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La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Guatemala, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), expresan su profunda preocupación frente a la renuncia del Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Sr. Carlos Castresana.

Esta renuncia se produce tras el reciente nombramiento del nuevo Fiscal General de la República de Guatemala, el Sr. Conrado Reyes, quien lejos de demostrar un compromiso a favor de la justicia, mostró por el contrario, mediante sus primeras acciones, una voluntad de frenar el proceso de lucha contra la impunidad. En efecto, empezó por desmantelar el equipo profesional de la unidad especial de la CICIG de la Fiscalía que había producido resultados en la lucha contra la impunidad, la « única acción que se había pedido que de ninguna manera ocurriese » según el Sr. Castresana y por anunciar el archivo precipitado del expediente contra el ex fiscal de delitos contra la vida, Álvaro Matus Flores.

Al referirse al nuevo fiscal, el Sr. Castresana denunció que « en el escasísimo tiempo que ha estado al frente de la institución ha demostrado compromiso con organizaciones ilícitas y no compromiso con el estado de derecho ni con los intereses generales de los guatemaltecos. Su nombramiento es consecuencia de un pacto entre despachos abogados adoptistas y abogados que defienden a narcotraficantes ». El Comisionado, al igual que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), ya había advertido acerca de las graves irregularidades que marcaron el proceso de selección del nuevo Fiscal, en particular por su falta de transparencia.

El Sr. Castresana señaló asimismo, el intento – exitoso – del crimen organizado de recuperar los espacios perdidos y de descreditar a la CICIG, a través de ataques contra su persona. Denunció también graves amenazas en su contra, en particular desde la detención, en febrero de este año, del ex Presidente Alfonso Portillo.

Esta situación, en un país que se caracteriza por una impunidad casi total (el 98% de los crímenes), es sumamente grave y puede conducir a que el conjunto de la institucionalidad sea copada por intereses ligados a grupos del crimen organizado.

La FIDH, CALDH y CDHG recuerdan al Estado de Guatemala que, al ratificar con las Naciones Unidas, el 12 de diciembre de 2006, un acuerdo relativo a la creación de la CICIG como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de casos delicados y difíciles, « con la intención de probar el funcionamiento de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y efectuar el desmantelamiento de estos grupos » [1], se comprometió a cooperar con la misma. Al momento el Estado de Guatemala no está cumpliendo, lo cual debe ser rectificado. La FIDH, CALDH y CDHG urgen al Estado de Guatemala a que cumpla con sus compromisos relacionados con la CICIG y hacen un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a los donantes que apoyan económicamente a Guatemala, para que condicionen la cooperación al cumplimiento de las recomendaciones de la CICIG.

La FIDH, CALDH y CDHG instan al Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a destituir de inmediato al recién nombrado Fiscal General, « única manera de salvaguardar la relación de colaboración entre la CICIG y el Ministerio Público » según lo expresó el Sr. Castresana, y a restablecer la unidad especial de la Fiscalía encargada de colaborar con la CICIG. La FIDH, CALDH y CDHG llaman asimismo a la Corte de Constitucionalidad a que invalide el proceso de nombramiento del nuevo fiscal.

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