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Coalición de organizaciones de la sociedad civil demandan al Estado realizar cambios urgentes en la legislación ambiental.


PRONUNCIAMIENTO

Después de 20 años de una legislación ambiental sectorizada para las inversiones económicas en el país, que ha presentado graves deficiencias en la evaluación y fiscalización ambiental, y ante la perdida de confianza de los ciudadanos así como por la opinión de expertos, de organizaciones de sociedad civil, de la academia, de organizaciones y de movimientos sociales que la cuestionan, se hace imperiosa la reforma de nuestra legislación ambiental.

Esta reforma debe pasar necesariamente por mejorar la gestión socioambiental del país, poner en orden el territorio nacional, respetar los derechos de los pueblos indígenas, de la población local, y de otros actores, fortalecer la presencia estatal en el modelo de desarrollo económico; así como encontrar soluciones permanentes y dialogadas a largo plazo para los conflictos socioambientales.

Muchos de los actuales conflictos no podrán solucionarse si no se encuentran y se realizan cambios a largo plazo en la política ambiental, que coadyuven, en el futuro, a la solución de otros problemas similares en todo el territorio nacional.

En razón de ello, entendemos, el Gobierno Nacional señaló que generaría nuevas reglas para la minería, creando para ello la Comisión Multisectorial (RS 189-2012-PCM) encargada de elaborar propuestas normativas y políticas nacionales orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las relacionadas a las industrias extractivas.

Esta comisión debería haber presentado sus recomendaciones para mejorar el marco legal actual a inicios de agosto, desafortunadamente, hasta la fecha, esto no ha ocurrido, evidenciándose en el Gobierno poco interés real en el tema. Asimismo, lamentamos que dicha Comisión, no haya convocado a un debate público, ni haya solicitado aportes desde la sociedad civil y población en general, para ser considerados en la elaboración de dichas recomendaciones.

Preocupados por esta situación, las distintas organizaciones de la sociedad civil demandamos que el Estado Peruano reforme el marco legal ambiental de la siguiente manera:

1. Impulsar el Ordenamiento Territorial a nivel nacional, con la creación de una autoridad autónoma cuya función será promover, impulsar, diseñar e implementar planes de ordenamiento territorial, desde un enfoque intercultural y respetando la pluralidad de visiones, de género, de manera participativa, en consulta con los pueblos indígenas cuando así corresponda, conjuntamente con los Gobiernos Regionales y Locales, para definir donde se harán y dónde no actividades extractivas;

2. Promover un modelo de gobernanza de las inversiones en el territorio nacional que defina un mejor esquema de otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (concesiones, licencias, permisos, contratos, autorizaciones), mediante mecanismos de participación en la decisión de otorgamiento de derechos con la población local posiblemente afectada, gobiernos regionales y locales;

3. Mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones del país, a través de las correcciones y cambios necesarios en el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo su carácter previo al otorgamiento de derechos, así como definitorio de la factibilidad de los proyectos. De igual modo, exigencias más claras y que permitan internalizar correctamente los costos ambientales y sociales de las inversiones públicas y privadas en el país.

4. Generar y mantener la confianza en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las inversiones mediante la creación de una entidad autónoma que certifique y apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de megaproyectos y que ésta sea parte del Ministerio del Ambiente.

5. Reformular el marco legal sobre consulta previa en el proceso de otorgamiento de derechos para aprovechar recursos naturales, adecuando la legislación sectorizada y ambiental al Convenio 169. Asimismo, se debe invertir en mejorar los mecanismos de participación ciudadana en todo el proceso de inversiones, especialmente para integrar la fiscalización ambiental realizada por el Estado con la vigilanca ciudadana o monitoreo ambiental que realizan los pueblos indígenas o población local.

En ese sentido, resulta necesario que prontamente este Gobierno de una clara señal de su compromiso con el desarrollo sostenible en el país, pues los actuales conflictos socioambientales así lo demandan.

Lima, 19 de agosto de 2012.

Firmas institucionales:

  • APORVIDHA
  • APRODEH
  • Asociación Civil Labor
  • Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
  • CEDET
  • Central Ashaninka de Río Ene (CARE)
  • Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  • Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
  • Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
  • Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)
  • Centro para el Desarrollo Humano – Apurímac
  • Cepes
  • COMISEDH
  • Comisión de DDHH del Vicariato San José del Amazonas
  • CooperAcción
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • DEMUS
  • Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente
  • EPAF
  • Forum Solidaridad Perú
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  • Global Witness
  • GRUFIDES
  • Grupo Propuesta Ciudadana
  • Instituto de Defensa Legal (IDL)
  • Instituto del Bien Común (IBC)
  • Instituto RUNA
  • Manuela Ramos
  • Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
  • Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho
  • Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)
  • Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte
  • Pastoral Social de Dignidad Humana PASSDIH del Arzobispado de Huancayo
  • Paz y Esperanza
  • Programa Democracia y Transformación Global
  • Proyecto Amigo – Huamachuco
  • Red Muqui
  • REDINFA
  • Servicios en Comunicación Intercultural Servindi

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