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Superando el dolor, familiares sepultaron a campesinos. Estado pidió perdón por estos crímenes del gobierno de Fujimori. Ahora falta ratificar la sentencia.


Tomado de La República

Debieron transcurrir 19 años y medio para que los nueve campesinos de Santa descansen en paz. Ayer fueron sepultados sus restos en el cementerio municipal Sandro Dordi, en medio de sentidas escenas de dolor de sus familiares.

Previo a este acontecimiento doloroso, el obispo de la Diócesis de Chimbote, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, ofició una misa en la parroquia Señor Crucificado de Santa, en presencia de los deudos, autoridades, líderes sociales y pobladores.

Los ataúdes fueron paseados en hombros por el perímetro de la plaza de armas de Santa y luego llevados al camposanto para que se dé cristiana sepultura a las víctimas del Grupo Colina.

Los nueve campesinos recibieron el adiós postrero y también el reconocimiento de sus familiares y amigos. El inmenso dolor experimentado en ese momento ocasionó que varios familiares se desmayaran, entre ellos doña Laura Sáenz, suegra de Carlos Tarazona More.

Don Alejandro Castillo Vega, un anciano de 90 años,  no paró de llorar en el último adiós que le dio a su hijo Dennis Atilio.

Estado pidió perdón

En el cementerio, el representante del Ministerio de Justicia, José Burneo, pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas, a sus familiares y al pueblo santeño; y condenó al Grupo Colina por el asesinato perpetrado el 2 de mayo de 1992 contra estos campesinos.

“El Estado pide perdón por el acto criminal cometido por funcionarios del ex gobierno de Fujimori, nunca más deben repetirse estas masacres, hay que defender la vida. Sé que nada compensará el dolor, pero justicia se hará con ustedes”, pronunció.

Confirmen la sentencia

Jorge Noriega Cardoso, papá de Jesús Noriega Ríos, pidió a los vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que el 28 de noviembre confirmen la sentencia en primera instancia emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El fallo judicial ordena cárcel para 25 procesados, entre generales del Ejército, Vladimiro Montesinos, así como contra los jefes y miembros del grupo paramilitar Colina; esto, además del pago de una reparación civil de 150 mil dólares por cada una de las víctimas.

Maribel Barrientos Velásquez, hermana de Carlos y Roberto, dijo que el hallazgo de los cuerpos y la forma cruel como fueron eliminados por agentes del grupo Colina confirman que se cometió un crimen de lesa humanidad y también un grave atentado contra los derechos humanos de las 9 víctimas.

Una tarea pendiente

Gisela Ortiz Perea, representante de los familiares del caso La Cantuta, estuvo presente en el último adiós a los nueve campesinos de Santa. Ella se sumó al pedido hecho al Estado para que repare a los deudos, y que los vocales de la Corte Suprema confirmen la sentencia.