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Los dirigentes del Sindicato de la Minera Casapalca, Pedro Condori Laurente y Antonio Quispe Camayo, fueron absueltos por el 34 juzgado Penal de Lima en el proceso que se les siguió por el presunto delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad.

Condori y Quispe estuvieron presos cerca de dos meses, luego que a fines de diciembre de 2010, el Juzgado Mixto de Matucana, a cargo del juez Sergio del Águila Salinas, abriera proceso penal y dictara mandato de detención. Ambos fueron acusados de impedir a la policía y al Fiscal de Matucana, Santos Huamán Bobadillo, de realizar el levantamiento del cadáver de un obrero minero fallecido producto de un accidente, en julio de 2010.

En su resolución, la jueza convalida la tesis de la defensa al establecer que no existió tal oposición ni mucho menos violencia o amenaza por parte de los procesados, sino más bien un afán de la empresa de perjudicar a estas personas por el rol sindical que ejercen. La magistrada deja entrever que el representante de la minera Casapalca, Robert Cueva, habría cometido delito por denunciar falsamente a estos y otros dirigentes, por lo que dispone se remita el expediente a la Fiscalía de Turno para que actúe conforme a sus atribuciones.

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, saludan este pronunciamiento y exigen a las autoridades del Ministerio del Interior y del Poder Judicial que se ponga fin a los hostigamientos contra los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Minera Casapalca.

Datos:

En la actualidad, queda pendiente un proceso penal abierto contra Pedro Condori y Antonio Quispe, el cual se encuentra en el Juzgado Mixto de Matucana, por el presunto delito contra el patrimonio – usurpación agravada en perjuicio de la empresa minera Casapalca. La denuncia fue interpuesta por el representante de la empresa, Robert Cueva.

El hostigamiento judicial contra los dirigentes de Casapalca ha sido  denunciado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, quien en su informe del año 2010 encontró responsabilidad en el Estado peruano por la detención arbitraria, por más de seis meses, del Secretario General Pedro Condori, acusado injustamente de haber causado la muerte de un efectivo policial el año  2008.