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Pronunciamiento

La CNDDHH, en representación de 78 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el Perú, rechaza enérgicamente que la Cuarta Sala Penal Liquidadora —que venía conociendo el proceso judicial por el asesinato de la sub oficial del Ejército Peruano, Mariela Barreto Riofano, ocurrida en marzo de 1997— haya ordenado  la “comparecencia” de los miembros del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas y José Alarcón Gonzales, implicados en el caso. Según la información de APRODEH (institución que lleva caso), esta situación se ha generado por la inacción del Ministerio Público durante más de un año en el proceso.

Este no es el único caso que refleja la poca voluntad que existe en el Ministerio Público para la investigación de violaciones a los derechos humanos. Resulta inadmisible que, por la inacción de un Fiscal, los padres y familiares de la suboficial del Ejército Peruano no puedan obtener justicia. Hacemos un llamado al Fiscal de la Nación, el Dr. José Peláez Bardales, a corregir la irregularidad de esta situación de manera inmediata, para que los casos no se pierdan por inacción de los fiscales designados.

De la información brindada por el propio Ministerio Público[1], hasta el año 2011, 747 de casos de violaciones de derechos humanos fueron archivados de forma definitiva o provisional, en tanto que solo en 77 casos se formalizó denuncia penal por las fiscalías supraprovinciales penales que tienen competencia nacional para ver estos casos.

Confiamos en que desde el Ministerio Público se harán las correcciones del caso y se dispondrán las medidas pertinentes para el impulso adecuado y eficiente de las investigaciones a su cargo por violaciones de derechos humanos.  Hechos como estos sólo alientan la impunidad y dejan la sensación de absoluta vulnerabilidad e injusticia a las víctimas y a sus familiares.


[1] Ver: Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2011-2012. pág. 39.