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Por Rocío Silva Santisteban

El fin de semana llevamos a cabo, dentro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la asamblea bianual que congrega a todos los miembros de la red de 81 instituciones. Muchísimos defensores de derechos de Iquitos, Putumayo, Huamachuco, Canas, Quillabamba, Puno, Sicuani, Alto Huallaga, Chimbote, Ayacucho, Ilo, Tacna y numerosos otros lugares del Perú llegaron al local de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Pueblo Libre, donde pasamos dos días de debates, disensos y consensos. Estuvieron presentes algunos miembros de diversas vicarías o Comisiones de Derechos Humanos – Codeh muy cercanos a la Iglesia Católica, otros miembros de las iglesias evangélicos pero también feministas y activistas gays, así como defensores de los derechos de los niños o de personas invidentes o de afroperuanos. La agenda es amplísima, tanto como discriminación hay en nuestro país pero el espacio, como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, es un recurso indispensable para defender temas de consenso.

Precisamente por eso el ejercicio durante estos dos días fue priorizar los temas que consideramos serán los problemas principales y las soluciones necesarias. ¿Qué debe de enfrentar el Perú en el amplio campo de los derechos humanos? En primer lugar este año se cumplen los 10 años de la entrega del Informe Final de la CVR y aún no nos acercamos ni de lejos a una reconciliación nacional. Para que haya reconciliación tiene que haber justicia, y en ese punto, estamos muy atrasados no solo con las judicializaciones de diversos casos imprescindible sino incluso con las reparaciones. A pesar de que ha habido algunos avances en este gobierno, todavía queda mucho por hacer y tiene que ser rápido: Elena Gonzales, una de las mamás de Anfasep, nos hizo recordar que el promedio de edad de sus agrupadas es ¡80 años!, y muchas de ellas han muerto sin recibir ni siquiera una reparación por salud o educación. No se trata tampoco de querer entregas de dinero, uno de sus principales reclamos es convertir al ex cuartel Los Cabitos en un santuario por la memoria.

Otro tema para enfrentar está referido al vínculo entre industrias extractivas, medio ambiente y protestas sociales, pues por ejemplo en Conga continúa la misma tensa situación indefinida; en Cañaris se está asomando otra serie de dificultades;  en Supayacu-Los Naranjos el conflicto está solo suspendido y en Espinar la mesa de diálogo pende de un precario hilo debido a la insatisfacción de la población con los procedimientos de los representantes del Estado. Por supuesto, junto con estos temas que se vienen, también debemos de mencionar que aún las empresas extractivas y la Policía Nacional siguen firmando convenios privados a través de los cuales se “mercenariza” a la policía convirtiéndola en guachimanes de las mineras y petroleras. Eso es insostenible en cualquier país del mundo. Es más, incluso los propios gerentes de varias empresas están en desacuerdo. Pero sigue siendo una posibilidad debido a los marcos normativos flexibles. No, esa no es la manera de conseguir mejoras económicas para los policías.

Por último, hay varios temas pendientes como el Plan Nacional de Derechos Humanos, los niños del Vraem, casos como el de Gerson Falla que todavía siguen impunes, la constitucionalización del derecho al agua  y un largo etcétera difícil de resumir.

Ante este panorama solo queda remangarse la camisa y seguir en la chamba con una sonrisa en la cara para evitar las malas vibras.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 29/01/2013


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