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Normas permiten de manera inconstitucional el uso de la fuerza letal de las Fuerzas Armadas contra la protesta social y la criminalización de las mismas

En la Audiencia «Política de derechos humanos del Gobierno peruano», convocada en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, a través de su representante, David Velazco.

“En el último gobierno de Alan García, los conflictos sociales se incrementaron significativamente”, manifestó  David Velazco. Además, el portavoz de Fedepaz, indicó que el gobierno anterior intentó desmovilizar la protesta social criminalizándola y reprimiéndola, lo cual ha originado a la fecha: la muerte de 66 civiles y 26 policías; lesiones severas en 628 personas (varias de las cuales perdieron la extremidades como consecuencia de la represión) y el procesamiento judicial de más de 1,200 personas entre dirigentes y miembros de las comunidades rurales, urbanas, sindicatos, etc.

Asimismo, David Velazco, recalcó que con los Decretos Legislativos 982, 983, 984, 985, 986 y 987, se ha criminalizado la protesta social al calificar como delito conductas que en realidad son ejercicios de derechos. Con el mismo propósito, el Gobierno de García, violando la delegación de facultades que le dio el Congreso, aprobó el Decreto Legislativo 1095 que permite el uso inconstitucional, desproporcionado e injustificable de la fuerza letal en la represión de la protesta social por parte de las fuerzas armadas.

Ante ello, “solicito al Estado Peruano -en el marco de su nueva política de derechos humanos- la derogatoria de los decretos legislativos 982, 983, 984, 985,986 y 987 que legalizan la criminalización de la protesta social; así como del decreto legislativo 1095 que permite el uso letal de las fuerzas armadas y la indebida ampliación de la competencia de la justicia militar a casos de violaciones de derechos humanos; aprobar y ejecutar una política pública de reparación a los criminalizados sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, y el cese de toda política de criminalización y persecución judicial contra los dirigente sociales y defensores de derechos humanos”, enfatizó David Velazco.

Fuente: FEDEPAZ

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