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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación sobre los hechos que se vienen dando en la zona de Pallares, en el anexo de Chipta, distrito de San Marcos, provincia de Huari, Ancash, donde permanecen enfrentados efectivos de la DINOES  (División de Operaciones Especiales de la PNP) y de la empresa de seguridad privada Orus, ambas al servicio de la Compañía Minera Antamina, por un lado, y los pobladores de la localidad, en el otro. El motivo del conflicto es la oposición de los pobladores al tapado del único manantial de consumo directo y tradicional en la zona.

El lunes 16 de abril se dio precisamente un altercado entre ambos lados, que tuvo como resultado la detención de María Magdalena Marzano Velásquez y Mario Antonio Espinoza Domínguez, ambos pobladores de Chipta. Ayer, jueves 19 de abril, a la una de la tarde, efectivos de la DINOES, en prestación de servicio a Antamina, habrían entrado en la zona con la excusa de esperar al Fiscal y acompañarlo a desarrollar una diligencia, pero a la media hora, Antamina habría realizado una voladura que ocasionó la muerte de dos burros.  Los pobladores, indignados por el suceso, se enfrentaron a los efectivos de la DINOES, que a su vez respondieron con balas y bombas lacrimógenas.

Explosiones en Antamina vista desde la zona Pallares, en el anexo de Chipta, Áncash. La minera opera a 150 metros de las viviendas. Foto: Servindi

El pueblo de Chipta se considera a sí mismo un pueblo indígena u originario quechua con propiedad comunal legítima ocupada por 300 familias. Del total de co-propietarios,  permanecen en la zona actualmente 90 familias que viven de forma pacífica, careciendo de agua, luz y  desagüe, y sin mejoras en su condición y calidad de vida a pesar de vivir por más de doce años colindantes con la Compañía Minera Antamina. Durante este tiempo han tenido que lidiar con las constantes voladuras de tajo abierto que generan impactos negativos al ambiente y a su salud, como la elevada presencia de plomo en la sangre de los pobladores y una concentración de metales como arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc en las aguas de los ríos Juprog y Carash, los cuales superan los límites máximos permisibles de acuerdo a estándares internacionales.

En febrero de este año,  el pueblo de Chipta, que no es sino uno de los muchos sectores poblados afectados por las operaciones de Antamina como también lo son Juprog y Dos Cruces, nos comunicó de una denuncia contra la Compañía Minera Antamina S. A. por vulneraciones permanentes y continuas a sus derechos individuales y colectivos, así como de acuerdos incumplidos por la misma empresa.

Ante esta situación, expresamos nuestra honda preocupación ante la información que hemos recibido sobre la represión violenta a manos de los efectivos de la DINOES trabajando para la empresa Antamina, contra los pobladores de Chipta. A la vez, solicitamos al Ministerio de Interior una copia del convenio por el cual la Policía Nacional del Perú presta servicio a Antamina, así como información concreta sobre la existencia  de un campamento de la DINOES u otro destacamento policial en el interior de las instalaciones de la empresa, que incluya el número y la graduación de los efectivos asignados a dicho servicio.

Lima 20 de abril de 2012

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(1) Situación del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el Perú. Informe Alternativo 2010 – Perú. Elaborado por Organizaciones Indígenas y de la Sociedad Civil. Junio 2010. Sobre la zona, consultar páginas 30-34. Disponible en: http://servindi.org/pdf/Texto_Final_del_Informe_Alternativo_2010.pdf