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Al no haberse modificado norma que dio inicio al Programa de Reparaciones

  • Este 31 de diciembre finalizaría el período de identificación de beneficiarios que puedan acceder a los programas de reparación.
  • A la fecha, existen cerca de 23,000 solicitudes pendientes de calificación en el Consejo de Reparaciones.

Pese a que, el 10 de noviembre pasado, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel aprobó la modificación del Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM que dio inicio al Programa de Reparaciones Económicas Individuales, hasta la fecha no se ha oficializado esta medida, lo que ha generado una seria preocupación en la Defensoría del Pueblo ante el posible cierre del Registro Único de Víctimas (RUV) el próximo 31 de diciembre.

“El inicio del Programa de Reparaciones debe constituir una señal inequívoca por parte del Estado respecto de su obligación de reparar a los miles de víctimas. Por ello, en su momento, observamos con suma preocupación la norma que dio inicio a ese programa, porque vulnera el carácter permanente del Registro de Víctimas”, señaló el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, en un oficio dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde ha reiterado su pedido para que se modifique esta norma.

Vega Luna señaló que si la determinación e identificación de los beneficiarios culmina el 31 de diciembre, se estaría estableciendo un trato discriminatorio, pues solo aquellos que sean reconocidos en el RUV hasta esa fecha podrán acceder a este beneficio, y no así aquellos que logren su inscripción con posterioridad. “Esta medida contraviene, además, el carácter inclusivo y permanente del Registro”, agregó. Por su parte, la Adjunta para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, explicó que, según las cifras aportadas por el Consejo de Reparaciones, hasta la fecha existen cerca de 23,000 solicitudes pendientes de calificación para su inscripción en el RUV.

“Esta situación es grave porque el Estado dejaría de reconocer el derecho de miles de personas afectadas si el Registro de Víctimas se cierra este mes. Los compatriotas que sufrieron directamente esta violencia, en su mayoría, pertenecen a las zonas más alejadas y pobres de nuestro país. Debe ser parte de una política prioritaria de inclusión que el Estado reconozca sus derechos y justas demandas. No podemos permanecer indiferentes a tanto dolor y frustración”, enfatizó la funcionaria. De igual modo recordó que el Decreto Supremo N° 051-2011 contiene otros aspectos que –de mantenerse vigentes– podrían afectar de manera irreparable a las víctimas. “Por ejemplo, los criterios de priorización para acceder al Programa de Reparaciones Económicas Individuales atienden principalmente a la edad, sin considerar la situación de aquellas personas que sufren enfermedades graves y que necesitan del apoyo inmediato del Estado, entre otros”, añadió.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo espera que el Estado atienda esta obligación y espera una pronta modificación de esta norma, que debe servir para sentar las bases de una verdadera y justa atención a las víctimas de la violencia política ocurrida en el país entre los años 1980–2000. De ahí su enorme trascendencia en el afianzamiento de la democracia y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Lima, 20 de diciembre del 2011.

Defensoría del Pueblo

Defensoría expresa preocupación por posible cierre de Registro Único de Víctimas

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