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Editorial de NoticiasSER.pe

Luego de un tropiezo mayúsculo que enrarecía aún más la campaña electoral, el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la Resolución 038-2011 por medio de la cual obligaba a las empresas encuestadoras a brindar los datos personales de las personas encuestadas. Dicha medida, además de ser inviable en su cumplimiento y adolecer de vicios de inconstitucionalidad por afectar el derecho a la reserva de las convicciones políticas, vulneraba el principio básico del anonimato que se debe preservar en la realización de estudios de opinión.

Este error pudo ser corregido gracias a la reacción de las encuestadoras, de los medios de comunicación y sectores de la opinión pública que se pronunciaron en contra de la norma, evitando que el JNE accediera a los pedidos de ciertos políticos y candidatos poco favorecidos con las últimas encuestas, que salieron en defensa de la misma. Por supuesto, esto no otorga carta blanca a quienes realizan las encuestas, sino que las obliga a tener mayor rigurosidad para recoger adecuadamente las opiniones de la población.

Por otro lado, el gobierno ha anunciado la derogatoria parcial de los criticados e inconstitucionales Decretos de Urgencia 001 y 002 -2011, por lo que los 33 mega proyectos de infraestructura que se busca priorizar deben cumplir con presentar el Estudio de Impacto Ambiental en la fase previa a la concesión definitiva. Si bien es cierto, esta decisión no recoge en su totalidad el amplio reclamo de la ciudadanía, medios de comunicación y de actores tan importantes como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Defensoría del Pueblo, es un paso atrás en una decisión que ponía en cuestión la institucionalidad ambiental tan necesaria para garantizar el debido respeto y conservación del entorno en el que habitamos, especialmente cuando se pretenden ejecutar grandes proyectos de inversión.

La raíz del problema en los casos señalados es la manera en la que las instituciones estatales emiten las normas, es decir sin mayor consulta ni debate previo, y sin contar siquiera con la opinión de los directamente afectados. Esta manera de gobernar y legislar ya no es posible en un mundo donde la idea misma de la democracia se ha ampliado para garantizar la mayor capacidad de participación de la ciudadanía. En ese sentido, legislar a espaldas de la opinión pública es un contrasentido que acaba provocando la firme sospecha de que el Estado responde a intereses particulares.

En Noticias SER saludamos la decisión del JNE Sin embargo, consideramos que los Decretos de Urgencia 001 y 002 deben ser derogados y cualquier norma que se emita al respecto debe pasar necesariamente por el debate en el Congreso de la República y contar con la más amplia participación de la ciudadanía.

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