe realizar mayor mención en este apartado”, puntualiza.

El informe también señala que durante la presidencia de Rodrigo Borja se presentaron el 8,5% de casos, en la actual administración, el 7,6% y, en los otros gobiernos, menos del 5% cada uno. Aclara, sin embargo, que “no existen factores que permitan considerar al conjunto de casos mencionados como vinculados con políticas establecidas por un determinado gobierno ni con una política de Estado que haya conducido a esos resultados como si es evidente en el Gobierno de León Febres Cordero”,

El documento, entregado este lunes al presidente de la República, Rafael Correa, determina la existencia de 831 violaciones a los Derechos Humanos en Ecuador y 456 víctimas que constan en los 118 casos investigados.

De estos casos se desprenden presuntas responsabilidades de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, y detención arbitraria; en contra de 458 autoridades principalmente policiales, aunque también constan militares y funcionarios civiles.

En cerca de 2.500 páginas y cinco tomos, el informe detalla cada uno de los casos investigados y a los presuntos responsables. Así, por ejemplo, detalla el caso de Pedro Villacís Pozo, miembro de la agrupación ‘Alfaro Vive Carajo’ y ejecutado por Marcelo Espinosa Cobo, en la Concordia, en 1989. (Al menos 76 víctimas se reconocen como miembros de Alvaro Vive Carajo).

Entre los que aparecen involucrados en varios casos están Hólguer Santana Mantilla, ex jefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía, con 14 hechos de violencia; Édgar Vaca Vinueza, ex jefe del SIC de Pichincha y la Unidad de Investigaciones Anti-insurgencia de la Policía, en 10 casos; Luis Robles Plaza, ex ministro de Gobierno,con 7 casos; y Jaime Nevárez Espinoza, ex intendente de Pichincha también con 7 casos; entre otros.

Cada caso está sustentado en más de 600 testimonios de víctimas de abusos o sus familiares, en versiones de los acusados (que acudieron para presentar pruebas de descargo) y, en documentos de las entidades de seguridad como la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), del Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.

De ahí que entre las recomendaciones de la Comisión se establece mantener la investigación, seguimiento, juzgamiento y sanción de los responsables de estos crímenes.

“ Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos tienen el derecho de obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, así como a la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables, como parte del derecho a un recurso judicial efectivo”, concluye el informe.

El documento será remitido a la Fiscalía General del Estado para continuar con el respectivo proceso.

La Comisión de la Verdad del Ecuador se creó, mediante decreto Ejecutivo suscrito el 3 de mayo de 2007, como resultado de un proceso histórico impulsado por diversas organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de éstas durante más de veinte años y con la misión de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos” (art. 1º)”

El organismo  estuvo integrado por Julio César Trujillo, Luis Alberto Luna Tobar, Elsie Monge Yoder y Pedro Restrepo Bermúdez y por un Comité de Soporte conformado por familiares de las víctimas: Mireya Cárdenas, Clara Merino y Francisco Acosta, Ramiro Avila Santamaría, y un delegado del ministro de Gobierno que, inicialmente, fue Julio César Quiñónez hasta octubre de 2008, Iván Granda hasta febrero de 2009 y Gabriela Espinoza hasta la finalización del informe. GCM