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Miembros de las organizaciones indígenas más representativas del país dieron a conocer su preocupación, ayer lunes, a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, respecto de la reciente aprobación del Decreto Legislativo N° 1095, que autoriza el uso de la fuerza a miembros de las Fuerzas Armadas en caso de protestas sociales. Del mismo modo, los referidos representantes expresaron su inquietud acerca de la aplicación del Derecho a la Consulta en el país.

La Defensoría del Pueblo informó que las organizaciones que participantes en la reunión fueron la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami) y el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (Ccpican).

La doctora Beatriz Merino sostuvo que la Defensoría está estudiando la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1095, norma que establece las reglas para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y, además, regula su intervención en el control del orden interno ante situaciones de violencia en zonas declaradas en estado de emergencia, o en cualquier situación en que la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) sea sobrepasada. Los representantes de las organizaciones indígenas manifestaron que este decreto legislativo otorga facultades muy amplias y excesivamente discrecionales a los miembros de las Fuerzas Armadas para intervenir en el control del orden interno haciendo uso de la fuerza ante situaciones que, en realidad, constituyen legítimas protestas sociales.

Los representantes de las organizaciones indígenas también mostraron su preocupación sobre la dilación que se está produciendo en la aprobación de la Ley sobre el Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas.  La Defensoría recordó que el referido derecho está vigente en el Perú hace más de 15 años reiterando su compromiso de trabajar junto con los pueblos indígenas, a fin de garantizar su efectiva aplicación, de acuerdo con lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

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