203
Compartir

En el marco del 144° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron de la audiencia titulada “Situación general de los derechos humanos en Perú”, tanto representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como del Estado peruano. Si bien se destacaron una serie de logros como la creación del Viceministerio de Derechos Humanos, la puesta en marcha del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, así como la tipificación del delito de feminicidio, la parte civil manifestó su preocupación sobre la existencia de una serie de problemas, tales como la criminalización de la protesta en torno a conflictos socioambientales, la reglamentación de la Ley de la Consulta Previa, y la lentitud y deficiencia en la reparación de las víctimas del conflicto armado interno.

Representantes de la CNDDHH en audiencia CIDH: Gloria Cano (Aprodeh), Rocío Silva Santisteban (secretaria ejecutiva CNDDHH) y David Velazco (Fedepaz). Foto: Juan Manuel Herrera/OEA

David Velazco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), señaló que en el gobierno de Alan García se alcanzó la preocupante cifra de 66 civiles muertos como resultado de la intervención de la Fuerzas del Orden, y que hasta ahora el Estado no ha efectuado acciones concretas para prevenir este uso excesivo de la fuerza a la hora de tratar con las protestas de la población civil. Además, alertó sobre el número de contratos que ponen a operativos de las fuerzas policiales y del Ejército al servicio de las empresas dedicadas a actividades extractivas mineras, parcializando la posición del Estado en los conflictos socioambientales.

Por su parte, Gloria Cano, abogada de Aprodeh, refiriéndose a la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno, afirmó que en los últimos años “el proceso de justicia ha sufrido un grave retroceso” y que “los pocos progresos han sido desestimados por el Poder Judicial”, donde ha existido una tendencia a subvalorar los testimonios de los familiares de las víctimas (testigos directos de las desapariciones), a la vez que se ha dado mayor peso a los testimonios de los oficiales subalternos, “como si estos no tuviesen intereses”.

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, saludó al Poder Ejecutivo haber asumido la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, y señaló que desde la Coordinadora y las 79 organizaciones que la conforman se está siguiendo de cerca el proceso. En particular, se enfatizó la necesidad de que el Plan Nacional sea debidamente consensuado por la sociedad civil organizada, así como del establecimiento de objetivos y medidas concretas, y que cuente con un presupuesto.

Concluyendo la presentación de la parte civil, Rocío Silva Santisteban listó una serie de recomendaciones que se consideran prioritarias: la investigación de responsabilidades de las autoridades por el uso excesivo de la fuerza, permitir que el proceso de consulta sea efectivo, incorporar a las víctimas de violencia sexual (y no solo de violación sexual) en el plan de reparaciones, la aprobación del protocolo de aborto terapéutico (legal en el Perú), así como sancionar las prácticas denigrantes por orientación sexual.

Por parte del Estado, el Ministro de Justicia, Juan Jiménez, apuntó que “en el Perú no está criminalizada la protesta… las personas son libres y pueden protestar”, si bien lo que no pueden hacer es “vulnerar el derecho de terceros, la propiedad privada y la propiedad pública”. En torno al controvertido Artículo 20º del DL Nº 982, que planteaba la inimputabilidad del personal de las Fuerzas del Orden que “en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”, Jiménez señaló que el “Tribunal Constitucional ha planteado un criterio de interpretación conforme a la Constitución de ese artículo, donde señala claramente que esta legislación no puede ser entendida como que está dirigida a impedir la investigación y procesamiento de malos policías o militares que delinquen”.

Además, reconoció que el proceso de reparaciones “estaba paralizado” en el anterior gobierno, pero que ya se están implementando una serie de medidas para asegurar que antes de agosto se encuentren beneficiadas 22 mil víctimas.

Desde la CNDDHH quedamos a la expectativa de que las buenas intenciones de nuestras autoridades se ejecuten de manera operativa a través de una gerencia efectiva de las medidas planteadas. Señal de esto, en torno a la próxima reorganización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo del Estado encargado de fiscalizar a las ONGs, sería aceptar la propuesta de que las mismas ONGs participen de forma activa en esta reorganización. De otro modo, cuando “las buenas intenciones se quedan en intenciones… dejan de ser buenas”, concluyó Rocío Silva Santisteban.

.

Comisionados de la CIDH en la audiencia sobre situación de derechos humanos en el Perú. Foto: Juan Manuel Herrera/OEA

.