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Tomado de alertaperu.pe

Audiencia en la CIDH. Foto OEA

Mediante un pronunciamiento más de 200 organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en los países americanos expresaron su preocupación por algunas decisiones que recientemente ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según señala la comunicación, se ha observado un giro inquietante de la CIDH al haber modificado o rechazado medidas cautelares que hubiesen evitado daños irreparables e inminentes a las comunidades amenazadas por proyectos a gran escala.

En el documento se hace referencia a la decisión más reciente de la CIDH tomada el 7 de diciembre de 2011 en la que se modificaron las medidas cautelares que protegían a 18 comunidades indígenas maya mam y maya sipakenses afectadas por una mina grande de oro a cielo abierto —la Mina Marlin— en el altiplano occidental de Guatemala. En ese caso, la CIDH modificó su resolución y revocó la solicitud de suspensión de operaciones de la Mina Marlín a pesar de que las personas afectadas, respaldadas por estudios independientes denunciaban que dicha mina contamina el agua potable de las comunidades y que existían amenazas a la seguridad personal de defensores del medio ambiente.

Las organizaciones aseguran que sin la orden de suspensión del proyecto, ya no existe incentivo para asegurar que el Gobierno de Guatemala proteja los derechos de las comunidades y realice las investigaciones correspendientes en este caso, pues, tanto la empresa minera como el Gobierno de Guatemala han utilizado esta modificación de las medidas cautelares para desacreditar públicamente las demandas de las comunidades y justificar de este modo que la mina continúe operando.

De otro lado, en agosto de 2011 la CIDH también modificó su resolución de medidas cautelares para el Gobierno de Brasil, en la que se solicitaba suspender la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte actualmente en contrucción sobre el Río Xingu, estado de Pará, la cual perjudicará a cientos de comunidades indígenas y campesinas. Frente a ello, el gobierno de Brasil reaccionó ante las medidas cautelares retirando a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y suspendiendo su aporte financiero anual. Según la prensa brasileña, el gobierno normalizará sus relaciones con la OEA sólo «después de que la CIDH, entidad responsable del conflicto, sea reformada.» Asimismo, el gobierno se ha negado a dialogar con las víctimas y con la CIDH, y no se presentó a una reunión de trabajo con la CIDH en Washington, para la cual una dirigente indígena viajó desde el Amazonas.

Además, las organizaciones señalan que en muchos de estos casos, el mecanismo de medidas cautelares es la única esperanza de las comunidades para la prevención de violaciones a los derechos humanos, incluyendo daños irreparables al derecho a la vida, al territorio, a la cultura y al medio ambiente, por ello es que solicitan que, en beneficio de las comunidades afectadas y de muchas otras, la CIDH se mantenga firme en su compromiso de proteger los derechos humanos contra amenazas, en especial las provocadas por los grandes proyectos.

Carta: Organizaciones preocupadas por últimas medidas de la CIDH

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