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Tomado de Ideeleradio

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Secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) desmintió que las ONG sean aliadas del terrorismo.

ONG defendieron a víctimas en juicio contra Abimael

El ministro de Defensa, Rafael Rey, demuestra un total desconocimiento de los hechos en torno a lo que ocurrió en los casos Accomarca y Lucanamarca, pues confundió ambos crímenes en su último artículo de opinión, afirmó Ronald Gamarra Herrera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Fue al precisar que en el Caso Lucanamarca murió un grupo de campesinos por órdenes de Abimael Guzmán, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, mientras que la matanza de Accomarca, efectivos militares pertenecientes al Comando Político Militar de Ayacucho ejecutaron extrajudicialmente a agricultores en la zona denominada LLoccllapampa.

“Así es [estamos hablando de un desconocimiento total de los hechos]. Evidentemente para empezar Abimael Guzmán, el más grande criminal que conoce la historia del Perú no solamente ha sido condenado por esto, ha sido condenado por un conjunto de hechos que evidentemente, entre otros está el tema de Lucanamarca, que como bien dices es Lucanamarca no Accomarca, que por el momento se informe bien el ministro Rey”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Gamarra Herrera desmintió que los Organismos No Gubernamentales (ONG) sean aliados del senderismo, porque siempre han combatido a los terroristas, al punto que los familiares de las víctimas de Lucanamarca, asesinadas por las huestes de Abimael Guzmán, fueron defendidas por las ONG de derechos humanos.

“Otro hecho que oculta el ministro Rey, porque no le conviene, que habría que preguntarles es ¿quiénes fueron los abogados de las víctimas de Lucanamarca? Fueron las Organizaciones de Derechos Humanos. En principio, fue la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh). Eso lo que quiere decir es qué, no hay una persecución contra los militares”, agregó.

Delegación de facultades es peligrosa

Gamarra Herrera indicó, en otro momento, que el hecho de que el Congreso haya permitido al Poder Ejecutivo legislar sobre procesos penales de militares acusados o condenados por violaciones de derechos humanos, es un absoluto peligro.

“Lo que me parece grave es que mientras Rafael Rey mal utilizaba la proclamación del 7 de junio [Día de la Bandera] para exigir la impunidad de militares violadores de derechos humanos, el Congreso aprobó una delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo legisle sobre beneficios y procesos penales a militares acusados o condenados por violaciones a derechos humanos, eso me parece de absoluto peligro”, expresó.

“No niego que haya reformas en la legislación penal para que cada vez se vuelva más objetiva, [para que] todas las personas, militares o no, sean tratadas con respeto y sus casos sean resueltos […] pero que se utilice una delegación de facultades como es esta que ha sido pedida para amnistiar, beneficiar, indebidamente a quienes violaron derechos humanos, eso es impunidad”, aseveró.

Como se recuerda, el pleno del Congreso acordó otorgar facultades al Poder Ejecutivo para legislar, en un plazo de 60 días, sobre diversos aspectos de la justicia militar policial, a fin de adecuarla a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional (TC).

No hay persecución contra militares

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), subrayó que no existe una persecución contra los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Aclaró que en el Ministerio Público, más de mil investigaciones contra militares fueron archivadas, debido a que no se recibieron los informes que se necesitaban para judicializar los casos.

Explicó que sólo 29 casos obtuvieron un proceso penal, de los cuales el 85% fue absuelto. Es decir, hay menos de diez personas condenadas, entre los militares procesados por incurrir en graves delitos de lesa humanidad, el resto que equivale a más de 60 efectivos, están en libertad.

“No hay una persecución penal, al contrario. Lamentablemente hay una mala actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial que no toman en cuenta a las víctimas y más bien se hace eco de campañas que enarbola Rafael Rey. Al respecto quiero decir que Rafael Rey hace muy mal en involucrar a Francisco Bolognesi, que es un héroe sin mancha en todo este tema”, aseveró.

“Yo creo que más que [involucrar a] Bolognesi el referente de Rafael Rey es el repase. Él justifica violación de derechos humanos. [Los militares Julio Salazar Monroe, Adrián Huamán Centeno y Juan Rivero Lazo] son los peores ejemplos que pudo haber invocado el ministro Rey, personas vinculadas al destacamento del Grupo Colina que todos conocemos [por sus crímenes] en los casos Barrios Altos, La Cantuta y de otros más […], no son los mejores ejemplos”, acotó.

Precisó que los militares condenados deshonraron el uniforme y mancharon la bandera de la patria y procedieron a violar mujeres, asesinar niños, a torturar a civiles durante las operaciones antisubversivas.

Gamarra Herrera comentó que la el fallo de los magistrados de la Sala Penal Nacional, que analizaron el Caso Pucará, tuvo resultados contraproducentes a las víctimas, por la presión política del ministro Rafael Rey.

“Yo creo que hay toda una campaña, lo primero es que el mensaje de Rafael Rey era bien claro, señores magistrados absuelvan a todos los militares comprometidos en el Caso Pucará; era un mensaje público, abierto y desembozado […] Evidentemente ahí [en el Caso Pucará] ha habido una cadena de mando con algunos otros militares cuya disposición, participación, resulta más que evidente. Lamentablemente la Sala Penal Nacional muchas veces utiliza criterios que nadie entiende, pero pretende condenar a algunos y absolver a otros”, denunció.

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