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PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA IMPUNIDAD

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP, hace pública su indignación y rechazo a los Decretos Legislativos recientemente aprobados y publicados por Presidente Alan García Pérez, con el único fin de favorecer a violadores de derechos humanos que vienen siendo investigados y procesados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas y policiales, buscando una vez más, la impunidad; pronunciamiento que se sustenta en lo siguiente:

El Decreto Legislativo Nro. 1097, regula la puesta en vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, para delitos que implican violación a los derechos humanos.

Con este Decreto, militares y policías que se encuentran detenidos saldrán en libertad, se anularan los impedimentos de salida del país, permitiendo que muchos investigados eludan la acción de la justicia; las investigaciones y procesos penales contra los que cometieron actos de violación a los derechos humanos correrán la suerte de ser sobreseído o archivados por excesos en los plazos de investigación, excesos que en muchos casos obedecen a la falta de información por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior ante los pedidos de información que hacen los jueces y fiscales en sus investigaciones.

Lo más grave de este Decreto Legislativo es que señala que la imprescriptibidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad debe operar para el Perú sólo a partir de la adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad; es decir desde el 2003 para adelante, desconociendo la jurisprudencia nacional e internacional. Así, en el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “los obstáculos procesales tales como la amnistía, el indulto, la prescripción y la cosa juzgada no pueden ser circunstancias opuestas a la investigación, juicio y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”. En el caso Villegas Namuche, el Tribunal Constitucional ha señalado “Corresponde al Estado el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y, si es necesario la adopción de normas restrictivas para evitar, por ejemplo la prescripción de los delitos que violenten gravemente los derechos humanos. La aplicación de estas normas permite la eficacia del sistema jurídico y se justifica por los intereses prevalentes de la lucha contra la impunidad”.

Con este Decreto Legislativo, los más de 500 casos de violaciones a los derechos humanos que se tramitan en el Poder Judicial y el Ministerio Público de Ayacucho, podrían ser archivados, entre ellos: Cabitos, Pucayacu, Cayara, Accomarca, Huancapi, Huanta 84, Raccaya, Tircus, Putis, Morales Ortega, Leonor Zamora, entre otros.

Desde nuestra organización de afectados por la violencia, ante estos intentos de impunidad, de obstaculización al acceso a la justicia y la búsqueda de la verdad por parte del gobierno de turno, hacemos un llamado a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, que gozan de autonomía y discrecionalidad, a defender el Estado de derecho a través del respeto irrestricto de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, inaplicando los Decretos Legislativos que son abiertamente inconstitucionales.

NO A LA IMPUNIDAD!!!
NO A LA AMNISTIA ENCUBIERTA!!!
NI OLVIDO NI PERDON!!!

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