Xspinar

Publicado el 28 mayo 2012 por en Opinión

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, domingo 27/05/2012

Aparentemente la minera Xstrata-Tintaya, ubicada en Espinar, es una de las empresas con mejor fama sobre preservación del medio ambiente. Ha sido reconocida como una empresa minera modelo, pues luego de varias mesas de trabajo durante los años 2003 y 2005 aceptó no solo elevar sus índices de protección ambiental, sino dar un óbolo de 3% para la región a través de la firma de un convenio marco con la municipalidad. La zona de las provincias altas del Cusco podría ser una de las más castigadas por lo que algunos autores denominan un “hidrocidio” debido, entre otros motivos, por la construcción de la hidroeléctrica Majes-Sihuas. Sin embargo, los pobladores de la zona han iniciado un paro regional, para reformular el convenio marco con la mina. Desde afuera (léase desde Lima) podría pensarse “qué absurdo”, “qué intransigentes”. Pero es necesario no solo ver el brochazo sino el matiz.

La situación de frustración y malestar de la población se debe precisamente al incumplimiento del convenio marco de parte de la empresa. Este convenio plantea 21 puntos, sobre todo, referidos a trabajo, salud, cuidado del medio ambiente y protección de los derechos humanos. Uno de los incumplimientos de la empresa es no haber realizado monitoreos ambientales permanentes y participativos. Por otro lado, hay maltratos físicos permanentes contra los dirigentes del Frente Regional de Espinar. Una de las peticiones que la población ha esgrimido como fundamental es el cambio de gerentes de relaciones comunitarias, quienes en lugar de salir a dialogar durante estos conflictos, se repliegan para sacar a mil efectivos de la policía que proceden generalmente de manera bastante violenta como este pasado jueves, que han torturado a varios jóvenes, luego los han encerrado en la zona llamada “7 esquinas”, y ha tenido que ingresar el mismo director del Hospital Regional de Espinar para sacarlos en ambulancias.

Precisamente esta ha sido una de las denuncias más graves que pudieron llevar a la asamblea de accionistas de Xstrata en Suiza hace menos de un mes, tanto el alcalde de Espinar, Oscar Mollehuanca, como la directora de la Vicaría de Sicuani, Ruth Luque, quienes participaron de la misma para dejar constancia de los daños que realiza la mina. Como comentaron en un video preparado por el programa Lo Justo, de la CNDDHH, Luque le mostró al CEO de Xstrata una foto de policías con chalecos con el logo de la empresa, y esta situación les pareció a los accionistas totalmente improcedente, puesto que en cualquier país los policías actúan para proteger los intereses de los ciudadanos, no los intereses de las empresas en contra de los ciudadanos, como si fueran “guachimanes” de la mina, algo que también está sucediendo con el proyecto minero Conga y las centenas de policías desplegados en las lagunas de La Encañada para proteger la maquinaria.

Nos encontramos ante situaciones que pueden prevenirse, pero que se acumulan como las apachetas del camino, piedra sobre piedra, abonando la frustración de la población y acumulando resentimientos. Miguel Santillana, en sus usuales conversas con Jaime de Althaus, habla de una “conspiración en los Andes”, para referirse a los conflictos embalsados por temas ambientales y sociales. Y otros periodistas, analistas, abogados y hasta ONGs, pretenden “explicar” estas situaciones sin siquiera haberle preguntado a un comunero o campesino de la zona qué piensa al respecto, con ese tan típico ninguneo limeño. No, señores, no se trata de cuatro dirigentes radicales que levantan a los pobres indígenas y campesinos opas. Si fuera así, no se tendrían casi 200 conflictos sociales sostenidos durante los últimos cinco años. El problema, sin duda, está vinculado a una dignidad rural tan difícil de entender por las autoridades urbanas y ajenas.

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