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La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, condena la muerte del adolescente Henry Benítez Huaman, de 14 años de edad quien murió por impacto de proyectil en el tórax durante la protesta de pobladores en defensa del gas en Kiteni, Quillabamba, ocurrido el 04 de agosto pasado y exige que los responsables sean sancionados.

APRODEH denuncia que esta muerte se suma a la de otra menor, la niña Angélica Santiago Rufino (9 meses) quien murió ahogada en circunstancias de que su madre la protegía de los gases lacrimógenas que la Policía disparó contra un Centro Hospitalario en Ucayali durante una protesta.

Con la muerte de Henry, ya suman 47 los civiles que han perdido la vida en situaciones de protesta sociales, participando o no en ellas, por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, en lo que va del  segundo gobierno de Alan García. Todos estos casos están en total impunidad.

Francisco Soberón, director de APRODEH afirma “Esta situación expresa que en el país  se está vulnerando gravemente el Derecho a la vida, derecho  inherente a la persona humana, lo que no ayuda a la solución pacífica de los conflictos sociales”.

APRODEH  le recuerda a las autoridades que el derecho a la vida es un derecho fundamental reconocido por el artº 2 de la Constitución Política del Estado; el artº, 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que el Perú está en la obligación de respetar.

Condenamos que la Policía Nacional no proceda bajo el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, y respete los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad  que rigen el uso de la fuerza que ejercen contra civiles desarmados, en el cumplimiento de la ley, durante las protestas sociales y que están en la obligación de cumplir.

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