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Justicia: palabra distante y ajena para miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad en gobierno de Fujimori

  • Situación de impunidad se expuso en reunión con la CIDH
  • DEMUS solicitó se cumpla con sancionar a responsables de víctima mortal de esterilización forzada

El gobierno evidenció falta de voluntad política y desinterés frente a la impunidad en el caso de las mujeres esterilizadas contra su voluntad en el régimen fujimorista, expresó Rossy Salazar, abogada de DEMUS, que junto a otras instituciones civiles se reunió con representantes del Estado peruano durante el 40º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Washington la semana última.

En 1999 Demus, Aprodeh, CRR, CLADEM y CEJIL demandaron al Estado peruano ante la CIDH por la muerte de Mamérita Mestanza en el año 1998 debido a una infección generalizada tras la esterilización a la que fue forzada por personal de salud de La Ecañada – Cajamarca.

El 2003 el Estado reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Mamérita y se comprometió con la CIDH en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que incluía la investigación y sanción a los responsables, aspecto totalmente incumplido hasta hoy.

La impunidad se consolidó con el archivo definitivo por parte del Ministerio Público en diciembre del 2009 del expediente que incluía a 2,074 víctimas de esterilización forzada, pese a que se trataba de una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto, imprescriptible.

“La CIDH expresó su preocupación por el incumplimiento del Estado de su compromiso de investigar, sancionar y dar medidas de no repetición y anunció un pronunciamiento oficial. Cuestionó además que habiendo reconocido su responsabilidad en esta grave vulneración de derechos no haya dispuesto investigaciones disciplinarias y administrativas en el caso de las 2,074 víctimas y en el de Mamérita”, sostuvo la representante de DEMUS.

En la reunión realizada ante la CIDH estuvieron la secretaria ejecutiva adjunta de este organismo Elizabeth Abi-Marshed, el comisionado José de Jesús Orozco, las representantes de las organizaciones peticionarias Rossy Salazar de DEMUS, Gloria Cano de Aprodeh. Alejandra Vicente y Ariela Peralta de CEJIL, y Alejandra Cárdenas del CRR. Por el Estado participaron la procuradora Delia Muñoz y el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva.

Salazar indicó que en similar sesión sostenida en noviembre del 2009 para evaluar los avances del ASA, la CIDH solicitó al Estado iniciar los procesos para la sanción de los involucrados en la muerte de Mamérita, pues de lo contrario se revisarían las cláusulas del acuerdo.

Lamentó las declaraciones de la procuradora Delia Muñoz quien aseguró que la CIDH valoraba los esfuerzos del Estado en materia de derechos humanos, ya que en el caso de las esterilizaciones forzadas resultó evidente la falta de interés por avanzar en medidas de justicia y reparación para las víctimas, la gran mayoría de zonas pobres marginales y rurales.

“El Estado da un mensaje a la nación y a la comunidad internacional de que los derechos y autonomía reproductiva de las mujeres no importan. La impunidad acentúa el daño causado a las miles de afectadas y a los familiares de las por lo menos 18 víctimas mortales de la esterilización forzada, política pública fujimorista aplicada en las gestiones de los ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa, Jorge Parra y Alejandro Aguinaga”, manifestó la abogada.

Anunció que DEMUS solicitó la visita oficial de la Relatora de la Mujer Luz Patricia Mejía al país para constatar el estado de los derechos humanos de las peruanas.

Mayor información: www.demus.org.pe



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