0
Compartir

Defensoría del Pueblo señala que es necesario asegurar los recursos suficientes para los programas de reparación pendiente y, en particular, para reparaciones económicas individuales.  Propone unificar la CMAN y el Consejo de Reparaciones para fortalecer la entidad a cargo de las reparaciones.


En el marco de una reunión sostenida con una delegación de autoridades comunales que llegaron de diversos distritos de las provincias de la región Ayacucho, para solicitar que el Estado atienda sus demandas en materia de reparaciones, el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, anunció que su institución remitió una carta al Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, mediante la cual se propone una agenda para continuar las tareas pendientes a favor de las víctimas de la violencia política.

“La Defensoría del Pueblo considera que, en materia de reparaciones, el nuevo Gobierno debe asegurar los recursos suficientes para la implementación de los programas pendientes y, en particular, el de las reparaciones económicas individuales”, se expresa en el documento. Del mismo modo, y de manera específica, se propone la atención de cinco temas prioritarios, afirmó Vega durante la reunión que sostuvo con los representantes que llegaron desde Huanta, Huamanga y Vilcashuamán.

En cuanto a las Reparaciones económicas se plantea la revisión inmediata de las normas emitidas para dar inicio al Programa de Reparaciones Económicas, no solo del D.S. Nº 051–2011–PCM, sino de las directivas internas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que fueron aprobadas para viabilizar la entrega del dinero.

En materia de Reparaciones en salud se recomienda el diseño y ejecución de un programa que contemple todos los componentes contenidos en el Reglamento del Plan Integral de Reparaciones (PIR) y atienda las afectaciones físicas y mentales generadas en el curso del proceso de violencia. Asimismo, se debe coordinar con el sector salud para que se implementen los servicios necesarios en la zona: postas médicas y personal especializado, etc.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo plantea, en lo concerniente a las Reparaciones en educación, modificar el Reglamento del PIR para incorporar la posibilidad de que las víctimas beneficiarias del programa de reparaciones en educación cedan su derecho a un familiar.

Asimismo, aún continúa pendiente el diseño de este programa, el cual consiste –principalmente– en la suscripción de convenios entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y las entidades educativas de formación superior (técnica y profesional), a fin de que se otorguen beneficios de reserva de vacantes, exoneración de pagos y derechos académicos a favor de las víctimas de la violencia inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV). En el documento enviado a la PCM se sostiene que. en cuanto a participación de las víctimas y sus organizaciones, se debe implementar los mecanismos de coordinación efectivos y permanentes entre las entidades del Ejecutivo encargadas del diseño y ejecución de los programas de reparación, y las víctimas de la violencia, a fin de que se incorporen sus aportes. Asimismo se plantea el reconocimiento expreso de “violencia sexual” como afectación a los derechos humanos en el PIR y la definición de beneficios para estas víctimas. Si bien aún se encuentra pendiente la aprobación del proyecto de ley para que se reconozcan de manera expresa en la Ley N° 28592, “otras formas de violencia sexual distinta a la violación sexual”, el Consejo de Reparaciones continúa acreditando a estas víctimas. No obstante, en el Reglamento del PIR no se han establecido los beneficios que le corresponden.

Por otra parte, también se ha propuesto evaluar la conveniencia de unificar en un solo ente las labores que realizan el Consejo de Reparaciones y la CMAN, en aras de fortalecer este proceso. En razón de ello, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, puntualizó que esta propuesta no significa dejar de lado otros programas de reparación que se encuentran pendientes, como son la restitución de derechos, promoción y facilitación al acceso habitacional y simbólicas. “Esta es una obligación y un deber impostergable del Estado. Han pasado muchos años y algunas víctimas o sus familiares han fallecido sin recibir una atención integral y adecuada a sus justas demandas”, expresó la funcionaria.

Finalmente, Vignolo reiteró la confianza de su institución en que las nuevas autoridades encaminarán sus esfuerzos para cumplir con las tareas pendientes en esta materia, permitiendo un proceso más participativo, inclusivo, dialogante, que escuche y valore los aportes de todas las víctimas y los de sus familiares.

Puede interesarte: