Treinta años sin reparación

Publicado el 17 enero 2011 por en Opinión

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en suplemento Domingo de La República – 16/01/2011

Tenía trenzas negras, apenas 16 años y una falda de color claro que luego se ensangrentó. Era 1981 y esta  joven mujer de la provincia de Parrco, Ayacucho, fue violada por siete sinchis durante toda una noche de horror y lágrimas. Ella recuerda que pedía auxilio, pero los policías le metieron un pañuelo en la boca para tapar sus estertores y sus gritos. “Esa, esa noche me violaron siete, eran siete, siete militares o sea los siete sinchis entraron a violarme. Uno salía, otro entraba, otro salía, uno entraba. Ya estaba totalmente muerta yo, ya no sentía que estaba normal” es lo que ha declarado en su testimonio. Esta joven campesina ayacuchana fue acusada de subversiva y trasladada, así con la ropa ensangrentada, primero a la cárcel de Huamanga y luego a Lima. Le dolía el cuerpo, pero, sobre todo, sentía que estaba “totalmente muerta yo”. En Lima el médico legista le dio informe de una de las verdades más cruentas para una mujer: tenía cuatro meses de embarazo. La joven quiso interrumpirlo, luego quiso dar a su hija en adopción, pero finalmente la cría, con todo lo que eso implica: resentimientos y luchas y sobre todo amor. Su hija es hoy una bella mujer alta y espigada, madre también, que este año cumple treinta. ¿Esta joven ayacuchana encontró alguna vez justicia? No ¿Los sinchis fueron enjuiciados? No ¿Ella como víctima fue reparada? No ¿Tenemos vergüenza como nación de lo que sucedió con esta joven mujer peruana?

Reparar es un término que usamos para solucionar problemas y, según el diccionario de la Real Academia, tiene 12 acepciones: una de ellas es desagraviar. Quizás no sea el término más feliz para hablar de reparar la justicia que se ha quebrado, pero es el que se usa de una manera técnica para señalar que una víctima de violación durante un conflicto armado –o una víctima asesinada o una víctima desaparecida o una víctima sin piernas por un atentado– tiene el derecho a ser resarcida en su dignidad.

Tiene la oportunidad otorgada por el Estado de ser desagraviada. Es así que en el Perú surge el Plan Integral de Reparaciones que es obligatorio para el Estado peruano. El proceso de este plan ha sido lento, pero finalmente se está llevando a cabo gracias a la persistencia de personas comprometidas. El Consejo de Reparaciones, la institución técnica que tiene la misión de levantar el catastro de víctimas, está funcionando luego de penas y retrasos –sobre todo después de prescindir de casi todo el personal por falta de presupuesto durante el 2009– pero hoy en día ya tiene registradas 84,747 personas como víctimas. Según su secretario técnico, Jairo Rivas, es probable que se llegue a una cifra alrededor de los 100 mil registrados para cuando termine el periodo (julio del 2011).

Pero el asunto no son solo las cifras. Es la ejecución de las reparaciones:  llevar a la realidad el desagravio a una persona que pasó por el infierno de la violencia política.  Las reparaciones son simbólicas pero también económicas y tienen varios componentes.  Si bien el Estado peruano ha respondido con un presupuesto para reparaciones colectivas, aún no se pronuncia sobre las reparaciones individuales, ni sobre temas de salud, acompañamientos psicológicos, acceso a la educación y reparaciones para desplazados. Esto no depende del Consejo de Reparaciones sino de la Comisión Sectorial de Alto Nivel – CMAN, conformada por el MEF, la PCM y el MINDES. A los cinco años de funcionamiento de este organismo, digamos que hay –para ser políticamente correctos– “poca voluntad” por llevar a buen término el plan.  Y esto implica que la joven ayacuchana, ahora abuela, siga mendigando justicia en este país que, según dicen, avanza.

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