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DEMUS exhorta al gobierno a pasar de las palabras a los hechos dotando de presupuesto a instancias involucradas en atención del problema.  173 casos por día atienden centros del Ministerio de la Mujer

Ante las incesantes noticias de violencia contra las mujeres que dan cuenta de esta realidad, DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer,  exhortó al gobierno del presidente Alan García a mostrar una mayor voluntad política para enfrentar este flagelo que afecta a cuatro de cada 10 mujeres en el país, dotando, para empezar, de mayor presupuesto a los sectores responsables de las políticas públicas para su atención y erradicación.

Según el propio Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), entre el 2002 y 2010 se han realizado a nivel nacional  286,462 atenciones de violencia contra mujeres, lo que representa un promedio de 173 casos por día, a lo que se suma el terrible y dramático promedio de 12 feminicidios por mes.

“Se requiere mucho más que declaraciones públicas y frases de impacto mediático de parte de las autoridades. El propio presidente García ha expresado su desacuerdo con la violencia, pero esa voluntad debe expresarse en forma concreta en una acción concertada del gobierno contra las agresiones hacia las peruanas que se producen en la familia, la comunidad y el Estado”, expresó Jeannette Llaja, abogada especialista en derechos humanos, directora de DEMUS.

Tenemos por ejemplo el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015 –precisó- que  lidera el MIMDES y donde están involucrados los ministerios de Educación, Salud, Interior y Justicia. Sin embargo, sus limitaciones presupuestales impiden que se concrete adecuadamente mediante políticas públicas eficaces que permitan avanzar en el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres.

“Necesitamos que el gobierno asuma como un problema de prioritaria atención nacional la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones y que se presenta a lo largo de su ciclo vital, para lo cual es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue las partidas suficientes que hagan posible la concreción del Plan”, remarcó Llaja Villena.

En las últimas semanas el país se ha conmocionado con noticias sobre asesinatos de mujeres por sus ex parejas, la violación de tres niñas por su padre y la tendencia lamentablemente vigente en el sistema de justicia de la impunidad en estos casos. A ello se suma el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la debilidad existente en los servicios de salud para detectar los casos de violencia entre las mujeres que acuden para atenderse alguna dolencia o malestar.

Jeannette Llaja explicó que además de presupuesto se requiere de funcionarios y operadores estatales, tanto hombres como mujeres, informados y sensibilizados sobre las causas de la violencia de género a fin de que puedan cumplir con su rol de orientación, prevención y sanción de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

La especialista indicó que el Estado peruano es firmante a nivel de Naciones Unidas de la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y a nivel de la OEA de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estos dos instrumentos que forman parte de nuestro ordenamiento legal y son de obligatorio cumplimiento, dan el marco para las leyes, normas y políticas públicas en la materia.

www.demus.org.pe

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