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La solución de punto final es una solución de impunidad

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza las expresiones del Ministro de Defensa Daniel Mora quien declaró que el Perú debe llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

APRODEH considera inaceptable e inadmisible porque  constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos , que el ejecutivo cumpla con su obligación de entregar la información que tiene en su poder  y que ha venido negando al sistema de justicia peruano y así garantizar su total independencia.

El tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia a señalado:

“4 (…) es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y  sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar (…)

Francisco Soberón, Director ejecutivo de APRODEH, señaló que “en los últimos años, la posibilidad de determinar responsabilidades individuales a estas graves violaciones se ha visto impedida por la nula colaboración del sector defensa con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. La inacción del estado ha impedido que la justicia sea pronta e inmediata en todos estos años.”.

Asimismo, Soberón indicó que “el clamor de justicia es un reclamo justo en los estados democráticos y que por la experiencia en los países latinoamericanos, demuestra que este tipo de planteamientos son declarados inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsin en Argentina”.

El derecho internacional ha establecido el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, tal como se puede ver en la sentencia emitida por la  Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de marzo de 2001 por el caso Barrios Altos:

“(…) 41.         Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

APRODEH, organización que desde hace 29 años viene acompañando la demanda de justicia de los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, recuerda que este planteamiento no existía en el plan de gobierno original ni la Hoja de ruta de Gana Perú y exige el  pronunciamiento oficial del Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis, quien en su discurso  ante el Congreso, se comprometió a impulsar el proceso de reparación a través del Plan Integral de Reparaciones, tema donde Mora dice que es injusto que se reconozca a las víctimas del Estado y no a los militares y policías víctimas, desconociendo de esta forma que el Registro Único de Víctimas reconoce a ambos.

“Impulsaremos el proceso de reparaciones a través del Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a victimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica.

Asimismo, APRODEH exige que se cumpla con el integro de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cabe resaltar que en el marco del Octavo Aniversario de la Entrega del Informe final, Sandra García, representante de las Viudas y madres de las víctimas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con Doris Caqui, representante de las víctimas del estado, reclamaron de forma conjunta su derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación, por lo que es inaceptable la  división que el ministro de defensa pretende hacer de las víctimas.

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