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En pronunciamiento publicado hoy, WOLA señala que el Gobierno peruano debe proteger los derechos de la comunidad de Espinar

Washington, DC—La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha tomado conocimiento sobre el agravamiento del conflicto social en la provincia de Espinar en Cusco. El conflicto, que gira alrededor de la presencia de la minería en la zona, ha llegado a niveles preocupantes de tensión, con la muerte de dos manifestantes, y varias detenciones de dirigentes sociales y políticos. Ante ello, WOLA manifiesta lo siguiente:

Exhortamos al Estado peruano realizar todo el esfuerzo necesario para reducir la tensión en Espinar y en conflictos similares en el país. Es urgente establecer un diálogo entre la empresa y las comunidades afectadas; el Estado debe jugar un papel de mediador del conflicto, trabajando para resolver el conflicto de manera justa y pacífica, y garantizando en todo momento respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Según lo establecido por los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en junio de 2011, el Estado peruano tiene la obligación de proteger los derechos humanos frente a las actividades de las empresas.

Exhortamos al Estado peruano a garantizar la libertad de expresión y manifestación que tiene todo ciudadano peruano.

En Espinar WOLA ha recogido denuncias del uso desproporcionado de la fuerza con armas letales, que ha resultado en por lo menos dos personas muertas. En otras manifestaciones durante los últimos meses se ha observado un patrón de conducta similar, y según los informes de prensa ya serían en total diez peruanos que han muerto en el contexto de la represión policial contra manifestaciones pacíficas.  El Estado tiene el derecho y la obligación de mantener el orden pero siempre dentro del marco del estado de derecho y respetando los derechos humanos. En tal sentido, exhortamos al Estado a que instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente necesaria para proteger la vida; y que investiga el asesinato de los ciudadanos en Espinar a raíz de la actuación de la fuerza policial.

Según las denuncias realizadas por organismos de derechos humanos locales, se está recurriendo a detenciones arbitrarias contra personas sin orden judicial y sin evidencia de que se ha cometido crimen alguno. En particular, la información disponible indica que la detención preventiva del alcalde Oscar Mollohuanca no cumple los requisitos necesarios para poder aplicar esa figura y por lo tanto sería una  detención ilegal y arbitraria. WOLA exige el cese de las detenciones arbitrarias y del uso de denuncias judiciales contra dirigentes sociales con la finalidad de intimidar a la sociedad civil. Todos los ciudadanos tienen el legítimo derecho a manifestarse siempre y cuando no incurran en violaciones de la ley.

Finalmente, WOLA ha recogido denuncias aduciendo que la policía habría recurrido al sembrado de pruebas para justificar estas detenciones, y que  las detenciones se habrían realizado sin orden judicial, ambas prácticas totalmente inaceptables en una democracia. Exhortamos al Estado peruano a investigar estas acusaciones y sancionar a los responsables.

WOLA ha observado con preocupación la tendencia de parte de algunos funcionarios del gobierno a central cuestionar la legitimidad de los manifestantes en Espinar, Cajamarca, y otros lugares en términos categóricos, aduciendo de que son “violentistas” y “manipulados” y otros términos similares. Este tipo de actitud, lejos de construir un clima de diálogo y resolución pacífica de los conflictos, encienda los ánimos y crea un clima de polarización peligroso, cuyos resultados tristes ya son conocidos. Por ello, WOLA hace una invocación al Estado reconocer y garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse, y a retomar el camino del diálogo y concertación para resolver los conflictos sociales de manera pacífica.

Contacto:
Jo-Marie Burt
Asesora Principal de WOLA
<jmburt.wola@gmail.com>; +1 703 946 9714

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