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Nueva York y Bogotá.- La expedición de normas que regulan los juicios a violadores de derechos humanos, ocurrida en el Perú esta semana, incluye preceptos contrarios a las obligaciones internacionales sobre el deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, afirmó hoy el Centro Internacional para la Justicia Transicional. “El gobierno y el Congreso deben derogar las normas que permitirían el archivo de decenas de juicios por graves crímenes contra los derechos humanos y la liberación de quienes hoy enfrentan a la justicia por esos hechos”, señaló David Tolbert, presidente del ICTJ.

Esta semana, el gobierno peruano emitió varios decretos legislativos (normas ejecutivas con rango de ley) sobre aspectos vinculados al funcionamiento de la justicia en casos de derechos humanos. Una de esas normas, el decreto legislativo 1097, incluye regulaciones que – en caso sean aplicadas – conllevarían el sobreseimiento (archivo) de numerosas investigaciones y juicios por violaciones a los derechos humanos.

Esta ley ordena el archivo de los casos relacionados con delitos contra los derechos humanos cuando haya transcurrido el plazo contenido por el nuevo Código Procesal Penal (que aún no está vigente en todo el país), sobre las personas que sufran detención u otra medida restrictiva. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los juicios por violaciones a los derechos humanos han demorado más que el plazo señalado (16 meses), muchas veces por maniobras dilatorias, todos los inculpados sometidos a restricciones quedarían libres, y sus procesos inmediatamente archivados. Además, la norma declara que los jueces y fiscales no podrán argumentar la imprescriptibilidad sobre hechos ocurridos antes del año 2003.

La aplicación de esta legislación implicaría el inmediato archivamiento de por lo menos 17 procesos y la libertad de más de 60 personas, en su mayor parte miembros de las fuerzas del orden que están en  prisión por casos de derechos humanos, incluyendo a los sindicados como integrantes de un reconocido escuadrón de la muerte que operó durante el gobierno de Alberto Fujimori, así como los acusados de una matanza de presos ocurrido en la primera administración de Alan García.

“El Perú ha dado pasos significativos en procura de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, como fue la importante labor de la Comisión de la Verdad y las sentencias contra Alberto Fujimori y otros perpetradores”, agregó Tolbert. “Estas normas representan un vergonzoso paso atrás que debe ser rechazado por el propio gobierno y, si así no ocurriera, sus normas deben ser inaplicadas por los jueces, pues están en la obligación de preferir las normas internacionales y constitucionales, en lugar de leyes notoriamente violatorias de las obligaciones internacionales del Estado”.

La aplicación de este decreto viola directamente las obligaciones internacionales del Perú referidas a su obligación de investigar, juzgar y sancionar violaciones de los derechos humanos, en los términos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia y en aquellos señalados por el propio Tribunal Constitucional peruano. Las personas acusadas de violaciones a los derechos humanos deben, por supuesto, contar con todas las garantías del debido proceso, como cualquier persona, pero ello debe hacerse en el contexto de investigaciones serias, que logren demostrar los hechos ocurridos y establecer sus responsables.

“No son admisibles jurídicamente los obstáculos procesales como excusa para incumplir obligaciones referidas a la verdad, la justicia y la reparación”, enfatizó Tolbert. “El Perú se pone por fuera de sus obligaciones internacionales si persiste en favorecer la impunidad”, agregó.

Contexto

El gobierno de Alan García fue autorizado por el Congreso, en julio pasado, a expedir normas con rango de ley sobre aspectos vinculados al uso y aplicación de la fuerza, a aspectos procesales de casos de violaciones de derechos humanos, así como para atender la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias, organización y funciones de la justicia penal militar. El 1 de septiembre fueron publicados cuatro decretos legislativos (norma con rango de ley que expide el Poder Ejecutivo), sobre las siguientes materias:

–    Normas procesales sobre delitos contra los derechos humanos
–    Normas referidas al empleo y uso de las fuerza por las fuerzas armadas
–    Nuevo Código Penal militar y policial
–    Nueva Ley de Organización y Funciones del fuero militar y policial

La primera de estas leyes contiene disposiciones específicas para adelantar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, norma que sólo está vigente en algunas zonas del país, y sólo para los juicios que se sigan por delitos contra los derechos humanos. Además, el decreto emitido por el Ejecutivo señala que el personal militar y policial que esté con mandato de detención por estos crímenes, será entregado en custodia a instalaciones militares o policiales.

Por otro lado, la ley ordena que la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad debe operar en el Perú sólo a partir del momento de la entrada en vigencia de la Convención Internacional sobre la materia, desconociendo la jurisprudencia internacional, en particular la derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal internacional ha señalado, desde el caso “Barrios Altos versus Perú” (Febrero 2001), que los obstáculos procesales tales como la amnistía, el indulto, la prescripción y la cosa juzgada no pueden ser circunstancias opuestas a la investigación, juicio y sanción de graves violaciones a los derechos humanos. Esta interpretación ha sido acogida por diversos sistemas judiciales latinoamericanos, como en Argentina, Chile y Ecuador.
El Perú sufrió las secuelas de un sangriento conflicto armado (1980-2000) que fue prolijamente analizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El informe final de esta comisión determinó que la cifra más probable de muertos y desaparecidos por dicho conflicto fue de alrededor de 69,000 personas y recomendó al Estado diversas políticas para continuar las investigaciones de casos considerados emblemáticos. Actualmente, hay más de 400 investigaciones judiciales pendientes sobre violaciones a los derechos humanos y se han producido algunas sentencias.

Sin embargo, los procesos judiciales son lentos debido a la sobrecarga del tribunal especializado, a la lentitud de los fiscales y, principalmente, a obstáculos referidos a la ausencia de información sobre la identidad de los presuntos perpetradores. El Ministerio de Defensa ha ignorado las repetidas peticiones de la justicia para revelar los nombres del personal militar y policial procesado en estos casos, contribuyendo a dilatar aún más los juicios. Por ello, en 2004, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó que en los procesos por violaciones a los derechos humanos se tomara en cuenta los derechos de las víctimas y el entorpecimiento de la justicia, al momento de disponer la libertad de los procesados.

Sobre el ICTJ
El Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja para remediar y prevenir las más graves violaciones a los derechos humanos al confrontar los legados de abusos pasados. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y construir sociedades justas y pacíficas. Más información, disponible en www.ictj.org/es/.

Para mayor información en español, contactar a:
Dirección Regional – Programa Américas
Tel.: + 57 1 345 0046
bogota@ictj.org

Para mayor información en inglés, contactar a:
Lisa Jamhoury
LJamhoury@ictj.org

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