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El informe “Yo quiero ser una ciudadana como cualquier otra” señala los obstáculos para la participación política de personas con discapacidad en el Perú y como eliminar los obstáculos legales y de políticas a la participación cívica y política.

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Perú debería eliminar los obstáculos significativos que impiden que personas con discapacidad ejerzan su derecho a votar y otros derechos civiles, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Al no abordar estos obstáculos, se menoscaba el liderazgo asumido por Perú como uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008.

El informe de 89 páginas, “‘Yo quiero ser una ciudadana como cualquier otra’: Obstáculos para la participación política de personas con discapacidad en Perú”, documenta los efectos de una política, modificada apenas en octubre de 2011, que negó de manera arbitraria el derecho de sufragio a personas con discapacidades sensoriales, intelectuales y psicosociales por considerar que eran jurídicamente incapaces para tomar esa decisión. Human Rights Watch también analizó los obstáculos que enfrentan las personas con estas y otras discapacidades al ejercer sus derechos políticos, incluidas las dificultades que supone obtener documentos de identidad indispensables para votar, y la ausencia de mecanismos de asistencia para ayudar a personas con discapacidad a tomar decisiones sobre votación.

“Los peruanos con discapacidad son ciudadanos igual que todos los demás”, indicó Rebecca Schleifer, directora de Incidencia del Programa de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Todas las personas tienen el mismo derecho a votar y participar en la sociedad, y tanto las leyes como las políticas del gobierno deben asegurar que reciban el apoyo que necesitan y que nadie sea excluido en forma arbitraria e injustificada”.

El informe se elaboró a partir de entrevistas con más de 100 personas con discapacidad y sus familiares, además de funcionarios del gobierno peruano y defensores de personas con discapacidad.

El informe demuestra que el sistema de interdicción judicial vigente en el país —que sujeta a las personas a un régimen de tutela— y los registros públicos que indican oficialmente que las personas presentan una “discapacidad mental” generan obstáculos para casi todos los aspectos de la vida. Estas políticas pueden impedir a las personas abrir una cuenta bancaria, obtener un empleo, poseer o heredar bienes, contraer matrimonio o firmar documentos oficiales en representación de sus hijos.

A través del sistema de interdicción, el Código Civil de Perú permite que un juez declare que una persona con cierta discapacidad intelectual o mental es incapaz de cuidar de sí misma o de sus bienes y designe a un tercero para actuar en su representación. El efecto de este proceso es suspender los derechos civiles de la persona bajo tutela, indicó Human Rights Watch.

Sin embargo, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que estas deberían “[tener] capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. El comité que fiscaliza la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado al gobierno peruano a “poner fin a la práctica de interdicción judicial”.

“Tengo el derecho a votar. Tengo el derecho a trabajar”, expresó María Alejandra Villanueva, una de las líderes de la Sociedad Peruana de Síndrome Down. “No es decisión de otra persona”.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha instado a todos los Estados Partes, incluido Perú, a asegurar el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, adoptando medidas tales como reemplazar la interdicción y otras prácticas similares por un sistema de asistencia para la toma de decisiones.Perú no cuenta con un sistema para ayudar a personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones. Ante la ausencia de un mecanismo de esa naturaleza, Human Rights Watch comprobó que algunos familiares de personas con discapacidad solicitaban su tutela legal, ya que percibían que era el único medio contemplado por el derecho peruano para proteger sus bienes o intereses jurídicos, incluido el derecho a percibir una pensión o los beneficios de seguridad social.

Las personas con discapacidad de Perú también pueden enfrentarse a obstáculos físicos y de otra naturaleza cuando procuran ejercer el derecho a voto. La ley electoral de Perú exige que los funcionarios adopten medidas para garantizar la accesibilidad de los centros de votación. Sin embargo, la respuesta del gobierno a la obligación de tomar este tipo de medidas ha sido variada, concluyó Human Rights Watch. Numerosas personas con discapacidad física y observadores electorales contaron a Human Rights Watch que muchas mesas de sufragio eran inaccesibles.

Silvia, una mujer con discapacidad física de Puno, dijo a Human Rights Watch: “Las mesas de votación no están preparadas para las personas con discapacidad, ni tampoco para personas que [hayan sufrido] un accidente unos días antes de las elecciones. Están en el segundo, tercero, cuarto nivel. Una persona con discapacidad que va con una silla de ruedas no tiene accesibilidad para acercarse a la mesa”.

Human Rights Watch también recibió denuncias de que, durante las elecciones municipales y presidenciales de 2010 y 2011, en algunas mesas de sufragio no se encontraban disponibles boletas en braille, como lo exige la ley. Algunas personas con discapacidad que habían solicitado asistencia para votar no pudieron recibir ayuda, según contaron a Human Rights Watch.

Las personas con discapacidad psicosocial e intelectual enfrentan obstáculos y desafíos adicionales al momento de votar, comprobó Human Rights Watch. El gobierno no ha preparado materiales electorales para facilitar su participación. Y los funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que administran o vigilan procesos electorales reciben pocas directrices sobre cómo pueden ayudar a estos votantes a llegar a las mesas de sufragio y votar.

“El gobierno debe asegurarse de que el personal que trabaja en elecciones esté en condiciones de ayudar a que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a voto”, señaló Schleifer. “De lo contrario, las voces de miles de peruanos continuarán quedando excluidas del proceso político”.

Para que Perú cumpla sus obligaciones conforme al derecho internacional, el Congreso debería actuar sin demora y promulgar una nueva ley que asegure el respeto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó Human Rights Watch. El gobierno también debería adoptar medidas urgentes para garantizar a todas las personas con discapacidad la misma capacidad jurídica que a los demás ciudadanos, por ejemplo, reformando el Código Civil y restableciendo los derechos civiles de quienes se encuentran bajo un régimen de tutela.

Asimismo, los ministerios y organismos del gobierno peruanodeberían trabajar de manera sistemática con personas con discapacidad y organizaciones que las representan para desarrollar nuevos enfoques de asistencia para la toma de decisiones y la implementación de reformas legales, indicó Human Rights Watch.

En la última década, las autoridades peruanas han excluido de manera sistemática a más de 23,000 personas con discapacidad intelectual o psicosocialdel padrón electoral, aseveró Human Rights Watch. Estas personas fueron excluidas porque no podían obtener un documento nacional de identidad, indispensable para votar, o bien porque contaban con documentos de identidad donde se consignaba que padecían una “discapacidad mental” y, por ende, no tenían derecho a votar o tomar otras decisiones legales, financieras o incluso personales.

En octubre de 2011, tras años de presiones de organizaciones que trabajan en temas de discapacidad e intervenciones de la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), uno de los organismos gubernamentales a cargo de los procesos electorales, dictó una resolución que dejaba sin efecto esta política y se comprometió a trabajar en colaboración con los organismos relevantes del gobierno para resolver la situación sin demora.

Organizaciones internacionales de la sociedad civil, donantes y organismos de las Naciones Unidas que trabajan en temas de gobernabilidad, compromiso cívico y consolidación democrática en Perú deberían enfocar su trabajo en las personas con discapacidad o incluirlas en su análisis, manifestó Human Rights Watch.

“El gobierno ha anunciado su intención de reconocer plenamente los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Schleifer. “El siguiente paso es cumplir esta promesa, para que los peruanos con discapacidad puedan ejercer sus derechos de ciudadanía como todos los demás”.

Fuente: HRW

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Web de HRW


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