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La CNDDHH, en representación de 79 organizaciones de defensa de la vida y los derechos fundamentales de la persona, ante los recientes hechos acaecidos en la ciudad de Celendín en el marco de las protestas contra el Proyecto Minero Conga que han producido la muerte de Eleuterio García Rojas (40), José Silva Sánchez (35) y el menor César Medina Aguilar (17 años), sostenemos que:

1.      La muerte de Eleuterio, José y César nos debe pesar a todos los peruanos, no solo al  Gobierno Central, al Gobierno Regional, a los Frentes de Defensa o a la empresa extractiva; sin embargo, los responsables directos de estos asesinatos deben de ser juzgados así como los responsables políticos de los mismos. La muerte de 14 personas en protestas sociales no va a fortalecer jamás a la democracia sino a debilitarla.

2.      Esta situación era totalmente previsible, así como la actual posibilidad de una escalada de violencia en la zona del campamento minero y las lagunas, o en la misma ciudad de Cajamarca, si es que se mantiene la rigidez del Gobierno Central en torno al tema “Conga va”. El Gobierno Central tiene el mandato de proteger los derechos humanos de los peruanos y en ese sentido no puede negarse obstinadamente a un acercamiento o espacio de interlocución con los miembros del Comando Unitario de Lucha o los líderes regionales.

3.     Desde la CNDDHH hemos realizado diversas acciones para evitar esta situación y permitir que se dé una comprensión entre los diversos actores de este conflicto. Desde finales de mayo venimos sosteniendo reuniones, tanto en Cajamarca como en Celendín, con funcionarios públicos, de la gobernación, del gobierno regional, de la fiscalía, de la defensoría del pueblo, de los diversos frentes y plataformas de lucha, así como con funcionarios de la Minera Yanacocha. Asimismo hemos tocado las puertas de los Ministerios de Justicia, Inclusión Social, Media Ambiente, Interior, Educación, Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de tender puentes y sobre todo alertar sobre la necesidad de protección de vidas humanas.

4.     El día de ayer 3 de julio, el presidente de la república, Ollanta Humala Tasso, sostuvo  en su cuenta  twitter que comenzaba la «gran revolución» por los pobres del Perú. Lamentablemente al final del día hemos tenido que deplorar tres muertes además de un joven en estado de extrema gravedad por una bala en la nuca en el Hospital Regional de Cajamarca; dos policías heridos de bala en las piernas y tres soldados policontusos. Asimismo lamentamos la situación de 4 detenidos y heridos, trasladados gracias a la acción del Colegio de Abogados y de la CNDDHH al hospital, así como la situación de 19 heridos menores y 22 detenidos hasta este momento.

5.     Les pedimos a los dirigentes del Comando Unitario de Lucha, Idelso Hernández, Milton Sánches y Edy Benavides, que hagan lo posible porque no se repitan estos ominosos hechos y se mantenga la protesta en la actitud pacífica previa a los hechos del 3 de julio. Consideramos que es fundamental evitar una escalada de violencia y el liderazgo responsable y prudente puede lograrlo.

6.     Por otro lado, consideramos que la Empresa Minera Yanacocha debe de asumir su responsabilidad, ante las declaraciones de sus altos funcionarios que no reconocen las necesidades exigidas por el gobierno al proyecto. Esta actitud soberbia y desafiante no es la mejor para un proyecto que tiene un horizonte de treinta años de trabajos en la zona. La Empresa Minera Yanacocha no tiene licencia social, menos aún hoy en día, para tal emprendimiento.

7.     Exigimos al Gobierno de Ollanta Humala que cese el Estado de Emergencia en las tres provincias, así como el acoso judicial a los líderes de las protestas, y que se controle el uso de armas letales tanto en la PNP como entre los efectivos de las FFAA, derogando el Decreto Legislativo 1095 y oponiéndose a los diversos proyectos congresales para permitir la impunidad de los efectivos policiales.

8.     Consideramos que el Ministro Oscar Valdés debe dejar el premierato por incapacidad para controlar una situación de tensión y crisis social.

Respetar el Estado de Derecho es respetar ante todo el derecho a la vida de los peruanos,

¡¡¡Ni un muerto más!!!



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