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A raíz de los conflictos sociales que atraviesan en estos días el sur del país, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa:

Que, desde el mes de mayo y junio del presente año, en la Región Cusco se vienen produciendo una serie de demandas hacia el gobierno central, centradas en cuestionar la ejecución de proyectos como: Inambari, Majes Siguas II, Salcca Pucara, Gas de Camisea, así como en las concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos y minería, y la exigencia de que el Gas favorezca al sur del Perú.

La mayoría de estos proyectos se desarrollan en sectores pobres, comunidades campesinas, quechuas, aymaras o nativas, donde la información es escasa. Por tanto, es necesario que el Estado garantice los derechos de estas poblaciones a ser consultados previamente, así como a brindar información oportuna sobre las ventajas o desventajas que generaría su ejecución, para que en base a ello decidan libremente.

Que, en tal sentido, el Gobierno debe saber escuchar y dialogar con las poblaciones afectadas por estos proyectos y evitar de esa forma hechos lamentables, como los ocurridos el día de ayer, con el saldo de 17 personas heridas.
Nuevamente pedimos al gobierno evitar el uso indiscriminado de la fuerza, así como tomar medidas que busquen el diálogo con la población, y no generen situaciones que hagan más tensa dicha posibilidad.

Exhortamos al Gobierno Peruano a evitar daños mayores con una mayor voluntad de diálogo y no imponiendo acciones represivas, e invocamos a la población a desarrollar sus demandas en el marco de la legalidad existente. Hacemos un llamado a ambas partes para que desarrollen un diálogo franco y respetuoso, aceptando de ser necesario el rol mediador en el conflicto que importantes autoridades religiosas han ofrecido.