Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Por Lo Justo TV

Desde Lo Justo, espacio oficial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), nos indigna el despido arbitrario de la periodista Claudia Cisneros del noticiero Buenos Días Perú. Panamericana TV ha concluido antes de tiempo su contrato con la periodista, que denuncia “pretendidas imposiciones editoriales de orden político y comercial”.

Lea el comunicado de la periodista sobre su despido.

No es la primera vez que periodistas que realizan una labor independiente son despedidos por ser considerados incómodos a los intereses de los grandes grupos mediáticos. Consideramos que esta práctica repetida es preocupante, y significa una mancha a la libertad de prensa en nuestro país.

Claudia Cisneros es una periodista comprometida con la defensa de los derechos humanos en el Perú, y recientemente nos ha apoyado con su participación en la creación de un spot  para el Grupo de Trabajo Contra la Tortura de nuestra institución, que pueden ver a continuación:

Desde la CNDDHH nos solidarizamos con la periodista Claudia Cisneros y consideramos que su salida de la televisión abierta es una pérdida muy importante para la información y el conocimiento de las noticias en nuestro país.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho deben  firmar el  convenio para la implementación del nuevo CEM

A pesar de las cifras de violencia contra la mujer y la demanda de las organizaciones de mujeres,  la falta de voluntad política de las autoridades pone en riesgo el  nuevo servicio

En el distrito de San Juan de Lurigancho funciona un solo Centro de Emergencia Mujer de 8 a.m. a 4:00 p.m. En el 2011, este servicio registró 1,038 casos y realizó 12,377 atenciones especializadas a personas afectadas por violencia familiar y sexual, en su mayoría mujeres. El abogado, la sicóloga y la trabajadora social del Centro de Emergencia Mujer (CEM), tuvieron que prestar un promedio de 47 atenciones diarias,  5 atenciones por hora, por lo menos una por profesional. La cobertura y calidad del servicio está al tope.

Las comisarías de San Juan de Lurigancho suman un promedio anual de 5 mil denuncias de violencia familiar. A diferencia del único CEM, las comisarías no prestan el servicio de asesoría legal y sicológica. Por lo tanto, existe una demanda insatisfecha de por lo menos 60 mil atenciones especializadas. Sin contar las denuncias que se presentan directamente a las fiscalías.

Frente a esta realidad, la Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, Infancia y Familia de San Juan de Lurigancho, logró que una de las metas 2012 del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP),  sea la creación de un nuevo CEM para el distrito. Sin embargo, han pasado más de 6 meses sin que se concrete este compromiso.

Según el PNCVFS, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no ha respondido aún la solicitud de firma del convenio requerido para la creación del nuevo CEM, mediante el cual, se comprometería abrindar un espacio físico y pagar los servicios de luz y agua del servicio; mientras que el MIMP es el encargado de contratación y el pago del personal calificado.

Para solucionar este problema, DEMUS y La Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, Infancia y Familia de San Juan de Lurigancho, exigen y proponen:

• Que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asuma un mayor compromiso para la negociación política con el gobierno local hasta lograr la firma del convenio para la implementación del nuevo CEM, programado desde noviembre del 2011.

• Que, el Gobierno Local, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades ⁽¹⁾ , cumpla con su función de prestar servicios, en este caso un nuevo CEM que contribuirá a una mayor cobertura para la atención especializada de los casos de violencia contra la mujeres en el distrito.

Contacto: Carla De la Quintana 993978935

Fuente: DEMUS

1. “Administrar, organizar y ejecutar programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población”. [↩]

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Por Lo Justo TV

En la edición de ayer del programa ‘Lo Justo’, conducido por Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), estuvo como invitado el periodista Guillermo Giacosa. Con él analizamos el discurso del presidente uruguayo, José Mujica, en la Cumbre Río +20.

Giacosa respaldó la critica que hizo Mujica a la actual idea de desarrollo en el mundo globalizado contemporáneo, que se basa el acumular riqueza, sin reparar en el cuidado al medio ambiente.

Por otro lado, también nos visitaron Michele Leiby. Con ella conversamos sobre la violencia sexual durante el conflicto armado interno; y con nuestra otra invitada, María Ysabel Cedano, sobre la campaña virtual PATAS (Protocolo de aborto terapéutico Ahora-Perú).

Ambas especialistas enfatizaron en la importancia de que el Gobierno y la sociedad tomen conciencia sobre el respeto a los derechos humanos.

Guillermo Giacosa y Rocío Silva Santisteban en 'Lo Justo'

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Por Martín Valdez

Publicado en Noticias SER 27/06/2012

En este momento, veinte casos de graves violaciones de derechos humanos, que vienen de la época del conflicto armado interno que sufrió nuestro país durante las últimas dos décadas del siglo XX, se encuentran en etapa de juicio oral. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que incluye organizaciones como Aprodeh, IDL, Comisedh, Ceas y Paz y Esperanza, se está organizando una campaña con el propósito, primero, de resaltar la existencia de los casos en los medios y en la opinión pública, y, en segundo lugar, buscar incidir, mediante la presión ejercida por el respaldo de la sociedad civil, en que los casos se lleven de acuerdo a los estándares correspondientes (situación que no se ha dado regularmente). Internamente, nos referimos a este proceso como uno de verdad y justicia.

Al plantear la necesidad de la campaña, rápidamente tuvimos que reconocer el gran elefante en la habitación, a saber, que la opinión pública, la sociedad civil, la gente, parece estar saturada de escuchar sobre estos casos, como si se tratara de insistir morbosamente en el dolor de algunos que, si bien se lamenta, ha dejado de ser considerado actual. Ante tales consideraciones, tenemos que preguntarnos: ¿por qué insistir en este periodo traumático de nuestra historia?, ¿por qué, como sociedad, debemos seguir preocupados en este proceso de verdad y justicia?, ¿por qué mejor no olvidar?

Por supuesto que hay muchas maneras de responder a tales interrogantes. En este espacio, me propongo sostener una posición a favor de la conclusión satisfactoria del proceso, valiéndome del pensamiento del filósofo británico John Stuart Mill (1806-1873), el principal exponente del utilitarismo. Puesto de otro modo, abogaré por la importancia del proceso como una cuestión de utilidad. Para el utilitarismo, el principio supremo de toda la moralidad (que incluye también a la política) es el principio de utilidad (o de mayor felicidad), que señala la rectitud de una acción (su moralidad, precisamente) en relación a su capacidad para promover la felicidad, condición que se entiende como placer y ausencia de dolor.

En el quinto capítulo de su libro El utilitarismo, Mill se siente obligado a explicar cómo algo tan elevado como la justicia puede estar sometida a la mera conveniencia. Si bien el origen de aquello que llamamos justicia se encuentra en el deseo de castigar a una persona (o personas) que han causado un daño a otro (u otros), deseo que depende tanto de nuestra simpatía hacia ese otro, así como de nuestro impulso de autodefensa, lo que tiene de moral el sentimiento de justicia, precisamente lo que lo vuelve justo, está en la capacidad del ser humano “de captar una comunidad de intereses entre sí y la sociedad humana de la que forma parte, de tal modo que cualquier conducta que amenace la seguridad de la sociedad en general es una amenaza para sí mismo” (1). Esto vuelve a las normas que apuntan a proteger “las condiciones esenciales de bienestar humano [...] más absolutamente obligatorias que ningún otro tipo de reglas que orienten nuestra vida”.

Constantino Saavedra, ingeniero, esposo, padre de cuatro hijos, responsable además de dos sobrinos de su esposa, fue interceptado por miembros del Ejército el 1 de octubre de 1990. Se sabe que fue llevado al cuartel Los Cabitos, después de lo cual nunca se volvió a saber de él. Entre la noche del 22 de octubre de 1985 y la mañana del 23, las patrullas Bayer y Búfalo del Ejército dieron muerte a Eusebio Najarro Alarcón, Teodoro Castillo García, José Fernández Bellido, Manuel Remón Zea, Timoteo Bautista Bellido, Jacinto Gutiérrez Gómez y Antonio Najarro Soto, autoridades locales que se encontraban reunidas preparando un campeonato deportivo en la localidad de Pomatambo, y también a Donato Ramírez Rivera, Hilda Buitrón Gutiérrez (ambos esposos de 86 años), Reynaldo Ramírez Buitrón, y a los menores Mario Ramírez Castillo (08) y Eugenia Ramírez Castillo (12), quienes se encontraban descansando tranquilos en el interior de su hogar en la cercana localidad de Parcco Alto. Luego, incinerarían y destruirían torpemente sus restos.

Lejos de aceptar el sacrificio de unos pocos por el bienestar de una mayoría (argumento que se usa precisamente para justificar los “excesos” del Estado Peruano en la lucha contra el terrorismo), el utilitarismo, bien entendido, no permite jugar con la vida de algunos como meros medios para conseguir la paz, como un daño colateral, lamentable, pero necesario: el fin no justifica los medios. El respeto a la dignidad de una persona, su capacidad de elaborar un proyecto de vida, de tener una familia, criar hijos, pensar a futuro, y hacerlo pacíficamente en comunidad con otros, es lo más sagrado, lo más absolutamente obligatorio que existe y que el Estado debe proteger.

De lo que se trata es de castigar un daño, pero no de forma violenta, sino canalizar el instinto de autodefensa mediante la ley. Lo que vuelve a una sociedad más justa es su capacidad de castigar mediante las leyes cualquier daño que sufran sus integrantes. Dentro de un Estado, el daño que se comete arbitrariamente contra la vida de una persona significa un atentado contra toda la sociedad. Un daño a un desconocido, a alguien lejano, a un otro, en una sociedad justa, es visto como un agravio al hermano o a la hermana, al padre o a la madre, al hijo o a la hija, a los amigos, a uno mismo, precisamente porque mediante nuestra “capacidad humana de simpatía ampliada” y de “auto-interés inteligente”, nos damos cuenta de que ese daño significa en potencia un daño a cualquier otro. Vivir en una sociedad que no castigue estos crímenes, más aún si viene de aquella entidad que está a cargo de nuestra protección, es vivir en una sociedad que no protege a nadie.

Pero haríamos mal en ignorar nuestra realidad, los problemas que hemos acumulado históricamente, y que son nuestra responsabilidad en tanto que no han sido resueltos. Vivimos en un país en que para unos la vida de otros vale menos o simplemente no vale nada. Sólo de esta forma es que se justifican las muertes y las desapariciones como un daño aceptable de la lucha contra el terrorismo. De la misma forma, todavía hoy, se considera normal que haya muertos como resultado de las protestas. La lucha contra la impunidad apunta contra estos males históricamente adquiridos, y significa al mismo tiempo luchar por proteger y fortalecer la forma más elemental en que las personas nos relacionamos en una sociedad.

No se trata de castigar a aquellos soldados que arriesgaron sus vidas para protegernos, para que podamos vivir en paz, que lucharon, precisamente, por la justicia frente a un enemigo tan abominable como lo fue el terrorismo de Sendero Luminoso. Menos aún, de desconocer el sacrificio de los héroes que murieron en esta lucha. Se trata, más bien, de castigar a quienes no solo no nos protegieron, sino que secuestraron, torturaron, desaparecieron, a aquellos que jugaron con las vidas de nuestros hermanos, padres, madres, hijos e hijas, abuelos, amigos. Aquellos que mataron. Lo que nos falta es extender nuestra simpatía (entendida como sentir lo que siente el otro) hacia aquellos que siguen, después de tantos años, esperando que se haga justicia.

Notas:

1) Todas las citas son al capítulo quinto de El utilitarismo de John Stuart Mill (Madrid: Alianza Editorial, 1984)

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Por Lo Justo

El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) presentó en Miraflores dos publicaciones de la psicóloga Paula Escribens: “Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Conflicto Armado Interno” y “Milagros y la violencia del Conflicto Armado Interno: Una maternidad forzada”. Como ya anuncian los títulos, en ambos textos se reflexiona en torno al impacto de la violencia sexual en las mujeres víctimas a partir de una experiencia de campo de la autora en una comunidad altoandina de la Región Huancavelica en donde realizaba labores de acompañamiento a las mujeres que sufrieron de este tipo de agresiones.

Durante la presentación, la autora estuvo acompañada por tres importantes panelistas,  en primer lugar, la Congresista de la República Rosa María León, la cual recordó como durante el Conflicto Armado Interno (CAI), de desarrolló una política de Estado marcada por los excesos y las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) en la que la mujer era poco más que un objeto sobre el que se ejercía violencia como forma de trofeo de guerra.  Asimismo, resaltó la importancia de llevar a la luz del debate público un tema como el de la violencia sexual durante el CAI, en especial, ante el clima de impunidad y desinterés del Estado por reparar a las víctimas. La segunda intervención estuvo a cargo de la Directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Gloria Cueva quién hizo énfasis en la forma como el proyecto de vida de las mujeres se trunca frente a la violencia sexual, la cual puede llegar a aniquilar la propia existencia de la víctima, tanto física como psicológica o social. Además, las mujeres al no poder defenderse ante su agresor, trasladan su frustración y sentimientos de ira hacia sus hijos, en especial si estos son fruto de la violación, generando un círculo de violencia por generaciones; todo esto entra en contradicción con el mandato social que exige a la mujer ser “buena madre”, provocando sentimientos de ambivalencia en ellas. Finalmente, la psicoanalista Matilde Ureta de Caplansky destacó la forma como la autora aborda el tema con una bastedad teórica que le permite tener una visión amplia de la situación, reconociendo que actitudes como las de los agresores no son fáciles de cambiar pero que publicaciones como estas ayudan en la búsqueda de justicia para las mujeres agredidas.

En representación de DEMUS, estuvieron presentes María Ysabel Cedano y Jannette Llaja las cuales coincidieron en señalar la importancia de reconocer a las víctimas y repararlas, trabajo que se ha iniciado desde las organizaciones de la sociedad civil pero que el Estado no ha querido asumir. Por otro lado, felicitaron a la autora por su excelente desempeño en dicha institución y agradecieron que haya decidido publicar sus obras en el marco de las celebraciones por los 25 años de DEMUS.

Más información: DEMUS

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Spot producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en colaboración con el Grupo de Trabajo contra la Tortura (CAPS, Fedepaz, Ceas, Comisedh, Redinfa, IDL).

Agradecemos la participación de Marco Antonio Falla, Érika Sandoval, Haydé Hurtado, Jimena Lindo, Claudia Cisneros y Guillermo Giacosa.

Producción: Martín Valdez. Dirección: José Luis Cuatindoy y Martín Valdez. Edición: José Luis Cuatindoy.

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LA TORTURA EN EL PERÚ HOY
Diagnóstico y propuestas

A propósito del 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a nivel mundial.

Ver documento

Comisión de Derechos Humanos – Comisedh
26 junio 2012

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26 de junio: Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura

¡Detengamos la tortura!

Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura

La tortura constituye una grave violación de los derechos humanos, condenada tanto por el derecho internacional ⁽¹⁾ como por el derecho interno. Sin embargo, la tortura sigue siendo un problema vigente en nuestro país: tan sólo en el 2011 la Defensoría del Pueblo recibió 62 denuncias por presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en el período 1998-2010, ha reportado 640 denuncias por tortura. Estas cifras, se teme, representan un sub-registro, dado que muchas personas que sufren esta práctica no llevan a cabo su denuncia, ya sea porque se sienten desprotegidas ante el Estado, o porque no saben que el maltrato que han recibido constituye efectivamente el delito de tortura. Cabe resaltar que es preocupación de los sectores sociales que luchan contra la tortura que el Código Penal no haya previsto, expresamente, la imprescriptibilidad del delito de tortura, sino que, por el contrario, lo haya sujetado a los plazos ordinarios del mismo Código.

La diversidad de las regiones en donde se han producido estos hechos de tortura así como sus circunstancias mismas, muestran que el problema tiene una dimensión nacional y no está únicamente ligado al combate al narcotráfico o terrorismo, o a zonas bajo estado de emergencia, sino que también aparece en el contexto de la lucha contra la criminalidad común.

En este contexto, y con miras al Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura (26 de junio), tenemos que preguntarnos, como sociedad, ¿qué podemos hacer para prevenir la práctica de la tortura en nuestro país?

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura es un tratado internacional que establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este Protocolo establece un sistema dual de prevención de la tortura que consiste en un mecanismo internacional cuya labor se complementa con la de un mecanismo nacional. El mecanismo internacional, entidad de las Naciones Unidas, es el Subcomité para la Prevención de la Tortura, mientras que el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) debe ser una entidad designada por los Estados parte. Ambos mecanismos cuentan con la facultad para efectuar visitas a los lugares de detención.

No obstante, si bien el Protocolo Facultativo fue ratificado por el Perú el 14 de septiembre del 2006 y entró en vigor el 14 de octubre del mismo año, no se cumplió con el plazo de un año, esto es al 14 de octubre de 2007, para que se cree el MNP. En efecto, se van a cumplir cinco años y, a la fecha, el Estado Peruano no ha cumplido con el establecimiento del MNP. Al respecto, si bien se ha aprobado al interior del Consejo de Derechos Humanos (CNDH) un proyecto de norma legal para su creación, la misma se encuentra estancada en proceso de debate y consulta en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso de la República.

Desde la sociedad civil, consideramos que esta situación es inaceptable, que no existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Exigimos, por tanto, el establecimiento inmediato del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Más sobre el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)

El proyecto de ley sobre el MNP ha sido elaborado con los aportes de la sociedad civil que conforman el Grupo de Trabajo contra la Tortura (GTCT) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y establece como competencia lo siguiente:

• Examinar periódicamente el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, a través de las visitas periódicas a cualquier centro de detención ⁽²⁾, con o sin previo aviso, eligiendo con libertad los lugares que visitará.

• Formular recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad, tomando en consideración las normas pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos.

• Formular propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de  ley, así como de las normas de carácter administrativo en materia de prevención de tortura.

Esto incluye la potestad para acceder a toda la información  relacionada al régimen de detención, número de personas privadas de libertad, identificación de los centros de detención y su ubicación, así como la potestad de entrevistar a cualquier persona privada de su libertad, sin testigos, personalmente, en un lugar que garantice la confidencialidad de la entrevista. Del mismo modo, incluye la potestad de solicitar a cualquier entidad, pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

25 junio de 2012

Notas

1. Así, en el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama en su artículo 5 que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Según la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la OEA, la tortura refiere a “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o como cualquier otro fin”, entendiéndose al mismo tiempo “como tortura la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disimular su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”[artículo 2] [↩]
2. Cuando en el proyecto de ley se habla de centros de detención que están dentro del campo de acción del MNP se considera a “los lugares, espacios o entidades donde se encuentren o se presume que se encuentre personas privadas de su libertad, sean estos públicos o privados, independientemente de que los mismos hayan sido o no reconocidos conforme a la presente ley como lugares de privación de la libertad”. Esta definición  incluye no sólo dependencias o establecimientos del Instituto Nacional penitenciario, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, sino también centros juveniles, establecimientos de salud, instituciones psiquiátricas, centros de salud mental, aldeas infantiles, centros geriátricos, etc. [↩]

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Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, Kolumna Okupa, domingo 24/06/2012

Durante todo el periodo de gobierno de Alejandro Toledo se produjeron 15 muertos por conflictos sociales. Hoy tenemos una cifra parecida, 12 personas fallecidas, en apenas diez meses de gobierno. ¿Por qué? Hay varios factores que elevan el riesgo de controlar una protesta durante este gobierno y se debe a la flexibilidad de normas que nos ha dejado en herencia Alan García Pérez: decretos legislativos que autorizan a las fuerzas armadas a controlar la protesta, leyes que permiten el uso de armas letales de parte de la Policía, proyectos de ley que convierten en inimputables a policías que matan durante las protestas, convenios privados entre la Policía Nacional del Perú y empresas mineras para tener puestos policiales dentro de los campamentos o para que delegaciones de 50 Dinoes protejan las instalaciones de una minera, incluso portando los chalecos de las fuerzas de seguridad de estas. En otras palabras: se convierte a la Policía Nacional en la guachimana de las empresas extractivas.

Esta situación incrementa el deterioro de la percepción que tiene la población de la policía peruana. Junto con los casos de “excesos” de violencia contra la población, como las patadas tirando las ollas comunes en la Plazuela Bolognesi o la golpiza que recibieron las abogadas de la Coordinadora de Derechos Humanos, Amparo Abanto, y de la Defensoría del Pueblo, Genoveva Gómez, la semana pasada en Cajamarca, cuando fueron a preguntar por unos detenidos y fueron golpeadas, arrastradas de los pelos por el suelo y vejadas hasta el punto de tener su ropa hecha jirones dentro del propio local de la comisaría. Esta situación de criminalidad contra defensoras de derechos humanos, jóvenes abogadas vejadas dentro de un local policial, es canallesca e indignante. Por supuesto que, desde las instancias correspondientes, los responsables de ambas instituciones debemos presentar una denuncia contra todos los policías responsables de estas actitudes criminales.

Y toda esta percepción de deterioro se suma a la desconfianza generada por la forma como la Policía Nacional también ha abusado de ciudadanos que no participaban de ninguna acción de protesta, sino simplemente cuando los buscaron para pedir auxilio, como el increíble caso de Gerson Falla, molido a garrotazos en la comisaría de San Borja, quien pocos días después murió producto de los golpes. Si Gerson no le hubiera narrado a su padre el detalle de los golpes que sufrió al interior de la comisaría, si no hubieran grabado los mismos policías perversamente las sesiones de golpes, ¿quién se hubiera atrevido a seguir una acusación fiscal contra los policías que lo mataron? Incluso, con acusación fiscal, hay varios de los responsables que aún siguen libres y sin denuncia fiscal.

¿A la Policía se la respeta? Hay muchos oficiales y suboficiales dignos, heroicos, que luchan día a día contra la criminalidad en un mundo de corrupción y sálvesequienpueda. Y lo hacen por una convicción: ser policías. Sin embargo, lamentablemente, las normas que han llevado hasta este punto de represión y brutalidad permiten que estos probables héroes se conviertan en criminales impunes. El error no es de los seres humanos, es de los sistemas. La solución empieza con una voluntad humana y se convierte en una necesidad institucional. La democracia no es un lecho de rosas, pero tampoco un campo de sangre.

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Ayer, jueves 21 de junio del presente año, en la Primera Comisaría de Cajamarca, varios policías golpearon a Genoveva Gómez, abogada comisionada de la Defensoría del Pueblo, y a la abogada Amparo Abando, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cauándoles contusiones y hematomas.

Las dos jóvenes abogadas se acercaron a la Comisaría para preguntar por los siete detenidos que venían de la Plazuela Bolognesi y que fueron llevados por los policías inmediatamente al sótano de la misma. Al escuchar que los detenidos eran golpeados al interior del sótano, Gómez y Abanto, junto a un representante del Colegio de Abogados, quienes también se encontraban en el lugar luego de ser informado de las detenciones, intentaron evitar que la policía siga golpeándolos, lo que causó que en esos instantes las dos abogadas fueran arrastradas de los cabellos, golpeadas y vejadas por una decena de policías dentro de la misma comisaría. A Genoveva Gómez incluso de rasgaron la ropa.

Ese día, en la Plaza de Armas de Cajamarca, se desarrollaba un mitin, y en la Plazuela Bolognesi ocurrían disturbios, con la policía del Escuadrón Verde de Piura, algunos con pasamontañas, lanzando bombas lacrimógenas y gas pimienta contra los manifestantes, quienes a su vez respondían tirando piedras. En esa coyuntura un grupo de mujeres que preparaban la olla común dentro de una carpa fueron también golpeadas, y una menor de 17 años llevada a la comisaría.

Cuando las abogadas y el abogado se fueron a quejar con el Coronel PNP Gonzales por las agresiones recibidas, las culpabilizaron por bajar al sótano, e inmediatamente después les reclamaron por no llevar los “chalecos” de la Coordinadora de Derechos Humanos ni de la Defensoría. Ante estos hechos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentará una denuncia por agresión y abuso de autoridad ante el Ministerio Público.

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En lo que va del 2012 la Defensoría del Pueblo ha recibido 18 casos similares. Recomienda adoptar medidas frente a denuncias por torturas y maltratos en intervenciones policiales.

Familiares de víctimas de abuso policial exigen justicia.

En una comunicación dirigida al Ministro del Interior, el Defensor del Pueblo en funciones Eduardo Vega Luna, señaló la preocupación de su institución frente a las denuncias aparecidas en los medios de comunicación que involucran a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en actos de tortura y maltratos que afectan la vida e integridad de las personas.

“Sin perjuicio de la investigaciones correspondientes para la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar, casos como los señalados afectan la confianza ciudadana en la institución policial y generan un impacto negativo en la sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta que la Policía Nacional tiene como una de sus finalidades fundamentales prestar protección y ayuda a las personas”, expresó Vega Luna.

Por su parte, la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo, precisó que durante el año 2011, su institución conoció 62 casos de presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a efectivos de la Policía Nacional; y en lo que va del año se han recibido 18 casos similares.

En esa medida, señaló que se ha recomendado al Director General de la PNP fortalecer los mecanismos de prevención de tales conductas, a través de las acciones de control y visitas periódicas por parte de las Oficinas de Inspectoría de la Policía Nacional. Igualmente, se debe complementar con la capacitación permanente al personal policial sobre el respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos durante las intervenciones policiales.

Vignolo acotó que su institución también ha recomendado que se disponga a los Jefes de las Unidades Policiales para que instruyan a su personal sobre el cumplimiento del Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial y que adopten las acciones necesarias para el uso proporcional de la fuerza en las actuaciones policiales.

“No se pueden tolerar agresiones de algunos malos elementos de la Policía Nacional que lejos de cumplir cabalmente con sus funciones, deslegitiman el accionar de su institución en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Estos actos merecen una sanción ejemplar”, finalizó la funcionaria.

Ver nota de la Defensoría

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Por Noticias SER, publicado el 20/06/2012

Crónicas de horror, relatos descarnados de la barbarie a la que puede llegar un Estado, es lo que se viene escuchando en las audiencias del caso “Cabitos 83” en la ciudad de Ayacucho y que, lamentablemente, no tienen la suficiente cobertura en la mayoría de medios de comunicación nacional, preocupados mucho más por el escándalo, la frivolidad y la estigmatización de quienes protestan contra las políticas del gobierno.

Sin duda, la poca importancia que se le da a éste y otros procesos relacionados al conflicto armado interno, como el caso Accomarca en el que el acusado Telmo Hurtado ha confesado parte de sus crímenes y la manera en que estos se ocultaban, tiene que ver con la voluntad manifiesta de quienes detentan el poder en el Perú, de que la impunidad siga vigente y de que los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y Policiales queden sepultados en el olvido.

Aunque resulta muy difícil identificar a los autores materiales y sólo estén enjuiciados siete oficiales,  el caso “Cabitos 83” resulta emblemático porque dicho cuartel se convirtió en un centro de torturas y ejecuciones extrajudiciales, que ocurrieron sin que las autoridades civiles de la época hicieran absolutamente nada por impedirlo. También porque se construyó toda una política de encubrimiento que llevó, incluso, a la incineración de los restos de quienes eran ejecutados o muertos a causa de las torturas.

El testimonio y la larga lucha de mujeres como Angélica Mendoza, “Mamá Angélica”, que ha sido la primera testigo en declarar, muestra que todavía hay posibilidad de que se haga justicia en el Perú, a pesar de ciertas dificultades como la traducción de los testimonios en el juicio, por haber incluido a una traductora que habla un quechua distinto al ayacuchano. Lo que evidencia que el Poder Judicial no termina de entender las complejidades y diversidades de nuestro país.

Lograr que se condene a los culpables es un importante paso para emitir señales positivas en relación a la posibilidad de justicia y reconciliación. Por ello, en Noticias SER, llamamos a la opinión pública y a los medios de comunicación nacional a que vuelvan sus ojos y sus oídos sobre Ayacucho, para prestar atención a los testimonios de quienes siendo ciudadanos y ciudadanas del Perú fueron vejados en su dignidad por un Estado que les debía garantizar su seguridad e integridad. Quizás de esta manera logremos entender que la violencia –venga de donde venga- sólo genera secuelas irreparables en quienes la sufren y para la sociedad en la que viven.

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El juicio por el caso Accomarca

Por Jo-Marie Burt y Kristel Best Urday (*)

Artículo publicado en la revista Retablo. Nro. 46. Junio 2012. Ayacucho. Asociación SER.

Las calles alrededor del penal Castro Castro, ubicado en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho en las afueras de Lima, son de tierra y polvo. Ni la lejanía ni la aridez merman la voluntad de los familiares del caso Accomarca. Ahí están, durante todas las audiencias del juicio, en el cual se juzgan a 29 militares por la masacre de 69 campesinos, cometida el 14 de agosto de 1985. En la entrada del penal, están parados los familiares, desplegando carteles en donde figuran todos los nombres de las víctimas, así como sus exigencias de verdad y justicia, postergadas desde hace 26 años.

El juicio, iniciado en noviembre de 2010, no ha llamado tanto la atención de los medios de comunicación, pero en las últimas semanas ha estado en primera plana por las declaraciones de Telmo Hurtado, ex oficial del Ejército considerado como el principal responsable material de la masacre, que ha reconocido su participación en el operativo militar que dio muerte a 69 campesinos, entre ellos más de 20 menores de edad.

La declaración de responsabilidad de Hurtado no es novedad. Hace años, cuando fue interrogado ante una comisión investigadora del Congreso, la admitió. Su caso fue trasladado al fuero militar, donde fue sancionado a 6 años, no por homicidio sino por el delito de ‘abuso de autoridad’. A pesar de la condena, Hurtado no cumplió los 6 años, además fue ascendido e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la Ley de Amnistía, y permaneció en servicio activo del Ejército. En 2001, luego de la anulación de esta ley por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hurtado huyó a Estados Unidos. El 2007 fue detenido, y luego de varios años, fue extraditado al Perú e incorporado al juicio ya en curso el 22 de julio de 2011.

Lo que es nuevo en su testimonio fue que reconociera el papel de sus superiores tanto, en el diseño del Plan Huanccayoc, como en la transmisión de las órdenes del operativo militar; así como el reconocimiento de las órdenes que habría recibido de sus superiores para encubrir los hechos. De este modo, el testimonio de Hurtado cuestiona no sólo el argumento de los altos mandos militares imputados en esta causa, sino también el argumento de la institución militar sobre la lucha contrasubversiva en general, que dice que no hubieron violaciones sistemáticas de derechos humanos sino tan sólo ‘excesos’ cometidos por algunos ‘malos elementos’ de las Fuerzas Armadas. Según esta argumentación, la responsabilidad de los abusos cometidos no caería sobre los altos mandos sino sobre los soldados y oficiales de rango menor que actuaron en las zonas de emergencia.

Habla el “Carnicero de los Andes”

Mientras daba su testimonio, Hurtado mantuvo una postura firme y habló mirando de frente. No dialogó con ninguno de los otros acusados que estaban a sus espaldas. Se limitó a describir las órdenes y sus ejecuciones en términos castrenses “bajas”, “eliminación”, “limpieza”, detallando fechas, horarios y nombres. No hizo apreciaciones subjetivas, morales ni humanitarias.

Tras el vidrio, el público, conformado en su mayoría por los familiares, podía observar a los acusados de espaldas. Algunos tomaban nota mientras escuchaban las declaraciones, otros se encorvaban irremediablemente, otros murmuraban.

El fiscal Luis Landa inició su interrogatorio con la pregunta sobre su estado de salud mental hace 27 años y en la actualidad. El General José Cabrejos Samamé afirma en su libro La verdad sobre Accomarca que Hurtado habría sufrido de “psicosis de guerra” y que, por ello, torturó y asesinó con saña a los pobladores. Ésta, vale anotar, también es la tesis principal de los abogados defensores de los altos mandos militares imputados en esta causa, entre ellos el Gral. Wilfredo Mori Orzo (uno de los miembros del Estado Mayor en aquel momento) y el Gral. José Daniel Williams Zapata (en ese momento Mayor de Infantería y Jefe de la Campaña Lince y, en 2005, Jefe del Comando Conjunto).

En una de las audiencias iniciales, el abogado de esos militares, César Nakasaki —conocido por defender, y perder, las causas por violación de derechos humanos y corrupción del ex presidente Fujimori— sostuvo precisamente esta tesis. Sus defendidos, advirtió, no sabían nada ni tenían responsabilidad. Sostuvo que Hurtado habría enloquecido luego de tanto tiempo en las zonas de emergencia, por lo tanto la masacre sería producto de un “exceso” individual y no de un plan enmarcado en la lucha contrasubversiva.

En aquel momento Hurtado estaba en Miami esperando la extradición. Tal vez imaginaron que no sería extraditado. O que llegaría después de este juicio. Pero ahora, se encuentra en el mismo banquillo de los acusados.

Al contrario de la tesis de Cabrejos y Nakasaki, Hurtado declaró que no sufría de “locura” ni en aquel momento ni en el presente. Ante dicha teoría, respondió claramente que a un oficial lo preparan para estas situaciones, para cumplir órdenes, por eso se les denomina “profesionales de la guerra”.

Según Hurtado, el 12 de agosto de 1985 se ideó el Plan Operativo 17, que tenía como finalidad “eliminar” una Escuela Popular en la zona de Accomarca y capturar al “camarada Marco”. El Estado Mayor se reunió con los jefes de patrulla para impartir la orden de eliminar al “personal subversivo” en caso de un enfrentamiento. El 13 de agosto, el “G2” Teniente Coronel de Infantería César Martínez Uribe Restrepo, oficial de Inteligencia, le ordenó a Hurtado que elimine a todo elemento subversivo y que no retorne con ningún capturado. Hurtado explicó que la quebrada de Llocllapampa estaba categorizada como Zona Roja, por lo tanto, todos los habitantes eran considerados indefectiblemente delincuentes terroristas, en consecuencia, todos debían ser “eliminados”. Asimismo, remarcó que la contraorden que dio el “G2” Martínez Uribe no podía comunicarse ni realizarse sin el pleno conocimiento del General Mori, quien era Jefe del Estado Mayor. Enfatizó que el operativo se realizó con el conocimiento del Comando Político Militar, del Poder Ejecutivo y del Estado.

Hurtado admitió y se responsabilizó de la muerte de cinco hombres ejecutados en el camino, del camarada “Genaro” y de aproximadamente 25 personas. De las demás muertes, dijo que otros comandos tenían la responsabilidad.

Encubrimiento de los hechos

Hurtado también declaró sobre este tema. Luego de que las denuncias de la masacre llegaran a Lima, en setiembre de 1985, los altos mandos militares, comandados por el Gral. Mori, ordenaron “limpiar” la zona, es decir, borrar las huellas y asesinar a los testigos de la masacre. El 16 de setiembre, Hurtado, el Comandante Sotero Navarro, un Sub-oficial de comunicaciones y el Mayor Jurídico fueron llevados en helicóptero a la quebrada de Huancayocc. Se dirigieron al lugar caminando, pero antes de llegar, Sotero Navarro se quebró el pie, entonces emprendieron la vuelta hacia Huambalpa. Debido a ello, relató Hurtado, no participó en la “limpieza”. Pero, afirmó, otras patrullas en la zona se encargaron de la operación entre el 13 y 15 de setiembre. Recuerda que a lo lejos se veían fogatas.

Asimismo, señaló que el 17 de setiembre de 1985, el Coronel de Infantería Nelson González Feria lo ordenó a mostrarse como “loco” ante la prensa y frente a la comisión investigadora del Congreso que iba a viajar a la zona.

Con estas declaraciones, Hurtado ha quebrado el plan de encubrimiento que lleva 26 años de existencia. En algún momento reflexionó sobre su confesión: “Las lealtades cambian, las amistades se van,” dijo. Sin embargo, Hurtado no muestra signos de arrepentimiento ni de crítica a la política contrasubversiva. “¿Por qué continuó en el Ejército?”, le preguntó el abogado de Rivera Rondón, otro de los imputados. Hurtado respondió: “Mi único grado y meta era la defensa de la soberanía nacional, la pacificación del país. Amo mi institución, amo mi carrera”. Ante las preguntas “¿Usted sabía que era ilegal asesinar? ¿Sabía si era ilícito matar a personas?” Hurtado dijo que se le preguntara al Estado Mayor que estuvo a cargo.

El contrainterrogatorio de Nakasaki

César Nakasaki, el abogado que se hizo famoso representando a Alberto Fujimori en todos los casos por los cuales fue extraditado de Chile en 2007, defiende a los altos mandos militares en el caso Accomarca, como Wilfredo Mori Orzo, César Martínez Uribe Restrepo, entre otros. En su contrainterrogatorio a Hurtado, apuntó a que éste aceptara que sus declaraciones en 1985 ante la inspectoría de la II División del Ejército, así como ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, eran las que valían. En esas declaraciones, Hurtado indicó que nadie del Estado Mayor tuvo responsabilidad en los hechos de Accomarca.

Sin embargo, el militar se mantuvo firme en su posición. Afirmó que estuvo presionado a mentir en aquellas declaraciones y conminado a hacerse el loco y a guardar silencio para proteger a la institución. Cambiando de estrategia, Nakasaki repitió la pregunta que otro abogado defensor, Hugo Robles Castillo, hiciera a Hurtado en una sesión previa: “¿Usted mataría a su padre?” a lo que respondió positivamente. Esta vez, respondió de manera distinta. Dijo que Robles hizo una pregunta extrema para demostrar cómo funcionaba la obediencia debida dentro de la institución militar. Explicó que su familia se había visto muy afectada por su situación y que su padre había muerto en 1988.

En las declaraciones de Hurtado se desentraña toda una estrategia contrasubversiva dirigida desde los altos mandos militares quienes tuvieron pleno conocimiento y control sobre cada operativo. Con sus declaraciones se está corroborando la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, tesis ya establecida por la CVR en su Informe Final. Ahora, se espera que culminen los interrogatorios y de que por fin se haga justicia para los familiares de las 69 víctimas de la masacre de Accomarca.

Nota:
(*) Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, 2009, 2011). Kristel Best Urday es bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es estudiante de la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. Ambas han presenciado numerosas audiencias del juicio Accomarca.

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Reproducimos entrevista a Rocío Silva Santisteban publicada en el Diario La Industria de Chiclayo, el domingo 17 de junio de 2012.

Por Augusto Rubio Acosta. Diario La Industria, Chiclayo 17/06/2012

A propósito de su trabajo como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y de su visión personal respecto al rol que desempeñan los medios de comunicación en la difusión e interacción con los mismos, sostuvimos esta breve conversación con Rocío Silva Santisteban, que aquí compartimos:

¿Cómo observas el rol de los medios de comunicación del país respecto al tema derechos humanos?

Lo que pasa, Augusto, es que no podemos hablar de “los periodistas”, hay demasiados sectores de periodistas y definitivamente un sector de la prensa que tiene una agenda determinada y esa agenda está por encima del propio rol de informar. Por ejemplo Willax, que se encubre como un medio de comunicación pero que en realidad es un aparato propagandístico de la Sociedad Peruana de Minería, así de simple. Es el peor ejemplo del periodismo que se hace hoy en día. Después hay otros casos, está El Comercio,  el diario que tiene más tiempo y que en algún momento alguien llamó “el buque insignia del periodismo peruano”, pero que hoy está tomado por este grupo de accionistas que están muy cercanos al fujimorismo. Pero también tiene una agenda rara, El Comercio tiene una agenda medioambiental, pero en todo caso lo que tenemos que hacer como periodistas independientes es trabajar en esos márgenes entre una cosa y otra.

Los medios de Lima, en general, están alejados de la realidad de las provincias…

Los medios medios de comunicación, sobre todo algunos medios de Lima, no tienen el ejercicio de poder acercarse a los espacios provincianos para poder beber de una u otra manera de esa fuente de información directa y poder hacer una interpretación de la noticia más o menos en detalle y fina. En ese sentido, aparte de algunos periodistas muy inteligentes que tenemos, yo tengo más fe en los jóvenes corresponsales que son más entregados y no están contaminados. Existe una necesidad urgente de descentralizar los medios, sobre todo los canales de televisión. Una descentralización en serio, no tener toda la maquinaria en Lima, todas las decisiones en Lima, y enviar corresponsales que no saben nada del asunto, de lo que sucede en provincias. En antropología se dice que hay dos miradas sobre los problemas que suceden en un espacio cultural determinado: una mirada de adentro y otra de afuera; está bien que se envíe a un corresponsal, pero también es necesario que adentro, allá en la zona, exista una persona que nos va a dar esa otra mirada, la mirada interna.

¿Cómo ves a los medios de comunicación del interior del país, de Cajamarca en específico, lugar al cual estás más cercana en este momento por la coyuntura social de la zona?

En Cajamarca he visto, por ejemplo, que hay programas de televisión llamados “talking heads”, que son como el de Althaus hablando solo; hay algunos que son bastante interesantes y que estarían en una posición bastante radical y dura en contra del proyecto Conga. Y aquí hay un asunto muy importante: no es la actividad minera lo que se está cuestionando, como dicen algunos “periodistas” de Lima; lo que se cuestiona es un proyecto específico y una empresa específica que es Yanacocha. Y hay talking heads hablando y hablando a favor y en contra de la mina; es todo un espectáculo observarlos y bastante de eso hay en provincias. Lo que pasa es que uno quisiera encontrar a alguien que vaya y se meta en el asunto, recogiendo información de un lado y del otro para poder enterarnos más o menos de lo que pasa.

¿Qué medios lees diariamente, Rocío?

Todos los días en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos leo El Comercio, La República, Correo (leo a Aldo simplemente para ver en qué momento me insulta), Diario16 -que es uno de los diarios que más me gustan ahora- y leo La Primera. Debo leer todos los diarios para tratar de entender qué sucede. Cada uno de ellos levanta información y dice cosas distintas.

Sin embargo, son medios que tienen una visión de lo que pasa en el país vista desde Lima…

Por eso creo que es necesario leer también información por Internet. Hay un boletín que publica Noticias Ser, que es muy valioso; ellos tienen corresponsales en diversos lugares, quienes les envían información de primera mano. Servindi también es otra fuente muy buena, de igual forma Enlace Nacional, quienes dan prioridad a la información local de los pueblos del interior. Definitivamente, creo que en cuanto a medios de comunicación hemos llegado a punto de mirarnos el ombligo que no da más. Y hay un asunto muy importante que los medios han descuidado por completo: casi no hay noticias internacionales. Son muy pocos los analistas internacionales que están en medios y no puede ser que eso suceda, no puede ser que nadie analice –por ejemplo- la crisis griega y sus repercusiones en ámbitos como el nuestro. Uno tiene que recurrir al esfuerzo enorme de leer periódicos de España, de otras latitudes, entrar a Twitter a seguir a la gente indicada, para poder entender qué es lo que pasa en el mundo y en el país. Respecto al tema minería, por ejemplo, hay un dato que recogió María Teresa Quiroz, de la Universidad de Lima, hace cierto tiempo: el 70% de las fuentes que manejan los medios respecto al tema proviene de las empresas. Y esto es grave.

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