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La organizaciones que suscribimos, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, considera el tema de la presente Asamblea General, «Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas», de vital importancia para la garantía y respeto de los derechos humanos en el continente.

Por ello, es indispensable que la sociedad civil tenga la oportunidad de participar activamente en la Asamblea y en los demás espacios de debate y toma de decisiones para lograr un mayor compromiso por parte de los Estados de respetar estándares y normas internacionales que aseguren la paz y seguridad de todos y todas.

Oportunidad de participación e incidencia de la Sociedad Civil

En primer lugar, consideramos necesario reiterar la importancia de asegurar una adecuada representación de las organizaciones de la sociedad civil en la Asamblea General y en otros foros de diálogo. En este sentido, manifestamos nuestro más profundo rechazo a cualquier impedimento que puedan ejercer algunos Estados para impedir la participación en la Asamblea General y en la OEA en general de organizaciones de la sociedad civil.

Una participación más transparente requiere, además, que los proyectos de resoluciones y otros documentos relevantes sean compartidos y difundidos con la sociedad civil con suficiente antelación, de modo que la contribución sea efectiva y se refleje en los textos adoptados por la Asamblea.

Adicionalmente hacemos un llamado a los Estados y órganos políticos de la OEA para fortalecer espacios de discusión con la sociedad civil. Para ello, la OEA debe analizar la posibilidad de establecer un foro permanente de sociedad civil desde el que se puedan articular acciones, iniciativas y propuestas de manera constante, y hacer un seguimiento efectivo del cumplimiento de compromisos adoptados en materias de interés para las ciudadanas y ciudadanos de la región.

Compromiso de los Estados con respecto a la Seguridad Ciudadana

Las organizaciones que suscriben constatan que todavía persisten numerosos retos en este tema. Los mismos incluyen situaciones que van desde ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes para hacerlos pasar como combatientes muertos en enfrentamientos, la criminalización y represión de la protesta social, el uso excesivo de la fuerza e inclusive de actos de tortura por parte de las fuerzas del orden, los ataques contra periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, la adopción de leyes de inmigración discriminatorias y atentatorias de derechos, la situación de las personas privadas de libertad, el establecimiento de políticas criminales con énfasis exclusivamente represivo, la militarización de la seguridad interna para enfrentar la criminalidad, la violencia de género y la sistemática violencia contra la mujer en el espacio público y privado (feminicidio, trata, violencia doméstica, sexual, etc.), entre otros.

En este sentido, como medida concreta, es indispensable que en esta Asamblea General los Estados se comprometan a cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Seguridad Ciudadana de 31 de diciembre de 2009.

Algunas de dichas recomendaciones requieren que los Estados asuman el cumplimiento de obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales, que desarrollen acciones y planes específicos en el plano operativo, normativo y preventivo; adecuación de las legislaciones nacionales y el aparato estatal para asegurar la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana; y asegurar los estándares especiales de protección que requieren las personas en especial situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el delito. Los Estados, además, deben establecer en el derecho interno una clara distinción entre las funciones de defensa nacional, a cargo de las fuerzas armadas, y de seguridad ciudadana, a cargo de las fuerzas policiales.

Es imperativo que las políticas sobre seguridad ciudadana implementadas por los Estados contemplen aspectos específicos vinculados a los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización.

Todas las acciones implementadas por los Estados deben estar encaminadas a asegurar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, tanto en lo que se refiere a la lucha contra la violencia y la criminalidad, como en cuando a su prevención.

Protección a las defensoras y defensores de derechos humanos

Las organizaciones firmantes desean expresar su preocupación por la situación de hostigamiento y riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos en varios países de la región.

Al respecto, consideramos necesario reiterar la necesidad de que los Estados implementen políticas públicas de garantía y protección. A estos efectos, la Comisión Interamericana aprobó a fines de 2006, el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas. Reiteramos la necesidad de que los Estados cumplan integralmente con las recomendaciones formuladas por la Comisión en materia de promoción, garantía, respeto y protección, y que se establezca un mecanismo que dé seguimiento a este informe para conocimiento de la sociedad en su conjunto. Adicionalmente, los Estados deben recordar el carácter vinculante de las medidas cautelares y provisionales emitidas por los órganos del Sistema Interamericano, y dar pronto y efectivo cumplimiento a las mismas, ya que han representado históricamente una herramienta clave para proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad personal.

Respecto de la situación de derechos humanos en Honduras

El 28 de junio de 2009 se orquestó el primer golpe de estado del siglo XXI en el continente americano. Durante los siete meses que duró el gobierno de facto presidido por el señor Roberto Micheletti, ocurrieron miles de violaciones de derechos humanos, tal como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estas violaciones incluyen muertes, represión de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, discriminación racial, violencia de género y restricciones a la libertad de expresión y derechos políticos. Muchas de estas violaciones continúan hasta la actualidad y se siguen perpetrando en tanto no existen investigaciones adecuadas ni mecanismos de prevención efectivos.

Asimismo, preocupa a las organizaciones firmantes integrantes de la Coalición las manifestaciones de apoyo de algunos Estados al actual gobierno, sin que se establezcan condiciones que demuestren una voluntad real de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Al respecto, vale recordar que la Asamblea General de la OEA en su resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) del 4 de julio de 2009 encomendó al Secretario General, intensificar «todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración de la democracia y el estado de derecho en la República de Honduras».

Este objetivo no se ha logrado hasta la fecha, es por ello que instamos a la Asamblea General a ratificar esta resolución estableciendo condiciones para el levantamiento de la suspensión al Estado de Honduras. El no hacerlo generaría un precedente lamentable para toda la región.

La organizaciones firmantes consideran que, como mínimo, el Estado hondureño debe cesar todo acto de persecución política contra las personas que han manifestado su oposición al Golpe de Estado; debe reformular la propuesta actual de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales en la materia; debe aceptar las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos desde el golpe de estado del 28 de junio de 2009; debe cumplir con las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y debe dar su anuencia para la instalación en Honduras de una Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho.

Garantía de la Seguridad de las ciudadanas y ciudadanos de Haití

El terremoto en Haití de enero de 2010, ha dejado a su población en una situación de gran vulnerabilidad respecto al goce de sus derechos humanos. Por ello, es indispensable que los Estados cooperen y asistan al Estado haitiano para que éste cumpla con sus obligaciones internacionales de respeto a la integridad personal, a la vida y al goce de los derechos humanos. En este sentido, miles de personas todavía se encuentran viviendo en campos de desplazados sin acceso a servicios básicos y en situación de extrema peligrosidad.

Genera particular preocupación el destino de grupos en situación de especial vulnerabilidad, como niños y niñas, objeto de explotación infantil, mujeres y niñas que han sufrido y siguen siendo objeto de violencia sexual, y la situación de desplazadas y desplazados. Haití, con la ayuda de la comunidad internacional, debe tomar medidas para restablecer medidas de seguridad y volver a poner en funcionamiento su sistema judicial, de modo que puedan prevenirse, investigarse y sancionarse graves violaciones cometidas en perjuicio de su población.

Recurrentemente la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución sobre el fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos,1 reafirmando «el compromiso de los Estados Miembros de continuar fortaleciendo y perfeccionando el sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos». En varios documentos se incluyen compromisos sobre el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos así como la necesidad de dotarlas de un financiamiento adecuado para un eficaz funcionamiento. Sin embargo, los órganos de protección de los derechos humanos siguen funcionando con fondos inadecuados. Y el incumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte y la CIDH continua siendo muchas veces un obstáculo para el alcance pleno de justicia y reparación.

En base a lo expuesto, las organizaciones firmantes integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas exhortamos a los Estados reunidos en el Cuadragésimo Periodo de Sesiones de la Organización de Estados Americanos a prestar atención a las problemáticas señaladas específicamente en esta declaración y a tomar las medidas necesarias en base a las propuestas planteadas en pos de soluciones de paz, seguridad y democracia para los y las habitantes de las Américas.
Lima, Perú, Junio de 2010

– Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
– Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)
– Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH, Perú)
– Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
– Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
– Amnistía Internacional
– Foro de Mujeres del Mercosur, Cap. Argentina y Paraguay
– Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J. (Ecuador)
– Espacio Público (Venezuela)
– Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC, Venezuela)
– Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
– Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (México)
– Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (México)
– Fundación Étnica Integral (República Dominicana)
– Asociación Nacional de Centros (ANC, Perú)
– Instituto de Defensa Legal (IDL, Perú)
– Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS, Perú)
– Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH, Perú)
– Forum Solidaridad (Perú)
– Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA, Venezuela)
– Vicaría de Derechos Humanos del Arzobispado de Caracas (Venezuela)
– C-Libre (Honduras)
– Oficina Jurídica de la Mujer (Bolivia)
– Comisión Ecuménica  de Derechos Humanos (Ecuador)

Adhieren:

– Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Argentina)
– Asociación Abuelas Plaza de Mayo (Argentina)
– Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú)
– Kolectiva de Rebeliones Lésbicas (Perú)
– Consejería de Proyectos (PCS)
– Servicios Educativos Rurales (SER – Perú)
– Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX, Perú)
– Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ, Perú)

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