CIDH: Audiencias

Publicado el 31 marzo 2011 por en blog, Noticias, Opinión

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Por Rocío Silva Santisteban, publicado en La Mula 30/3/2011

Felipe Gonzáles, Dinah Shelton (presidenta) y Jesús Orozco, comisionados de la CIDH.

El día de ayer se presentaron durante la semana de audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH lleva en Washington DC una serie sobre Perú. En primer lugar los representantes de los familiares y afectados por la violencia política consignados en lo que acá se denomina “el comunicado conjunto”, un reconocimiento que hizo el Estado peruano en el año 2001 sobre 159 casos (509 personas involucradas), pudieron finalmente conseguir que los representantes del Estado, en la persona de Jesús Aliaga, funcionario de la Comisión Multisectorial de Reparaciones, firmen un acta de compromiso para presentar un calendario de cumplimiento de los mismos y sanear un terreno que forma parte del paquete de reparaciones. Estos 159 casos se encontraban en la CIDH cuando subió el Gobierno de Transición, y por eso mismo, ante el cambio de situación política del Perú, se decidió incluir todos los casos en un “comunicado conjunto” de buena voluntad entre las partes. Lamentablemente desde el Gobierno de Valentín Paniagua no se ha avanzado mucho sobre este tema.

Luego se presentaron varias audiencias temáticas: la primera fue solicitada por el Estado Peruano sobre acceso a la justicia. La presentación fue larga y engorrosa, a cargo de María del Carmen Abregú, centrada básicamente en el nuevo Código Procesal Penal-CPP. Abregú a su vez insistió mucho en que las reformas de la justicia apuntan a subrayar la oralidad en el proceso frente a la exagerada literalidad de los anteriores y que esto beneficia a los usuarios. Nosotros, de parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, David Lovatón, Javier La Rosa y yo misma,  participamos de esa audiencias como contraparte, para saludar por supuesto las reformas del Estado Peruano, pero sobre todo, para dejar en claro que a pesar del cambio del CPP, el acceso a la justicia en el Perú sigue siendo lento, burocrático, precario y sobre todo injusto. Se habló sobre reformas penitenciarias, pero en la práctica las cárceles siguen hacinadas, sobre todo el CP Lurigancho, y los propios comisionados le preguntaron al Estado peruano sobre le situación del feminicidio en el Perú a lo que Abregú contestó que se trataba de un asunto cultural. Cierto: el machismo debe ser descartado porque es la base del feminicidio, pero el Estado tiene que tomar este asunto como política pública y no como excusa ante la inoperatividad del alza de feminicidios.

La siguiente audiencias fue solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y CEDAL sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos- PNDH. Javier Mujica, Ercilio Moura y yo misma, expusimos las virtudes y los defectos del plan, pero sobre todo, se hizo un balance sobre las actividades que no se concretaron y que estaban planteadas dentro del plan. El Estado peruano a través de Stephen Haas, secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos, presentó una serie de alcances sobre lo avanzando, pero a pesar de la buena voluntad del propio Hass, es ineludible que el gobierno actual no tiene el más mínimo interés en fortalecer el plan y su accionar. Ni siquiera los diversos órganos del Estado han considerado el enfoque de derechos humanos como una visión transversal. Esperemos que el próximo gobierno pueda realmente comprometerse con este Plan que, a pesar de todo, está bien hecho y muy consensuado con la sociedad civil.

La tercera audiencia fue sobre el caso de los trabajadores cesantes y jubilados de la SUNAT que fueron despedidos y se presentó un reporte completo a cargo de Javier Mujica.

La última audiencia, bordeando las 7 de la noche, fue sobre la independencia del Poder Judicial y fue la más candente de todo el día. David Lovatón, de IDL, presentó una radiografía de la poca independencia de la justicia en el Perú a pesar de que durante los dos últimos años se han dictado sentencias ejemplares como la de Alberto Fujimori. Lovatón se centró en dos asuntos importantes para la independencia de la justicia en el Perú: la relación entre el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, y el Partido Aprista peruano, y la poca transparencia de los miembros de la Corte Militar de Justicia, uno de los cuales, Orlando Tafur, firmó la tristemente célebre acta de sujeción a Vladimiro Montesinos. Ambos se encontraban en la sala de la CIDH. Solo Carlos Mesía tomó la palabra para oponerse a la propuesta del abogado del IDL. Lamentablemente, además de remarcar la importancia de algunas sentencias ejemplares del Tribunal Constitucional, lo cual es cierto, solo defendió su posición sosteniendo que el todos los 1 de agosto va a visitar la tumba de Victor Raúl Haya de la Torre porque es parte “de mi personalidad y tengo derecho a ello”. Sin duda que tiene derecho a participar de cualquier grupo político y de esta manera articipar de los rituales, afectivos, de los mismos. Pero eso precisamente confirma la poca independencia de su persona como presidente del Tribunal Constitucional durante un periódo de gobierno aprista. Es cierto que hace poco el Tribunal Constitucional se han manifestado contra el Dec Leg 1097, ya derogado desde hace meses, y han sentado precedente de que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Es una excelente sentencia, hubiera sido mejor, claro, que fuera dada antes de que Vargas Llosa tuviera que renunciar al Lugar de la Memoria para sentar su posición frente a ese decreto. Si los miembros del TC hubieran acelerado su posición, tendríamos aún a Vargas Llosa como director de ese importante espacio de la memoria en el Perú.

Esta kolumna ha sido enviada desde Washington DC.