Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Entidad inglesa promueve la democracia y los derechos humanos desde hace 20 años.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa a la opinión pública su más rotundo rechazo a las declaraciones vertidas por la candidata a la alcaldía de Lima Lourdes Flores Nano, repetidas por miembros de su partido político, que  califican  a la organización Peru Support Group – PSG como un “grupo de apoyo a Sendero Luminoso”.

Desde hace más de 20 años, el PSG mantiene una labor de promoción de la democracia y los derechos humanos en el Perú, convocando para ello a reconocidos intelectuales y académicos. Queremos recordar que PSG ha tenido varios enfrentamientos públicos contra Sendero Luminoso, de cara a la opinión pública inglesa, por lo que resultan muy injustas estas acusaciones.

Invocamos a la candidata Lourdes Flores y a los miembros de su partido  a rectificarse  públicamente de las afirmaciones vertidas, que tienen carácter difamatorio para con una organización de prestigio internacional y que ha buscado contribuir en la vigencia de los derechos humanos y la democracia en el Perú.

Datos:

•    El analista Martín Tanaka refiere que Perú Support Group coeditó junto al Instituto de Estudios Peruanos IEP el documento Minería y desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco.

•    Asimismo, Tanaka resalta: “…uno de los miembros asociados del PSG es Rosemary Thorp, eminente peruanista de la Universidad de Oxford, y Doctora Honoris Causa de la PUCP, de diciembre de 2008. El discurso de orden de la ceremonia estuvo a cargo de Javier Iguíñiz, quien resaltó sus méritos académicos y señaló además, refiriéndose al PSG: “Para terminar con sus principales afiliaciones institucionales, somos testigos de un compromiso institucional menos formal que los anteriores, pero muy significativo para nosotros porque revela su permanente cariño por el Perú. En el Reino Unido, el Grupo de Apoyo al Perú (Peru Support Group) ha merecido su respaldo continuo desde que se fundó hace un cuarto de siglo. En sus comienzos fue parte del grupo patrocinador que incluía al actual Cardenal Cormac Murphy O’Connor, al antiguo ministro para América Latina, John Battle MP, y al compositor [dramaturgo] Harold Pinter y, de manera póstuma,al escritor Graham Greene… “.  Fuente: Blog Vitù e Fortuna de Martín Tanaka.

Lima, 30 de Septiembre de 2010

Notas relacionadas

Carta de Peru Support Group

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(El Comercio).- Después de muchas dilaciones y complicaciones y tras cuatro largos años de haberse iniciado el juicio oral, el proceso que reúne el caso de la matanza de Barrios Altos, la desaparición de nueve campesinos del Santa y del periodista Pedro Yauri, por fin llegará a su final. La Primera Sala Penal Especial que preside Inés Villa Bonilla anunció ayer que la sentencia será leída mañana viernes 1 de octubre.

Los procesados, entre los que se encuentran varios ex miembros del desarticulado grupo Colina, algunos ex jefes militares y Vladimiro Montesinos, podrían recibir penas de entre 20 y 30 años por los delitos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita.

Ayer, el tribunal, integrado también por Hilda Piedra e Inés Tello, dio por concluidas todas las diligencias tras el alegato final que efectuó el ex agente de inteligencia Wilmer Yarlequé Ordinola, quien pese a las evidencias en su contra se declaró inocente.

PIDEN QUIEBRE DEL PROCESO
Durante la audiencia de ayer en la Base Naval del Callao, la defensa de los acusados intentó una maniobra para evitar la sentencia. El abogado del general (r) Julio Salazar Monroe solicitó a la sala declarar el quiebre del proceso bajo el argumento de que el Tribunal Constitucional había señalado –en la sentencia emitida a favor del ex jefe del SIN– que el Caso Barrios Altos no era complejo, y por lo tanto los plazos entre audiencia y audiencia deberían ser los de un juicio común.

Ese pedido fue respaldado por los abogados de los ex Colina Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingue. Sin embargo, la sala, tras un rápido debate, resolvió declarar improcedente esa solicitud.

Hace un par de semanas varios de los procesados pidieron a la sala el sobreseimiento (archivo) del juicio al amparo del hoy derogado Decreto Legislativo 1097, pero la semana pasada el tribunal también declaró inaplicable esa norma por inconstitucional.

La lectura de sentencia de este juicio oral, iniciado en agosto del 2006, ha sido programada para mañana a las 9.30 a.m. en la Base Naval del Callao.

“Confiamos en que la sanción será ejemplar y que constituya una esperanza para las víctimas que aún esperan justicia en nuestro país”, sostuvo Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas.

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(CR).- En las últimas semanas, el Consejo de Reparaciones (CR) ha remitido varias comunicaciones a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) con información de los beneficiarios de los Programas de reparación económica, en educación y en salud. Estos datos, elaborados considerando el avance actual del Registro Único de Víctimas, permitirá culminar el diseño de los mencionados programas y dar inicio a su implementación.

Reparaciones económicas. El CR dio cuenta de 40,573 beneficiarios de este programa, entre víctimas con discapacidad, personas que sufrieron violación sexual y familiares de fallecidos y desaparecidos durante el período de violencia. De este total, 4,488 personas tienen a la fecha 65 o más años. El 34% de estas personas vive actualmente en Ayacucho, el 18% en Lima y el 10% en Junín.

Reparaciones en educación. En su reporte, el CR informa sobre 35,526 beneficiarios de este programa que se encuentran actualmente vivos. De este total, 5,999 personas tiene entre 18 y 25 años; si se considera hasta los 30 años, la cantidad se incrementa a 13,469 personas. El 30% de los beneficiarios vive en Ayacucho, el 20% en Lima y el 10% en Junín.

Reparaciones en salud. Por otro lado, el CR ha informado sobre 49,939 beneficiarios de este programa, actualmente vivos. 5,886 personas incluidas en este listado son mayores de 65 años. El 30% de los beneficiarios vive en el departamento de Ayacucho, el 16% en Lima, el 14% en Apurímac, y el 11% en Huancavelica.

Ver Oficios:

Reparaciones económicas

Reparaciones en educación

Reparaciones en salud

Mas datos:

Web del CR

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Tras luchar contra la discriminación, obtuvo cargo que ejercerá en el Cusco. Obtuvo el primer lugar en examen entre aspirantes de toda la región

(El Comercio).- Se dice desde siempre que la justicia debe ser ciega. Se sabe, además, que el símbolo de tan anhelada virtud es el de una mujer que porta una balanza equilibrada, pero que también lleva los ojos vendados. Objetividad, imparcialidad y equidad. Metáforas, alegorías e ideas que tienen un significado realmente singular para Edwin Béjar Rojas, un joven abogado cusqueño que hace poco acaba de ser elegido el primer juez invidente en la historia del Perú.

Obtener el cargo de juez supernumerario del distrito judicial del Cusco ha resultado para Béjar una ardua y sacrificada empresa, la misma que se inició a los 17 años cuando perdió totalmente la vista y tuvo que aprender a vivir a punta de retos. La lucha también incluyó estudiar como cualquier estudiante sin discapacidad en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de donde egresó en el 2000 en el primer puesto de su promoción. Asimismo, obtener dos maestrías en Derecho y concluir un doctorado.

Uno de los escollos más grandes que, sin embargo, tuvo que superar para llegar adonde está hoy ha sido el de la discriminación. El año pasado, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le comunicó que había sido excluido del concurso convocado para obtener el cargo de fiscal adjunto provincial de Cusco por ser ciego, ello a pesar de que la Ley de la Carrera Judicial 29277 permite a las personas con discapacidad acceder a la magistratura. Con ayuda de la Defensoría del Pueblo, Béjar llevó el caso a los tribunales y ganó. Se le reconoció el derecho a postular al puesto como cualquier otra persona.

Desafortunadamente, el abogado de 32 años se quedó a dos puntos de conseguir la plaza. La situación no lo amilanó; al contrario, lo conminó a prepararse más para volverlo a intentar. Pero esta vez a otro cargo.

EL PUESTO
“Ser juez supernumerario del distrito judicial del Cusco significa, en palabras sencillas, que administraré justicia en varios fueros: civil, penal, laboral, administrativo y constitucional. Y que lo haré por un espacio de dos años”, explica el abogado respecto de su nueva labor, a la cual accedió a través de un examen tomado en agosto en el ámbito nacional por la Academia de la Magistratura. En la prueba obtuvo el primer lugar absoluto; es decir, no solo entre quienes postulaban a la rama que él eligió, sino también entre los aspirantes a jueces de paz letrados y superiores.

Para esta evaluación, la Corte Superior de Justicia del Cusco no otorgó facilidades al perseverante Béjar. Le reconoció sus derechos como mandan las leyes internacionales y nacionales. Por eso hizo que una persona le leyera las preguntas durante la prueba escrita y que el Colegio de Psicólogos elaborara una prueba especial psicotécnica que no tuviera gráficos y tablas; también que durante la entrevista personal el tema se centrara en el conocimiento de la ley y no en cómo va a hacer para ejercer su trabajo sin poder ver, una cuestión en la que tampoco tiene reparos para contestar.

“Trabajaré con ayuda de la tecnología. Utilizaré un escáner que reproduce en palabras lo que va leyendo de un documento”, detalla Béjar, no sin antes subrayar que discapacidad no es incapacidad. “Solo es cuestión de que nos den oportunidades”, dice. Su labor oficial empieza a mediados de octubre.

Fuente: El Comercio

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El ex ministro Agustín Mantilla viene siendo procesado por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el primer gobierno de Alan García, sobre todo en relación a los crímenes cometidos por el comando paramilitar “Rodrigo Franco”.

Mantilla presentó un habéas corpus señalando que se habían vulnerado sus derechos a la libertad individual y a un debido proceso, pues según él el Fiscal a cargo de la investigación lo habría denunciado inadecuadamente de delitos de lesa humanidad, entre otros argumentos. En primera instancia el Juez Changanaqui Romero le dio la razón.

El día de hoy 29 de septiembre, la 3° Sala Penal de Reos Libres de Lima, presidida por el Juez Superior Alejandro Aguinaga, verá la causa en segunda instancia y en los días siguientes deberá decidir si este pedido de Mantilla es aceptado. De ser así, su caso se archivaría.

Los familiares de las víctimas  son apoyados legalmente por APRODEH, que viene realizando un trabajo esforzado y tenaz. La Dra. Gloria Cano ha presentado los recursos correspondientes para oponerse a este pedido que busca la impunidad.

Con el fin de contribuir a que se haga justicia, el Equipo de Incidencia en Derechos dirigido por el Dr. Ronald Gamarra ha presentado el día de ayer 28 de septiembre un amicus curiae ante la 3° Sala Penal de Reos Libres. Este documento aporta argumentos jurídicos, del derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos dirigidos a ayudar a la Tercera Sala Penal a tomar una decisión que sea armónica con los principios y estándares internacionales de derechos humanos.  (Fuente: Blog Kausa Justa)

Ver amicus curie:

Amicus Agustín Mantilla

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El Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Arequipa CEPRODEH, exige la derogatoria del D. L. 1095 sobre la intervención militar en protestas ciudadanas y que afecta los derechos humanos y la libertad de expresión.

En conferencia de prensa realizada en el Colegio de Obstetras de Arequipa el responsable del área legal  de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Víctor Álvarez Pérez,  dijo que el D.L. 1095 les da un poder excesivo a las FF.AA. para enfrentar a civiles y además permite que puedan ser considerados como “grupo hostil” los manifestantes que se organizan para una protesta.

A su turno el presidente del CEPRODEH Raúl Tamayo Bernedo manifestó que Arequipa estará presente en la recolección de firmas para presentar el recurso de inconstitucionalidad que viene preparando la CNDDHH y otros organismos contra el D.L. 1095.

Asimismo, los abogados voluntarios del CEPRODEH, René García y Antolín Huaynacho, presentaron un amplio informe sobre la denuncia al General Eusebio Félix Murga, presunto responsable de la muerte de 4 mineros artesanales en Chala, el 4 de abril pasado.

En la conferencia de prensa también estuvieron presente los familiares de las víctimas y heridos de Chala y de Espinar, quienes hicieron llegar sus preocupaciones y requerimientos a la CNDDHH.

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El día de hoy, 27 de setiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, todos los gobiernos del continente deben mostrar con acciones concretas su voluntad política hacia el respeto y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas de la región, y despenalizar el aborto con urgencia.

Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.

Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, además de tener constituciones que protegen los derechos de las mujeres, haya tres países, Chile, El Salvador y Nicaragua, que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro.

La prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena a sufrir a mujeres y niñas.

Asimismo, las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo.

Algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. En Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana desde el 2007.

A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple. Las guías para el personal médico con frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza el sistema judicial innecesariamente dejando a mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.

Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas, e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Por lo tanto, cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas.

Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo la despenalización del aborto en todo el continente. En Nicaragua, el único país de la región que recientemente retrocedió en proteger los derechos de mujeres y niñas al penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, en adición a las 31.000 firmas ya enviadas, está entregando hoy 6.000 firmas más, recogidas por miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo al presidente Daniel Ortega, exigiéndole que derogue inmediatamente las leyes introducidas por su gobierno que penalizan el aborto sin excepción.

Amnistía Internacional se une a este llamado regional.

Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud.

“Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Información adicional

Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física, incluyendo protección contra todo tipo de violencia; a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación, conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Los Estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita. Sus acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes están apoyando; en este sentido, los defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente de la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para más información o para concertar entrevistas, contacten a Núria Frigola Torrent: comunicacion@amnistia.org.pe / 241 56 25 / 989 180 327

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Para dar un significado de las reparaciones hay que puntualizar primero en el daño sufrido, vidas destrozadas, para lo cual no hay ninguna cantidad de dinero que lo pueda compensar. Por lo tanto, la reparación no es la mera compensación material sino, un proceso integral que persigue que la sociedad exprese que, efectivamente, siente lo que ocurrió a través de un reconocimiento en forma concreta para dignificar a las víctimas. Entrevista a Cristian Correa, experto en reparaciones del ICTJ. Una nueva edición de Derechos & Humanos vía perunet.tv

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Mediante Resolución ministerial N° 319-2010-PCM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros dispuso la constitución de la Comisión de Alto Nivel “encargada de evaluar las demandas de la población de la Provincia de Espinar en Cusco”.

Con ello, el Gabinete encabezado por el ministro de Educación, José Antonio Chang, espera instituir una plataforma de diálogo con la comunidad cusqueña, que viene protestando contra el Proyecto Majes Siguas II.

El grupo evaluará y viabilizará las demandas cusqueñas, que radican básicamente en la urgencia por garantizar el suministro de agua para Espinar y otras partes de la región.

El ministro de la Producción presidirá el grupo, que completarán el titular de Energía y Minas, los viceministros de Saneamiento y Agricultura, así como el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el de la Oficina de Gestión de Conflicto Sociales de la PCM; los gobiernos regionales de Cusco y Arequipa también podrán designar a sus representantes en el grupo. La comisión se instalará una vez depuestas las medidas de fuerza en Espinar, según la resolución.

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Hay menores heridos en Cusco y detenidos en Aguaytía

Ante el lamentable saldo de cuatro menores de edad heridos durante la represión policial en Espinar, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige y demanda respetar la integridad y salud de los niños y adolescentes que vienen siendo detenidos y en algunos casos heridos de gravedad.

El pasado martes 21, jóvenes voluntarios del Centro de Protección de los Derechos Humanos en Arequipa – CEPRODEH, visitaron el hospital Honorio y Delgado y la Clínica San Juan de Dios, de lo que pudieron rendir el siguiente informe:

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO

1.- KEVIN QUISPE ALCA, de 17 años, 4to. año de secundaria Colegio Sagrado Corazón. Herido de bala en la pelvis. Requiere de medicamentos, como dextrosa, antibióticos y otros.
2.- ANDERSON MACARCO QUISPE, 16 años, 5to. de secundaria Colegio Sagrado Corazón.  Herido de bala con perforación testículo derecho, requiere de medicamentos.
3.- ARTURO ANCO CALLA, 17 años, Colegio Sagrado Corazón. Fue dado de alta.
4.- YOVANA LLACMA ZAMBRANO, 22 años, madre de familia, perforación de bala en el brazo derecho, requiere de medicamentos.
5.- HERIDO DE BALA EN LAS PIERNAS, recién trasladado y cuya identidad aún no se conoce.

CLINICA SAN JUAN DE DIOS

1.- MIGUEL ANGEL SUMAC PAUCARA. 16 años de edad, herido de bala en el estómago, fue operado dos veces y se encuentra grave.

A ellos sumamos los cuatro huérfanos menores de edad que dejó Leoncio Fernández Pacheco  y los hijos de los heridos que según algunas informaciones supera la veintena.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recuerda que según la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por el Estado Peruano en agosto de 1,990, y el Código del Niño y Adolescente, todo niño debe crecer bajo  la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, en una ambiente de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad. Asimismo es deber del Estado cuidar y ofrecer la atención médica y psicológica adecuada a los niños y adolescentes para lograr su pronta recuperación, así como garantizar su acceso a la justicia y reparación por los daños causados.

En el caso de Espinar, demandamos que los menores puedan contar con el acompañamiento de un familiar, en el caso de aquellos que por encontrarse heridos de gravedad sean trasladados fuera de la zona.

Lima, 23 de septiembre de 2010.

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Como es de conocimiento público la provincia de Espinar viene desarrollando una paralización exigiendo se garantice el derecho al agua. Esta paralización ha venido creciendo día tras día, trayendo como consecuencia una muerte y varios heridos.         El día de hoy, 21 de setiembre del 2010, los pobladores espinarences han decidido desplazarse a Cusco y a la provincia de Canchis. La principal vía de acceso a Cusco ha sido ya bloqueada (puente Arturo-Sicuani) y prevemos que este conflicto seguirá agudizándose.

Como organización de derechos humanos y como instancia de la Iglesia Católica-Prelatura de Sicuani, consideramos que el Estado  DEBE en este momento, mostrar la voluntad política de dialogar con la población de Espinar. No queremos más muertos ni heridos. Reiteramos, una vez más, e invocamos a las instancias del Estado, en especial a la Presidencia del Consejo de Ministros que escuche las demandas de la población espinarence y de pronta solución a este conflicto.

Finalmente queremos hacer de conocimiento público que el Juzgado Mixto de Wanchaq, a cargo del Dr. Carlos Ernesto Barcena Vega, ha expedido la resolución Nro. 03, el 17 de setiembre del 2010 en el que de manera clara dispone: “ … ORDENO que PROINVERSION  representado por su Director Ejecutivo JORGE LEON PALLETE NO SUSCRIBA CONTRATO ALGUNO CON EL CONSORCIO ANGOSTURA SIGUAS II ganadora de la licitación para el proyecto Majes Siguas II y se paralice la ejecución de dicho proyecto mientras dure el proceso de amparo instando por el Gobierno Regional Cusco. Para su cumplimiento GIERESE el oficio respectivo adjuntando copia de la presente resolución…”

Vivimos en un estado de derecho en el cual las resoluciones judiciales, deben ser cumplidas por todos.

Sicuani, 21 de setiembre del 2010.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani
Correo: visopsic@derechoshumanos.pe
Direcciòn: Av. Hipolito Unanue 236, 3er piso, Plaza de Armas-Sicuani-Cusco

Nota: El documento completo de la resolución Nro. 03 puede encontrarse en: willanakuycusco.blogspot.com

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La responsabilidad del Gobierno en los sucesos de Espinar

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza y condena la actitud del Gobierno, a través de PROINVERSION,  de no acatar la sentencia expedida por el Juzgado Mixto de Wanchaq que ordenaba suspender la licitación del Proyecto Majes Sihuas II.

El pasado 02 de setiembre, el Procurador del Gobierno Regional de Cusco, Luis Gallegos Inquiltupa,  interpuso una demanda de amparo y un pedido de medida cautelar, contra PROINVERSION, advirtiendo la amenaza de violación de derechos de la población de Espinar, como la vida, la salud, y el medio ambiente, además de una  falta de agua en la cuenca alta del río Apurímac, según estudios técnicos realizados en la zona.

Sin embargo, la entidad gubernamental no sólo ignoró dicha resolución, sino que adelantó la entrega de la buena pro del 15 de setiembre –fecha pactada inicialmente- al 13 de setiembre, de forma injustificada y arbitraria.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exhortamos a PROINVERSION, a rectificarse y acatar la resolución del Poder Judicial, y a respetar el derecho al agua de los pobladores de Espinar, en pro de un verdadero desarrollo. Tal como lo señala la Constitución, en el artículo 118 inciso 19: “Corresponde al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.

Lamentamos el saldo del conflicto en Espinar hasta el momento, de una vida y 19 heridos, y demandamos una pronta solución que no ponga más en riesgo la integridad de los pobladores, a través de un diálogo pacífico y sostenido, que garantice el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.

Datos:
Según refiere el Procurador Gallegos Inquiltupa, el día 10 de setiembre pasado, el Presidente del Gobierno Regional de Cusco, envió por fax al Presidente del Consejo de Ministros la Resolución Nº 03 en el expediente Nº 00370-2010-0-1001-JM-CI-01, en la que concede la medida consistente en la suspensión de la licitación del proyecto Majes Siguas II convocada por PROINVERSION, que no fue acatada por la entidad estatal.

El pasado  17 de setiembre, el 1º Juzgado Mixto de Wanchaq, expidió una nueva resolución en la que amplía la medida cautelar anterior, ante el incumplimiento de la misma por Proinversión y ordena que no suscriba contrato alguno con el Consorcio Angostura Siguas II, ganadora del proyecto, además de paralizar la obra.

Lima, 21 de septiembre de 2010.

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Washington.- Freedom House celebra la decisión del Congreso de la República de Perú de derogar el decreto legislativo 1097 que amenazaba con consolidar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y felicita a las organizaciones de derechos humanos de Perú y a los medios de comunicación por sus esfuerzos para impedir la ratificación de esta política.

El Decreto Legislativo 1097 permitía la prescripción o archivamiento, por exceso de plazo, de los procesos contra militares debido a su accionar durante el pasado conflicto armado interno , la mayoría de los cuales permanecían estancados por la negativa de los propios militares de entregar información que permitiera avanzar con las investigaciones. El decreto colocaba al Perú en contravención con lo establecido por las normas internacionales respecto de crímenes de lesa humanidad.

Tanto la derogación del decreto por parte del Congreso como la solicitud de revocatoria por parte del Poder Ejecutivo que le precedió fueron el resultado de la reacción inmediata de la sociedad civil peruana e internacional, de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, de los medios de comunicación y de los miembros del Congreso, entre otros.

“Esta derogatoria es la sana rectificación de una decisión que de haberse mantenido habría afectado sustancialmente el estado de derecho y la democracia y afectado negativamente el proceso de búsqueda de justicia y reconciliación tras las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las décadas de los ochenta y noventa,” señaló Alejandro Silva, director de programa para Freedom House en Perú.

Freedom House reitera su preocupación por la vigencia de tres decretos legislativos adicionales, conocidos como DL 1094, DL 1095 y DL1096, los cuales a través de una redacción ambigua e imprecisa amplían las facultades de intervención de las fuerzas armadas en casos de conflicto social, se  excluye a sus miembros de responsabilidades ante el fuero común en caso de violaciones y, de manera ilegal, se les otorga esas competencias a la justicia militar.

Perú es clasificado como país “libre” en Libertad en el Mundo 2010, un estudio de Freedom House que analiza los derechos políticos y libertades civiles.

Para obtener más información sobre Perú, visite: Libertad en el Mundo 2010: Perú

Para ver versión en inglés de este comunicado entrar aquí

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Luego de 26 años de espera, se inicia un paso importante para llegar a la vedad y la justicia en la masacre senderista conocida como el “Bus o Expreso de la Muerte”. El fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, Carlos Antonio Zaravia Palomino, programó el inicio de la exhumación de los restos de las víctimas asesinadas el 16 de julio de 1984, para el martes 21 de setiembre en el distrito de Soras, Ayacucho.

Zaravia Palomino emitió la resolución N° 196-2010, con fecha 31 de agosto, en el que da cuenta que las diligencias se realizarán en tres etapas en siete lugares (entre localidades, centros pobladores y distritos del sur de Ayacucho): Sontohocha, Pallca-Chalapuquio, Badopampa, Sayropampa, Doce Corral, Yanama, Palachapampa y Soras.

La primera temporada está programada del 21 al 27 de setiembre en el cementerio del distrito de Soras en el que se espera exhumar 17 cuerpos, la segunda será del 30 de setiembre al 6 de octubre en el paraje de Pallca-Chalaquio del distrito de Chipao, donde se espera recuperar 17 cuerpos, y la última etapa está prevista del 12 al 18 de octubre, en el cementerio de Doce Corral y del centro poblado de Chaupihuasi, donde las autoridades presumen hallar restos de 20 víctimas.

LAS VÍCTIMAS Y LOS HECHOS
Según las investigaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), la masacre senderista, que tuvo como epicentro la provincia ayacuchana de Sucre, dejó como saldo un centenar de víctimas. Debido al número de asesinatos y a la crueldad de los hechos, este caso es considerado como el más grande en los Andes que se conoce hasta la fecha y que ha tenido como autores a Sendero Luminoso.

COMISEDH ha establecido una relación de 99 víctimas hasta el momento, registrado 34 sitios de entierro en donde permanecerían los restos de 72 víctimas. La mayoría de víctimas eran naturales de Sucre, Ayacucho, mientras que un grupo de 12 a 15 personas, eran comerciantes cusqueños (Sicuani) que habían llegado a Doce Corral.

Los sobrevivientes narran que un grupo de 30 a 40 presuntos senderistas masacraron a un centenar de personas en un sangriento recorrido que comenzó al promediar las 2 de la tarde del lunes 16 de julio de 1984 y acabó a la medianoche. El escenario fueron los parajes y anexos de Chalapuquio, Badopampa, Doce Corral, Chaupihuasi, Palachapampa, Rayrosapampa, la capital del distrito de Soras y Tranca; en las provincias de Lucanas y Sucre, Ayacucho.

Los subversivos buscaron la mejor forma de despistar a quienes serían sus víctimas: vestidos de soldados y policías subieron a bordo del bus interprovincial de la empresa de transportes Expreso Cabanino S.A. – ETECSA que siempre recorría los lunes esta zona del sur de Ayacucho procedente de Lima por la ruta de Nazca.

Los terroristas realizaron paradas a lo largo de su recorrido con el objetivo de asesinar principalmente a pobladores, autoridades y líderes de las comunidades de la cuenca del río Chicha que habían constituido una alianza para enfrentar a Sendero Luminoso. En estos actos no sólo murieron y fueron desaparecidos ayacuchanos sino también comerciantes de Sicuani (Cusco) que se encontraban en el anexo de Doce Corral.

En su resolución, el fiscal Zaravia Palomino ordena que además de la exhumación, se elaboren fichas antemorten (documento testimonial que da cuenta de cómo era la víctima, cómo estaba vestida la última vez que fue vista, etc.) y se aproveche la visita al lugar de los hechos para tomar las declaraciones a los familiares y sobrevivientes por tratarse de personas de bajos recursos que no pueden desplazarse con facilidad hasta la capital de Ayacucho, Huamanga, donde se ubica la Fiscalía. Varias de las localidades victimadas se ubican a 10 o 15 horas de Huamanga si se viaja en camioneta.

Los abogados de COMISEDH y de la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani (que ha asumido la representación legal de los familiares de las víctimas de Cusco) acompañan el reclamo de justicia de las víctimas y familiares desde 2005. Ese año, estas organizaciones solicitaron al Ministerio Público que se investigue el caso, por lo que esta institución lo derivó a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho. Recién en noviembre de 2009, esta fiscalía sumó las denuncias presentadas por víctimas de Ayacucho y Cusco en un solo expediente, el 192-2007. Y hoy finalmente, se ha logrado programar la exhumación.

AL MANDO DE “JOSÉ”
En los días de la masacre, Víctor Quispe Palomino, el “camarada José” hoy cabecilla senderista en el VRAE, se desempeñaba como mando político zonal de Cangallo-Fajardo a la que pertenece Soras y los otros lugares donde se cometieron los asesinatos. En el atestado policial Nº 019 – Dircote, de fecha 12 de abril de 1985, el senderista relata los actos en los que formó parte, entre ellos el caso Lucanamarca, y admite haber sido designado como responsable de la zona de Cangallo-Fajardo en ese período y que fue defenestrado en noviembre de 1984. Se presume que descendió a combatiente debido a los excesos cometidos durante “el ejercicio de su cargo”. El atestado fue elaborado cuando Quispe Palomino fue detenido en 1985 junto a Sybila Arredondo (la viuda de José María Arguedas), Margie Clavo Peralta y otros mandos senderistas.

Quispe Palomino aseguró que recorrió la zona de Querobamba, capital de Sucre, formando escuelas populares y captando adeptos. Los sobrevivientes de la masacre reconocen que un “camarada José” encabezó los actos cruentos. Quispe Palomino señaló en el atestado que en esos días era conocido como “Juvenal”, pero además como jefe zonal creó pelotones al mando de “Carlos”, “Leandro” y “José”. Este “José” podría ser el que reconocen los sobrevivientes y el que habría perpetrado los asesinados ordenados por su jefe: Víctor Quispe Palomino que hoy asume el mismo apelativo de su entonces subordinado en el VRAE, y quien podría ser sindicado como autor mediato de este caso.

Lima,  setiembre de 2010.

Comisión de Derechos HumanosCOMISEDH
Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani VISOPSIC

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