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(El Comercio).- Después de muchas dilaciones y complicaciones y tras cuatro largos años de haberse iniciado el juicio oral, el proceso que reúne el caso de la matanza de Barrios Altos, la desaparición de nueve campesinos del Santa y del periodista Pedro Yauri, por fin llegará a su final. La Primera Sala Penal Especial que preside Inés Villa Bonilla anunció ayer que la sentencia será leída mañana viernes 1 de octubre.

Los procesados, entre los que se encuentran varios ex miembros del desarticulado grupo Colina, algunos ex jefes militares y Vladimiro Montesinos, podrían recibir penas de entre 20 y 30 años por los delitos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita.

Ayer, el tribunal, integrado también por Hilda Piedra e Inés Tello, dio por concluidas todas las diligencias tras el alegato final que efectuó el ex agente de inteligencia Wilmer Yarlequé Ordinola, quien pese a las evidencias en su contra se declaró inocente.

PIDEN QUIEBRE DEL PROCESO
Durante la audiencia de ayer en la Base Naval del Callao, la defensa de los acusados intentó una maniobra para evitar la sentencia. El abogado del general (r) Julio Salazar Monroe solicitó a la sala declarar el quiebre del proceso bajo el argumento de que el Tribunal Constitucional había señalado –en la sentencia emitida a favor del ex jefe del SIN– que el Caso Barrios Altos no era complejo, y por lo tanto los plazos entre audiencia y audiencia deberían ser los de un juicio común.

Ese pedido fue respaldado por los abogados de los ex Colina Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingue. Sin embargo, la sala, tras un rápido debate, resolvió declarar improcedente esa solicitud.

Hace un par de semanas varios de los procesados pidieron a la sala el sobreseimiento (archivo) del juicio al amparo del hoy derogado Decreto Legislativo 1097, pero la semana pasada el tribunal también declaró inaplicable esa norma por inconstitucional.

La lectura de sentencia de este juicio oral, iniciado en agosto del 2006, ha sido programada para mañana a las 9.30 a.m. en la Base Naval del Callao.

“Confiamos en que la sanción será ejemplar y que constituya una esperanza para las víctimas que aún esperan justicia en nuestro país”, sostuvo Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas.

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