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Editorial de El Comercio, Jueves 28/04/2011

¿Cuál es su real visión sobre los derechos humanos? Queda mucho por explicar sobre políticas integrales y transversales…

Uno de los pilares del sistema democrático es, indudablemente, el respeto de los derechos humanos, cuya vigencia irrestricta tiene que ser garantizada por el Estado y los gobiernos que lo administran. De allí la preocupación de la ciudadanía sobre la prioridad que los candidatos que compiten por la presidencia prestan al trascendental asunto.

Los derechos humanos, recordemos, son inherentes a la persona humana y anteriores a la constitución del Estado, por lo que de ninguna manera pueden considerarse como una dádiva de este, sino que, por el contrario, explican y justifican la existencia del mismo. De allí la tremenda e intolerable aberración que se da cuando es el Estado, lo que lamentablemente no es poco frecuente, el que conculca y pisotea los derechos de las personas.

Nuestra historia reciente nos ha confrontado con gobiernos que sucumbieron a la tentación dictatorial o autoritaria, en las décadas de los 70 y los 90, lo que trajo consigo la suspensión de las garantías para el ejercicio de derechos ciudadanos básicos y nos sumergió en un círculo vicioso y oscuro de amenazas, abusos y hasta execrables atentados contra la vida humana, que merecieron la repulsa de la ciudadanía y de la comunidad internacional.

Superar dichos estadios puso a prueba el temple democrático de los peruanos, que aprendimos, con grandes sacrificios, no solo a apreciar aun más la primacía de los derechos humanos sino también a buscar modos de garantizarlos. Evidentemente, el aporte de la comunidad internacional, a través de una nueva doctrina incorporada progresivamente por la mayoría de los estados, y de instrumentos para aplicarla, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional, ha sido sumamente valioso.

Para el Perú, la actuación de la CIDH fue crucial para deshacer figuras absurdas como los ‘tribunales sin rostro’, volver a enjuiciar a los militares acusados por crímenes contra derechos humanos como producto de la guerra antisubversiva y dar muestras inequívocas de que la impunidad es incompatible con un Estado democrático. Colateralmente, fuimos alertados sobre la necesidad de reformar las entidades del Poder Judicial, en lo que aún queda mucho por hacer, aunque debemos destacar actuaciones históricas en procesos impecables contra acusados por delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó un informe que nos enrostró cifras y realidades vergonzantes, a partir de la barbarie terrorista. Otro hito fue la creación de la Defensoría del Pueblo –y antes del Tribunal de Garantías Constitucionales– que ha contribuido a poner los cimientos de una nueva cultura de conciencia, respeto y defensa de los derechos ciudadanos.

Dicho esto, subrayemos que en la primera vuelta electoral el tema de los derechos humanos se trató tangencialmente. Ahora, a poco más de un mes de las elecciones del 5 de junio, tenemos que exigir a los dos candidatos, que arrastran en mayor o menor medida un déficit en el tema, una posición clara sobre este asunto tan complejo, amplio y vital para el Estado, la convivencia social y la gobernabilidad democrática.

¿Cuál es su real visión sobre los derechos humanos? Queda mucho por explicar sobre políticas integrales y transversales, que demuestren el real compromiso de los candidatos y sus movimientos con el respeto a la vida, a la integridad, a las libertades individuales, a las creencias políticas, religiosas o sexuales, a las minorías de todo tipo, al pluralismo y a la libertad de prensa y de empresa, entre otros derechos, que no pueden ponerse en entredicho bajo ninguna circunstancia en el Estado democrático.