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Ayer por la tarde (10 de diciembre), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José, Costa Rica, encontró al Estado salvadoreño culpable de violar los derechos humanos a la vida, la integridad personal, la propiedad privada y los derechos de los niños en un caso presentado por los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote.

La brutal 1981 asesinato de más de 1.000 civiles, 450 de los cuales eran bebés y niños, en El Mozote y aldeas circundantes en Morazán se produjo durante la Guerra Civil del país y fue cometido por el ejército salvadoreño que estaba siendo financiado principalmente por el gobierno de los EE.UU.

A principios de este año, el presidente Mauricio Funes hizo historia con el primer reconocimiento oficial del papel del Gobierno en la masacre y públicamente pidió perdón en nombre del Estado.

Los militares que perpetraron el acto, sin embargo, no pueden ser llevados ante la justicia en El Salvador debido a una ley aprobada en 1993 que concede amnistía por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil del país. Ante la imposibilidad de la justicia en su propio país, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de crímenes de guerra se ven obligados a buscar justicia en los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo de ayer obliga al gobierno salvadoreño llevar a cabo una investigación completa, un censo de las víctimas, exhumar, identificar y devolver los restos de las víctimas a sus familias, y «asegurar» que la Ley de amnistía del país no sea un «obstáculo» para la investigación. El tribunal falló en contra de las medidas adicionales solicitadas por las familias de las víctimas, incluidas las reparaciones económicas, un programa de salud para las comunidades que fueron víctimas de la masacre, y un obligatorio y permanente programa de educación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas.

Fuente: CISPES

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