La protesta social no es una guerra

Publicado el 24 enero 2011 por en Campañas

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Exigimos la derogatoria del DL 1095

La de CNDDHH, conjuntamente con la CGTP, CONACAMI, AIDESEP, CCP, CNA y organizaciones de la sociedad civil, estamos organizando diversos eventos públicos a nivel nacional, con la finalidad de difundir los alcances del la norma y recolectar firmas para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra los D.L. 1094 y 1095 que criminalizan la protesta social. Clic en imagen para ampliar

Luego de una intensa campaña mediática iniciada por el Ejecutivo, el  1º de Septiembre de 2010 se publicaron cuatro decretos legislativos: 1094, 1095, 1096 y 1097, expedidos por el Ejecutivo, en uso de las facultades  delegadas por el Congreso. Felizmente, y luego de una intensa campaña, el gobierno dio marcha atrás y el 14 de setiembre, el Congreso decidió derogar el D.L. 1097,  que amenazaba con consolidar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Su publicación se realizó al día siguiente, en que también la Sala Penal ,  que veía el caso Barrios Altos, acordó declarar la inaplicabilidad de esta norma.

Este, que fue un triunfo rotundo contra la impunidad, nos dejó una tarea importante: buscar la derogatoria de los otros DL, entre ellos el 1095, que posibilitan el uso excesivo de la fuerza en casos de conflictividad y protesta social.

Sobre el uso excesivo de la fuerza

En la estrategia de control del orden interno durante el gobierno de Alan García, se han desarrollado una serie de dispositivos legales de dudosa constitucionalidad a través de los cuales se incrementan las facultades y se flexibilizan los procedimientos para la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, incluso en zonas que no se encuentran declaradas en Estado de Emergencia.

Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno está estrictamente limitada a situaciones en las que se ha declarado Estado de Emergencia o de Sitio. Sin embargo, en clara contradicción con la norma constitucional, en el año 2004 se promulgó la ley 28222, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno fuera de los supuestos mencionados .

La situación ha empeorado durante el gobierno del Dr. García mediante la promulgación del D.S. Nº 007-2008-DE que modifica la reglamentación de la ley 28222, de forma que ahora es suficiente con la autorización del Presidente de la República, refrendada por los ministros de Interior y de Defensa, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el control del orden interno. Inclusive esta norma autoriza que cuando las características geográficas de la zona impidan cumplir con este procedimiento, sea directamente la autoridad policial de la zona afectada la que solicite la intervención de las Fuerzas Armadas, con cargo a la posterior convalidación de esta medida mediante una resolución suprema.

Otro aspecto que genera preocupación es la regulación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. De por si resulta alarmante que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden interno, ya que su armamento y entrenamiento son mas apropiados para combatir en situaciones de guerra y/o contra amenaza exterior.

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Para coordinaciciones: <karina@derechoshumanos.pe>


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