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Representantes de organizaciones indígenas y congresistas de la bancada nacionalista discutieron hoy sobre la Ley de Consulta Previa, postergada en los debates del Pleno del Congreso por oposición de distintas bancadas políticas.

Las organizaciones indígenas y campesinas ratificaron su pedido para que el Congreso de la República apruebe nuevamente la Ley de Consulta Previa que fue resultado de varios años y arduas negociaciones con el Estado y que había sido aprobada por el anterior Parlamento el 19 de mayo de 2010.

En un pronunciamiento al país que también está suscrito por las organizaciones del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sostienen que dicho dictamen contiene los estándares mínimos jurídicos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El congresista Javier Diez Canseco, reafirmó la necesidad de aprobar la Ley de Consulta con el texto consensuado del 19 de mayo de 2010, a pesar de los intereses que podrían afectar dicha aprobación.

“Como se ha hecho público por diversos medios de comunicación de que hay una corriente de intereses vinculados a empresas de los sectores de industrias extractivas que pretenden (..) aprobar la norma con los allanamientos que hizo el presidente Alan García”, cuestionó el congresista.

Más del 60 por ciento de los conflictos sociales que hay en el Perú son conflictos entre industrias extractivas y comunidades indígenas que son afectadas por éstas, trajo a la memoria Diez Canseco.

En declaraciones a la prensa, Diez Canseco, dijo que existen varias salidas para concretar la aprobación de la Ley de Consulta, una de ellas, a través de la Junta de Portavoces, en la cual “los únicos que votaron a favor fueron los (congresistas) de Gana Perú”.

Por su parte, el congresista nacionalista Eduardo Nayap, de la etnia awajún, afirmó que “no puede haber democracia sin un diálogo sincero, fluido, donde se escuche la posición de ambos lados, en ese sentido, yo creo en la capacidad de reflexión del Congreso de la República (para la aprobación de la Ley de Consulta)”.

Por otro lado, la congresista nacionalista por la región Cusco, Julia Teves Quispe, reconoció que en este momento existe una predisposición de muchos congresistas para aprobar la Ley de Consulta Previa, lo cual ayudará “a reducir los conflictos sociales”.

A su turno, Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), dijo que la falta de diálogo con las comunidades es la raíz de los conflictos sociales.

Por ello declaró la necesidad de un acercamiento entre las organizaciones indígenas y los parlamentarios que estén dispuestos a apoyarlos: “siempre estaremos dispuestos al diálogo”, enfatizó.

Walter Kategari, de la Asociación Interétnica del Desarrollo Peruano (Aidesep), expresó la esperanza de la organización amazónica de que con la nueva administración del Estado se va a dar un diálogo para poder concertar. A su vez, expresó que “los congresistas al margen de las camisetas políticas que puedan tener, deben pensar en el Perú primero”.

Por otro lado, Hernán Coronado, de la CNDDHH, explicó que en la región existen experiencias positivas en relación a la Ley de Consulta Previa.

Proyectos de esta ley se encuentran debatiendo en los parlamentos de Ecuador, Bolivia, Colombia. “En el Perú no hay un reconocimiento textual (de la Ley de Consulta), pero sí hay un reconocimiento implícito, a partir de que el Convenio N°169 forma parte de nuestra legislación nacional”, señaló.

Es decir que la Ley de Consulta no crea el derecho a la consulta, pues éste está vigente desde el año 1995, “lo que ha habido es un incumplimiento sistemático de este derecho”, criticó.