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El anuncio gubernamental de la pronta entrega de reparaciones económicas a las víctimas de violación a derechos humanos en el conflicto armado interno se podría quedar solo en eso, en palabras, para las mujeres violentadas sexualmente en dicho periodo por la ausencia de un marco legal que les asegure el ejercicio de este derecho.

La institución DEMUS denunció la indiferencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que mantiene encarpetado el proyecto de ley N° 2906-2008/CR presentado en el 2008 por la legisladora María Sumire, entonces integrante de dicho grupo de trabajo.

La propuesta plantea que las mujeres víctimas de las diversas formas de violencia sexual ocurridas en el conflicto armado accedan a las reparaciones, pues la norma vigente reconoce el derecho solo a quienes sufrieron violación sexual/relaciones sexuales no consentidas.

“Entre los años 1980 y el 2000 miles de mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual, a embarazos y prostitución forzada, a desnudamientos y abortos forzados, principalmente por soldados y policías, y por miembros de Sendero Luminoso y el MRTA. Siendo todos ellos perpetradores de derechos humanos, es muy grave que agentes del Estado con la obligación de proteger estén en esta condición”, afirmó María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS.

Explicó que Ley 28952 que hace posible el Plan Integral de Reparaciones considera como víctimas a las mujeres violadas pero ignora a las que vivieron las otras formas de violencia sexual. De allí la necesidad de contar con el debido respaldo legal para que su derecho a las reparaciones no sea objeto de dudas, interpretaciones o negación.

“Estamos demandando que las reparaciones se otorguen a las víctimas de violencia sexual sin distinción, y que estén incluidas en las reparaciones económicas a entregarse este año para lo cual se ha previsto un presupuesto general de 20 millones de soles. Nuestra propuesta plantea además que estas medidas sean parte de las reparaciones integrales a las que tienen derecho
las víctimas, es decir simbólicas, colectivas, en educación y salud”, afirmó Cedano García.

El proyecto de ley está congelado en la Comisión por oposición de la bancada fujimorista pese a que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), ente rector de las políticas públicas contra la violencia a la mujer, han recomendado su aprobación. El presidente Rolando Souza no pone el dictamen a debate hasta la fecha.

Ahora, contradictoriamente y sin argumentación jurídica válida el Ministerio de Justicia se ha pronunciado en contra, lo que mereció el cuestionamiento público de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que abogó por las reparaciones a las víctimas. “En ese contexto, DEMUS considera de urgente prioridad la aprobación del proyecto”, remarcó.

La abogada exigió que la Comisión de Justicia tome en cuenta la opinión del MIMDES, más aun cuando una meta del Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer prevista para el 2009, es precisamente lograr la aprobación de la iniciativa presentada por Sumire.

Cedano García planteó también que solicite la opinión del Consejo de Reparaciones, instancia dependiente de la PCM, que ha ampliado sus criterios para acreditar los casos de diversas formas de violencia sexual y por tanto las víctimas puedan ejercer su derecho a reparaciones.

24 Febrero 2011


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