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Por Martín Valdez

Publicado en Noticias SER 27/06/2012

En este momento, veinte casos de graves violaciones de derechos humanos, que vienen de la época del conflicto armado interno que sufrió nuestro país durante las últimas dos décadas del siglo XX, se encuentran en etapa de juicio oral. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que incluye organizaciones como Aprodeh, IDL, Comisedh, Ceas y Paz y Esperanza, se está organizando una campaña con el propósito, primero, de resaltar la existencia de los casos en los medios y en la opinión pública, y, en segundo lugar, buscar incidir, mediante la presión ejercida por el respaldo de la sociedad civil, en que los casos se lleven de acuerdo a los estándares correspondientes (situación que no se ha dado regularmente). Internamente, nos referimos a este proceso como uno de verdad y justicia.

Al plantear la necesidad de la campaña, rápidamente tuvimos que reconocer el gran elefante en la habitación, a saber, que la opinión pública, la sociedad civil, la gente, parece estar saturada de escuchar sobre estos casos, como si se tratara de insistir morbosamente en el dolor de algunos que, si bien se lamenta, ha dejado de ser considerado actual. Ante tales consideraciones, tenemos que preguntarnos: ¿por qué insistir en este periodo traumático de nuestra historia?, ¿por qué, como sociedad, debemos seguir preocupados en este proceso de verdad y justicia?, ¿por qué mejor no olvidar?

Por supuesto que hay muchas maneras de responder a tales interrogantes. En este espacio, me propongo sostener una posición a favor de la conclusión satisfactoria del proceso, valiéndome del pensamiento del filósofo británico John Stuart Mill (1806-1873), el principal exponente del utilitarismo. Puesto de otro modo, abogaré por la importancia del proceso como una cuestión de utilidad. Para el utilitarismo, el principio supremo de toda la moralidad (que incluye también a la política) es el principio de utilidad (o de mayor felicidad), que señala la rectitud de una acción (su moralidad, precisamente) en relación a su capacidad para promover la felicidad, condición que se entiende como placer y ausencia de dolor.

En el quinto capítulo de su libro El utilitarismo, Mill se siente obligado a explicar cómo algo tan elevado como la justicia puede estar sometida a la mera conveniencia. Si bien el origen de aquello que llamamos justicia se encuentra en el deseo de castigar a una persona (o personas) que han causado un daño a otro (u otros), deseo que depende tanto de nuestra simpatía hacia ese otro, así como de nuestro impulso de autodefensa, lo que tiene de moral el sentimiento de justicia, precisamente lo que lo vuelve justo, está en la capacidad del ser humano «de captar una comunidad de intereses entre sí y la sociedad humana de la que forma parte, de tal modo que cualquier conducta que amenace la seguridad de la sociedad en general es una amenaza para sí mismo» (1). Esto vuelve a las normas que apuntan a proteger «las condiciones esenciales de bienestar humano […] más absolutamente obligatorias que ningún otro tipo de reglas que orienten nuestra vida».

Constantino Saavedra, ingeniero, esposo, padre de cuatro hijos, responsable además de dos sobrinos de su esposa, fue interceptado por miembros del Ejército el 1 de octubre de 1990. Se sabe que fue llevado al cuartel Los Cabitos, después de lo cual nunca se volvió a saber de él. Entre la noche del 22 de octubre de 1985 y la mañana del 23, las patrullas Bayer y Búfalo del Ejército dieron muerte a Eusebio Najarro Alarcón, Teodoro Castillo García, José Fernández Bellido, Manuel Remón Zea, Timoteo Bautista Bellido, Jacinto Gutiérrez Gómez y Antonio Najarro Soto, autoridades locales que se encontraban reunidas preparando un campeonato deportivo en la localidad de Pomatambo, y también a Donato Ramírez Rivera, Hilda Buitrón Gutiérrez (ambos esposos de 86 años), Reynaldo Ramírez Buitrón, y a los menores Mario Ramírez Castillo (08) y Eugenia Ramírez Castillo (12), quienes se encontraban descansando tranquilos en el interior de su hogar en la cercana localidad de Parcco Alto. Luego, incinerarían y destruirían torpemente sus restos.

Lejos de aceptar el sacrificio de unos pocos por el bienestar de una mayoría (argumento que se usa precisamente para justificar los «excesos» del Estado Peruano en la lucha contra el terrorismo), el utilitarismo, bien entendido, no permite jugar con la vida de algunos como meros medios para conseguir la paz, como un daño colateral, lamentable, pero necesario: el fin no justifica los medios. El respeto a la dignidad de una persona, su capacidad de elaborar un proyecto de vida, de tener una familia, criar hijos, pensar a futuro, y hacerlo pacíficamente en comunidad con otros, es lo más sagrado, lo más absolutamente obligatorio que existe y que el Estado debe proteger.

De lo que se trata es de castigar un daño, pero no de forma violenta, sino canalizar el instinto de autodefensa mediante la ley. Lo que vuelve a una sociedad más justa es su capacidad de castigar mediante las leyes cualquier daño que sufran sus integrantes. Dentro de un Estado, el daño que se comete arbitrariamente contra la vida de una persona significa un atentado contra toda la sociedad. Un daño a un desconocido, a alguien lejano, a un otro, en una sociedad justa, es visto como un agravio al hermano o a la hermana, al padre o a la madre, al hijo o a la hija, a los amigos, a uno mismo, precisamente porque mediante nuestra «capacidad humana de simpatía ampliada» y de «auto-interés inteligente», nos damos cuenta de que ese daño significa en potencia un daño a cualquier otro. Vivir en una sociedad que no castigue estos crímenes, más aún si viene de aquella entidad que está a cargo de nuestra protección, es vivir en una sociedad que no protege a nadie.

Pero haríamos mal en ignorar nuestra realidad, los problemas que hemos acumulado históricamente, y que son nuestra responsabilidad en tanto que no han sido resueltos. Vivimos en un país en que para unos la vida de otros vale menos o simplemente no vale nada. Sólo de esta forma es que se justifican las muertes y las desapariciones como un daño aceptable de la lucha contra el terrorismo. De la misma forma, todavía hoy, se considera normal que haya muertos como resultado de las protestas. La lucha contra la impunidad apunta contra estos males históricamente adquiridos, y significa al mismo tiempo luchar por proteger y fortalecer la forma más elemental en que las personas nos relacionamos en una sociedad.

No se trata de castigar a aquellos soldados que arriesgaron sus vidas para protegernos, para que podamos vivir en paz, que lucharon, precisamente, por la justicia frente a un enemigo tan abominable como lo fue el terrorismo de Sendero Luminoso. Menos aún, de desconocer el sacrificio de los héroes que murieron en esta lucha. Se trata, más bien, de castigar a quienes no solo no nos protegieron, sino que secuestraron, torturaron, desaparecieron, a aquellos que jugaron con las vidas de nuestros hermanos, padres, madres, hijos e hijas, abuelos, amigos. Aquellos que mataron. Lo que nos falta es extender nuestra simpatía (entendida como sentir lo que siente el otro) hacia aquellos que siguen, después de tantos años, esperando que se haga justicia.

Notas:

1) Todas las citas son al capítulo quinto de El utilitarismo de John Stuart Mill (Madrid: Alianza Editorial, 1984)

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