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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de la Segunda Sala Penal de Justicia de Loreto, que establece la absolución de los 21 indígenas comprendidos en el Caso Andoas.

Según la resolución emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema, se reitera, que si bien se ha comprobado la ocurrencia de los hechos violentos el pasado 08 de marzo del 2008, no se ha comprobado la responsabilidad de los acusados en los dichos actos.

En declaraciones al diario La Región de Iquitos, Jorge Tacuri Aragón, abogado defensor de los indígenas señaló que la sentencia aporta jurisprudencia en favor de quienes defienden sus territorios frente a los daños y efectos causados por las actividades extractivas, además de crear un precedente importante para la solución de los conflictos sociales y criminalización de la protesta.

Tacuri Aragón anunció, además, que se viene estudiando la posibilidad de pedir indemnización por error judicial, a favor de los ocho pobladores indígenas del Tigre y del Pastaza que fueron detenidos y encarcelados. También queda la posibilidad de estudiar una reparación colectiva por parte del Estado, respecto al tratamiento judicial porque fue un proceso largo, penoso, que duró tres años y medio (ocho meses de proceso judicial).

Por su parte, Vladimir Pinto, integrante del Programa de Defensa de Derechos Indígenas, señaló que esta resolución es producto de un enorme trabajo de incidencia de la Federación de Indígenas Quechua del Pastaza y de una dura batalla judicial contra la fiscalía y la empresa.

“Anteriormente se había logrado que  la Corte Superior de Iquitos absuelva a todos los indígenas implicados, evidenciando que los hechos materia de la protesta se insertan en un contexto de vulneraciones y abandono sistemático, frente a los cuales la población indígena reaccionó”, sostuvo.

Puntualizó que la sentencia involucra una crítica expresa a la utilización del derecho penal como medio para enfrentarlos conflictos sociales y reivindica los derechos indígenas como marco de interpretación que debe considerar el juez penal, tan dramáticamente autoreferencial y positivista por regla general. «Consideramos que al confirmarse este fallo, se marca un precedente importante para los cientos de juicios similares contra dirigentes indígenas y sociales en el Perú. Ojalá sea de interés y de ayuda en sus diversas luchas», finalizó.

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