0
Compartir

Las instituciones que formamos parte del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenasde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, reiteramos nuestra posición crítica respecto a la propuesta de Reglamento de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y nuestra voluntad de aportar a su proceso de elaboración, a través de propuestas técnicas que en su momento hemos alcanzado a las Organizaciones Indígenas del PACTO DE UNIDAD y al Vice Ministerio de Interculturalidad.

Tanto la Comisión Multisectorial, creada con el objeto de emitir un informe que proponga el proyecto de Reglamento de la Ley de Consulta Previa (N° 29785), así como los eventos Macro Regionales de evaluación interna realizados hasta la fecha, son parte de un proceso en el que las organizaciones indígenas locales y regionales han expresado sus propuestas, así como sus cuestionamientos.

Las principales demandas son: la vigencia de sus derechos especialmente al territorio; la necesidad de una institucionalidad estatal indígena; y la observación de principios mínimos sobre la reglamentación del derecho a la consulta previa. Ha sido también un proceso que ha evidenciado problemas de organización y ausencia de una metodología clara que permita recoger aportes concretos y específicos. Está pendiente el Encuentro Nacional en Lima y el trabajo de la Comisión Multisectorial que debe partir, de los aportes y los resultados de los eventos realizados.

Consideramos que el proceso en marcha puede truncarse sino se incorporan las contribuciones sobre la institucionalización de un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas. El Reglamento debe ajustarse a los estándares internacionales establecidos por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como las sentencias dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, éste debe recoger los aportes de las organizaciones indígenas que conforman el PACTO DE UNIDAD y otras, y de las organizaciones de la sociedad civil. Por tal razón hacemos pública nuestra protesta por la falta de una respuesta oficial del Gobierno, al pedido que hicimos en diciembre pasado al Vice Ministerio de Interculturalidad para participar como observadores del proceso de reglamentación de la ley de consulta, con la finalidad de aportar en este proceso.

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recalca que para garantizar el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Derecho a la Consulta, es necesario que el Estado, las organizaciones indígenas y la sociedad civil hagan todos los esfuerzos para mantener un diálogo de buena fe que contribuya al fortalecimiento de la democracia y a cambiar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, marcadas históricamente por la exclusión y la confrontación.

Lima 13 de febrero del 2012

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos