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La Asociación SER presenta una agenda con recomendaciones sobre temas centrales para la gestión del territorio y los recursos naturales en el contexto de expansión minera. La propuesta se enfoca en los conflictos vinculados a la gran minería desde la entrega de las concesiones y durante la fase de exploración.

Entre las medidas propuestas se encuentra la elaboración de una política nacional de ordenamiento territorial, así como la aprobación de una ley de ordenamiento territorial que establezca claramente las competencias entre niveles de gobierno en relación a esta materia y cree mecanismos de articulación entre los procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y local. Asimismo, se propone la participación de las instancias competentes para que emitan opinión técnica sobre el otorgamiento de concesiones y plantea el desarrollo de una política de información que involucre la participación de los gobiernos regionales.

En cuanto a los instrumentos de gestión ambiental, la agenda apunta a una mayor participación del Ministerio del Ambiente así como a fortalecer la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas para que tenga mayor autonomía frente a los órganos de línea de dicho sector.

De otra parte, propone modificaciones a la normativa de participación ciudadana del sector minero, considerando que los mecanismos de participación actuales no son adecuados. Asimismo, considera que la participación es un asunto público y, por tanto, debe ser implementada por las entidades estatales respectivas y no por las empresas mineras, como actualmente se hace.

Las recomendaciones también abordan el tema las entidades competentes de la prevención y resolución de conflictos: se señala la necesidad de fortalecer  la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros –desarrollando el análisis y la formulación de estrategias preventivas-; y se menciona la importancia de elaborar una política estatal para la gestión de conflictos que ordene los roles de las distintas instancias competentes y reconozca una mayor participación de los gobiernos regionales.

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