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Por Noticias SER, publicado el 20/06/2012

Crónicas de horror, relatos descarnados de la barbarie a la que puede llegar un Estado, es lo que se viene escuchando en las audiencias del caso “Cabitos 83” en la ciudad de Ayacucho y que, lamentablemente, no tienen la suficiente cobertura en la mayoría de medios de comunicación nacional, preocupados mucho más por el escándalo, la frivolidad y la estigmatización de quienes protestan contra las políticas del gobierno.

Sin duda, la poca importancia que se le da a éste y otros procesos relacionados al conflicto armado interno, como el caso Accomarca en el que el acusado Telmo Hurtado ha confesado parte de sus crímenes y la manera en que estos se ocultaban, tiene que ver con la voluntad manifiesta de quienes detentan el poder en el Perú, de que la impunidad siga vigente y de que los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y Policiales queden sepultados en el olvido.

Aunque resulta muy difícil identificar a los autores materiales y sólo estén enjuiciados siete oficiales,  el caso “Cabitos 83” resulta emblemático porque dicho cuartel se convirtió en un centro de torturas y ejecuciones extrajudiciales, que ocurrieron sin que las autoridades civiles de la época hicieran absolutamente nada por impedirlo. También porque se construyó toda una política de encubrimiento que llevó, incluso, a la incineración de los restos de quienes eran ejecutados o muertos a causa de las torturas.

El testimonio y la larga lucha de mujeres como Angélica Mendoza, “Mamá Angélica”, que ha sido la primera testigo en declarar, muestra que todavía hay posibilidad de que se haga justicia en el Perú, a pesar de ciertas dificultades como la traducción de los testimonios en el juicio, por haber incluido a una traductora que habla un quechua distinto al ayacuchano. Lo que evidencia que el Poder Judicial no termina de entender las complejidades y diversidades de nuestro país.

Lograr que se condene a los culpables es un importante paso para emitir señales positivas en relación a la posibilidad de justicia y reconciliación. Por ello, en Noticias SER, llamamos a la opinión pública y a los medios de comunicación nacional a que vuelvan sus ojos y sus oídos sobre Ayacucho, para prestar atención a los testimonios de quienes siendo ciudadanos y ciudadanas del Perú fueron vejados en su dignidad por un Estado que les debía garantizar su seguridad e integridad. Quizás de esta manera logremos entender que la violencia –venga de donde venga- sólo genera secuelas irreparables en quienes la sufren y para la sociedad en la que viven.

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