Congreso derogó decreto legislativo 1097

Publicado el 15 septiembre 2010 por en Noticias

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Luego de un intenso debate el Congreso de la República aprobó por amplia mayoría, 90 votos a favor y uno en contra, el proyecto de ley 4298 presentado con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo que proponía la derogatoria del Decreto Legislativo 1097 que beneficiaba a militares procesados por graves violaciones a los derechos humanos.

A pedido del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Aurelio Pastor (PAP), el titular del Poder Legislativo, César Zumaeta, sometió a una consulta la propuesta para exonerarla de una segunda votación que obtuvo el mismo resultado. En ambos casos el voto en contra fue del congresista Luis Giampietri (PAP).

En la exposición de motivos, el Ejecutivo consideró pertinente derogarlo “en resguardo de la vida constitucional y democrática del país y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento de la norma”.

El debate, sin embargo, se centró sobre las intenciones que habría tenido el dispositivo elaborado por el Poder Ejecutivo con las facultades legislativas otorgadas por el Congreso el 10 de junio pasado.

Los congresistas Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas (PAP) señalaron que el objetivo fue mal interpretado al punto de creer que se trataría de una amnistía encubierta, cuando fue todo lo contrario. Los legisladores Javier Bedoya y Raúl Castro (UN), señalaron que existía confusión jurídica y política sobre el particular. Por su lado, los congresistas Yonhy Lescano y Víctor Andrés García Belaunde, cuestionaron la dación de la norma y reclamaron por el debate del proyecto elaborado por su bancada.

El congresista Yonhy Lescano pidió también declarar nulos los efectos que tuvo la ley en los días de su vigencia por cuanto algunos militares de alto rango presentaron sus demandas para acogerse al beneficio. Por su parte el congresista Washington Zeballos (BP) pidió que se investigue el rol que cumplió el ministro de Defensa, Rafael Rey, por un supuesto uso indebido de su cargo para beneficiar a terceros vinculados a violación de derechos humanos. Coincidente opinión tuvo Víctor Mayorga (GPN), quien anunció la presentación de una acusación constitucional.

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