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Foto y texto diario La Primera. Video Guarango

Georgina Gamboa, narra su dolor, acompañada de Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH.

“Fueron siete policías los que entraron a mi casa, me golpearon y violaron”, contó Georgina Gamboa, quien es uno de los 1555 casos de violación sexual que se han registrado de los que ocurrieron durante el conflicto armado interno que sufrió el Perú. Y es que un 29 de diciembre de 1980, una diligencia policial de Vilcashuamán, Ayacucho, comenzó a investigar sobre el asesinato de Benigno Medina del Carpio, propietario de la Hacienda de San Agustín de Ayzarqa.

Se podría decir que Georgina fue una de las inculpadas de este crimen: el personal policial entró a la casa de Georgina para buscar a los culpables de un crimen cometido en realidad por integrantes de Sendero Luminoso. Luego de golpearla la violaron, producto de ello, resultó embarazada.

Por si fuera poco, ella fue procesada injustamente por el crimen contra el hacendado Medina y recluida en una cárcel ayacuchana. Luego de cuatro meses, fue liberada cuando los jueces se dieron cuenta de que era menor de edad y, por ello, no podía ser procesada. Hoy luego de 30 años, Gamboa pide ser reparada por el Estado, que cumplan con su pasado lleno de dolor y que no se olviden de las demás mujeres que como ella también sufrieron este tipo de agresiones.

Incluir reparaciones en PIR
Para María Isabel Cedano, directora de Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS), las autoridades del gobierno deben reparar casos como el de Georgina Gamboa, no solo de manera económica, sino integral con atención en salud y Educación. Además, demandó que “para que se incluya dentro del Plan Integral de Reparaciones (PIR) los casos de violencia sexual. No solamente, como es ahora, con la violación sexual”. Actualmente, son 347 casos registrados de violencia sexual.

Por su parte, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indicó que la comisión de Justicia del Congreso de la República tiene como máximo 60 días para que dictamine el proyecto de ley que incluye la violencia sexual en el PIR, y, con eso, sea debatido en el pleno para su posterior aprobación. De lo contrario, con el nuevo Congreso, “todo volvería a fojas cero”.

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