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Por supuesto delito contra la tranquilidad pública en el 2004.

El dirigente Magno Ortega Quispe, que fuera juzgado junto a otros dirigentes del magisterio y organizaciones populares de Ayacucho por el supuesto delito contra la tranquilidad pública, fue absuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El 1ro de Julio de ese año, se produjo el desalojo de los locales tomados por ciudadanos y el magisterio (Local de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Dirección Regional de Educación- DREA, Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga-UGEL). Con esta medida de lucha se exigía el diálogo entre el Ministerio de Educación, la Comisión de Educación del Congreso de la República y el SUTEP; para la solución a las demandas del magisterio y la derogatoria del D.L. 28044, que promueve la privatización de la escuela pública.

El desalojo violento tuvo como respuesta la declaratoria de un Paro Regional de Emergencia, que desbordó a la dirigencia del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, produciéndose el incendio entre otros de los locales de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Gobierno Regional y Poder Judicial. Estos lamentables sucesos trajeron como consecuencia el encarcelamiento, la persecución y enjuiciamiento de algunos dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y del magisterio.

La absolución de Magno Ortega Quispe, y los acusados: Mery Llactarimay Sicha, William Ordoñez Conde, Marco Antonio Yangaly Conde, Robert Custodio Huaynalaya Camposano y otros, se suma a las anteriores absoluciones y separación del caso de los procesados por los sucesos del 1ro. de julio del 2004. De esta manera la verdad se ha abierto paso y la justicia llega a la familia de Magno Ortega después de 6 largos años de espera y persistencia, en la que los dirigentes sufrieron restricciones en su accionar como tales.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera esta absolución como un paso importante para el proceso de verdad y justicia. No se puede criminalizar ni procesar a quienes reclaman sus justos derechos. Asimismo hace llegar su reconocimiento a las organizaciones de  Ayacucho y del país, que velan por el respeto de los derechos fundamentales como bases de una sociedad tolerante y sin violencia.

Lima, 12 de octubre de 2010.

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