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DEFENDER LA JUSTICIA Y EL DERECHO A SABER LA VERDAD

Por: Navi Pillay (*)

Publicado en El Comercio

La sentencia reciente de la CIDH que ordena a Brasil revisar su ley de amnistía representa un hito crucial en la lucha contra la impunidad en una región que todavía tiene que comprender y hacer frente a las atrocidades cometidas durante varios de los conflictos internos en las últimas décadas. Las leyes de amnistía que ignoran intencionalmente los abusos de derechos humanos no solo distorsionan los registros históricos que cada país tiene que formular, sino también minimizan el sufrimiento de las víctimas y merman su derecho a saber la verdad y obtener una reparación.

Los gobiernos suelen justificar su recurrencia a las leyes de amnistía en nombre de una rápida reconciliación, nacional o comunal. La historia muestra, sin embargo, que blindar de la rendición de cuentas a los autores, al tiempo que niega la justicia y la reparación a las víctimas, es probable que provoque nuevos conflictos en lugar de sanar las heridas del pasado. Pero el olvido sigue siendo activa y oportunamente promovido. Esto ocurre a pesar de que, como la CIDH señaló, dejar indefensas a las víctimas y perpetuar la impunidad son actos incompatibles con la Convención Americana sobre DD.HH.

Un caso de ello es el de Brasil, donde el Tribunal Superior de Justicia negó la posibilidad de modificar la ley de amnistía de 1979, afirmando que los crímenes cometidos durante la dictadura no eran sino “actos políticos”. En Chile, la ley de amnistía sigue vigente 32 años después de su promulgación y a pesar del repudio internacional en los fallidos intentos para condenar al ex dictador chileno Pinochet. Es más, la posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos, con motivo del bicentenario en setiembre, se está debatiendo en estos días. En Uruguay, el Gobierno tuvo que intervenir para evitar la promulgación de un proyecto que hubiera permitido la liberación de los autores de violaciones de derechos humanos debido a su vejez.

En Argentina, el país con el mayor número de juicios de derechos humanos en el mundo, los tribunales continúan presidiendo los casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia de 1976-1983. El ex dictador Rafael Videla se encuentra nuevamente ante los tribunales por los abusos cometidos en esa época.

Las amnistías que entierran la verdad y eximen a los responsables de crímenes del pasado pueden socavar la perspectiva de construir sociedades justas y seguras en el futuro. La posición de la ONU no puede ser más clara: no son admisibles si evitan el juicio de personas que puedan ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos que se dirigen específicamente a las mujeres, así como delitos relacionados con el género. Por otra parte, la amnistía no debe incidir en el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación, ni pueden limitar el derecho de las víctimas y las sociedades de conocer la verdad sobre la violación de los derechos humanos y el derecho humanitario.

[*] Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

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