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El 97% de casos registrados por la CVR no se investigan y el otro 3% asumido por las autoridades sigue trunco

Sólo 3 investigaciones están a nivel judicial. Organizaciones piden intervención multidisciplinaria y creación de fiscalías especializadas

Si las investigaciones por violaciones de derechos humanos en general no avanzan, dentro de este grupo los casos por violaciones sexuales a mujeres durante el conflicto armado interno son los más  postergados. Desde 2004, una veintena de procesos se encuentran congelados al punto que en la mayoría de casos ni siquiera se han tomado las manifestaciones de las víctimas.

Hasta inicios de este año se registraron 16 casos, 13 en investigación preliminar en el Ministerio Público y tres con apertura de proceso penal en Lima, Cusco y Ayacucho, entre los cuales se encuentra la investigación por violacion sexual a mujeres en las bases militares de Manta y Vilca de Huancavelica. Este es el primer caso de este tipo que fue judicializado.

Aunque las violaciones contra mujeres se perpetraron por lo menos en 15 regiones del país durante los años de violencia  (1980-2000), la veintena de casos está congelada en las fiscalías y juzgados de siete regiones: Ayacucho, Huancavelica,  Apurímac, Cusco, Junín, Pasco y Lima.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró 538 casos de violaciones sexuales en los años del conflicto, de los cuales no se ha investigado el 97%.

Se cometieron violaciones a los derechos humanos muy graves –ejecuciones extrajudiciales, torturas,  desapariciones y masivas y sistemáticas violaciones sexuales a mujeres –, especialmente en zonas rurales del país que se encontraban bajo el control militar y en estado de emergencia.

Las violaciones sexuales fueron frecuentes como método de tortura, castigo o  represalia. Los principales responsables son agentes estatales, especialmente del Ejército.

La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Asociación Paz y Esperanza y DEMUS  han asumido la defensa legal de la mayoría de las víctimas  y exigen que el Ministerio de Defensa  brinde información para que se conozca a los responsables directos y a sus jefes que no sancionaron estos hechos y que en muchos casos los encubrieron.

CONGELADOS EN AYACUCHO

En Ayacucho se concentra más del  50 por ciento de los casos, por lo menos 9 en las fiscalías supraprovinciales, según el Instituto de Defensa Legal.

Entre los casos simbólicos que siguen truncos en la fiscalía de Ayacucho figura el de Georgina Gamboa, quien fue violada por efectivos policiales de Vilcashuamán en  los 80. El caso fue archivado por el Poder Judicial en 2004. Ese año, Georgina dio su testimonio en una audiencia pública de la CVR y se presentó una nueva  denuncia al  Ministerio Público patrocinada por COMISEDH.  Georgina espera justicia desde hace 28 años.

La violación contra ocho mujeres del pueblo de Llusita en Ayacucho también sigue impune, en gran parte, porque las autoridades fiscales fragmentaron los hechos perpetrados en 1983, lo cual no permite explicar con claridad el contexto en que ocurrieron, así como identificar a los presuntos responsables y a sus jefes que consintieron estas prácticas.  La violación fue perpetrada por militares de la base de Cangallo.

A pesar de la gravedad de los hechos, hay investigaciones que han sido archivadas como el de María Elena Loayza Tamayo.  En este caso el delito prescribió no obstante que el Estado se comprometiera a investigar este crimen por mandato de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CRITERIOS INSÓLITOS

En la mayoría de casos las autoridades pretenden investigar estos crímenes desde sus despachos, tampoco consideran en el proceso la vergüenza y el miedo de las víctimas. Además, exigen, de manera absurda, exámenes ginecológicos de reciente data como pruebas.

“Las investigaciones por estos delitos deberían realizarse a través de equipos multidisciplinarios (psicólogos, médicos, abogados, antropólogos, historiadores y otros) con amplia experiencia,  reconocimiento en las zonas y  dominio del quechua o lengua nativa”, manifestó el responsable del área legal COMISEDH, Gustavo Campos.

El abogado recordó que un criterio que establecen los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda  así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tomar como cierto la versión de la víctima, que se corrobora con otros indicios o pruebas. Sin embargo, esto no es considerado por los operadores de justicia en el Perú.

“No puede haber una intervención tradicional en estos casos porque no se tratan de delitos comunes. Debe crearse fiscalías especializadas con este propósito”, aseguró el responsable del área legal de IDL, Carlos Rivera.

Las organizaciones que acompañan a las víctimas, piden a las autoridades que tomen medidas para hallar a los responsables de estos casos horrendos que hoy son los más postergados en la búsqueda de justicia.

Lima 12 Diciembre de 2010

COMISEDH – APRODEH – IDL – PAZ Y ESPERANZA – DEMUS