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El conflicto producido por la ejecución del proyecto Conga está en su etapa más álgida. Habiéndose frustrado el proceso de diálogo entre la población de Cajamarca, la minera Yanacocha y el Estado, estamos ad portas del paro regional indefinido convocado por las autoridades de la región. Ante la proximidad de este hecho el Instituto de Defensa Legal manifiesta lo siguiente:

1.      Es deber del Estado velar por la seguridad de la población cajamarquina, la instalaciones y personal de la mina. Las partes involucradas deben evitar todo tipo de acto violento. La protesta y la huelga son derechos constitucionales, pero deben ser ejercidos con responsabilidad y en forma pacífica.

2.   La información en torno a los preparativos del paro regional en Cajamarca son preocupantes. Versiones, confirmadas o no, sobre el posible uso de armas de fuego por parte de personal del estado, de personal de seguridad de la mina y de los manifestantes solo ocasionan mayor incertidumbre y tensión en relación al inicio de esta manifestación que se anuncia como pacífica y que debería tener como fin evidenciar la legítima insatisfacción que tiene un sector de la población cajamarquina en torno al proyecto Conga y la posición del Estado.

3.   Creemos firmemente que todavía estamos a tiempo para encontrar los canales de diálogo que puedan satisfacer a todas las partes. Hay que salir del entrampamiento de “Conga va de todas maneras” o “Conga no va de ninguna manera”, estamos seguros que se pueden encontrar soluciones alternativas. Este caso es tan importante para la población, el Estado y la empresa, que se puede convertir en la gran oportunidad para encontrar un nuevo esquema de solución de conflictos que pueda utilizarse para resolver problemas originados por concesiones, sean nuevas o ya establecidas; a fin que todas las partes puedan defender sus derechos e intereses. Ello, sin duda, reduciría la falta de confianza y credibilidad que mutuamente existe.

4.   Para ser coherentes con la promoción de una minería responsable, aspiración de la mayoría del país, nos parece lógico y legítimo el reclamo de revisión del informe del impacto ambiental (EIA) y que se haga por una autoridad que no sea el Ministerio de Energía y Minas, ya que tiene fundamento el conflicto de intereses existente al ser el Ministerio que promueve la inversión. Si efectivamente no existen los problemas que denuncia la población, ni la minera ni el Estado tendrían por qué oponerse a ello.

5.   Es entendible la preocupación de la población cajamarquina, por la posible eliminación de cuatro lagunas y el futuro ambiental de su región, preocupación que es deslegitimada por la empresa, supuestamente por falta de fundamento; el problema debería ser resuelto por un nuevo estudio hidrogeológico.

6.   Justamente el retomar este proceso de diálogo será tan importante para abordar puntos como: (i) la necesidad de elaborar un ordenamiento territorial del suelo peruano, a fin de tener certeza sobre en qué áreas se puede desarrollar actividad minera y cuáles son las zonas intangibles, (ii) la forma en que deben hacerse las concesiones, (iii) el sentido de los EIA, (iv) la forma como la mina resguarda sus instalaciones y utiliza a su personal de seguridad, (v) la necesidad de respetar las condiciones para proteger la salud de las personas y la propia viabilidad de los ecosistemas, (vi) mejorar la forma en que la población también podría beneficiarse de la inversión, (vii) encontrar la manera en que se incluya la opinión de las comunidades afectadas en la toma de decisiones respecto a su desarrollo, a través de la consulta a los pueblos indígenas y otras formas de participación, tal como lo establecen los instrumentos internacionales.

7.   IDL espera que, así como el Estado busca la inversión en el país, también es urgente que cumpla su rol de tutela de derechos fundamentales y lo compatibilice con su principal norte: buscar la vida digna de los peruanos y peruanas, y promover un desarrollo sustentable sin daños ecológicos irreparables.

Lima, 23 de diciembre 2011

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