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PRONUNCIAMIENTO

Los decretos legislativos recientemente promulgados por el Poder Ejecutivo constituyen un grave atentado contra los principios fundamentales de la democracia. El decreto legislativo 1097 que establece los nuevos procedimientos en casos de violaciones a los derechos humanos, el decreto legislativo 1095 referido al uso de la fuerza, y el decreto legislativo 1094 que considera delitos comunes como delitos de función, establecen la existencia de un nuevo marco normativo de absoluta desprotección para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1097 favorecen de manera ilegal y desproporcionada a quienes se encuentran procesados por graves crímenes contra los derechos humanos y tienen como objetivo fundamental el archivamiento definitivo de los procesos judiciales. Estas disposiciones legales no son más que la materialización de una intensa estrategia liderada desde el Poder Ejecutivo en alianza con el fujimorismo con el evidente propósito de dejar en la impunidad los crímenes horrendos perpetrados durante el conflicto armado interno. En tal sentido, dicha  norma no es más que una amnistía encubierta.

Por otro lado, las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1095 referidas al uso de la fuerza no sólo expresan una falta de comprensión de las causas  de los diferentes conflictos sociales que aquejan a nuestro país, sino también la persistencia del Estado en una estrategia que prioriza la intervención militar, la misma que a todas luces ha fracasado y que ha significado la pérdida de vidas humanas. Bajo esa lógica, este decreto y el decreto legislativo 1094 (código penal militar policial), termina concediendo indebidas atribuciones a la justicia militar para que juzgue situaciones provenientes de dichos conflictos sociales.

Nuestras instituciones, y sobre todo las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tienen el legítimo derecho a que la justicia determine de manera independiente las responsabilidades penales de los perpetradores. Es contrario a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que el propio Estado peruano aliente la impunidad de crímenes contra la humanidad, siendo inadmisible, además, que los propios gobernantes que las promulgan se terminen beneficiando de ellas.

Por ello, las organizaciones firmantes exigimos a la representación nacional derogue los mencionados decretos legislativos y restituya así la plena vigencia del Estado de derecho.

Setiembre del 2010

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
Asociación Nacional de Centros – ANC
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,  PIDHDD
FOROSALUD
CONEP
CONFENADIP
CGTP
CUT
CONACAMI
FEMUCARINAP
Red Uniendo Manos Perú
Red de Jubileo Perú
Las Casas de la Salud de Ica
Comité de Familiares de los Desaparecidos de Santa
Red de Ética y Gorbernabilidad de la provincia del Santa
Parroquia San Pedro – Chimbote
Parroquia Apóstol Santiago de Pamparomas,
Junta de Desarrollo Distrital de Pamparomas

Organizaciones de la CNDDHH:
APRODEH, CAAAP, COMISEDH, FEDEPAZ , IDL, PAZ Y ESPERANZA, GRUFIDES,  CDHVS  – CELENDIN Cajamarca, APORVIDHA Cusco, Vicaría de la Prelatura de Sicuani, CODEH Canas, CODEH Espinar,  MCPDHQ Quillabamba, COSDEJ Chiclayo, CJS  Chimbote, CODISPAS Huaraz,  CODEH Ica,  SEDYS Trujillo, IREPAZ Huánuco,  HATARISUM,  CODHAH Aucayacu, ADLPS Puno, CEDEH Puno, ISADH Puno, ADHMA Puno, CEIDHU, Junín,  CITAQ Huancavelica, Proyecto Amigo Huamachuco, CODEH Huacho, CDH Apurímac, CODEH – OAS  Pucallpa, CJPDH VA  Iquitos , CDHVASJA  Iquitos, ASFADEL, CAPS, CEAPAZ, CEDET, CEDAL, CENCA, CENIA, CODEH  El Agustino, CooperAccion, DEMUS, EPAF , Forum Solidaridad Perú, IPEDEHP , LUNDU, MHOL, Movimiento Manuela Ramos, Sección Peruana de Amnistía Internacional, SER, REDINFA, RUNA